Apenas un 15% de los patinetes eléctricos tiene el seguro obligatorio

Un mes después de la entrada en vigor de la obligatoriedad de asegurar determinados vehículos de movilidad personal (VMP), una medida que afecta a un parque estimado de entre 4 y 5 millones de vehículos, empiezan a perfilarse los primeros balances sobre su grado de cumplimiento y su impacto en la seguridad vial.

El director gerente del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN), Eduardo Martínez, reconoce que la contratación ha aumentado desde que el seguro pasó a ser obligatorio. Aunque considera que el nivel de aseguramiento sigue siendo todavía reducido en relación con el volumen de patinetes en circulación.

Como referencia, expone que una compañía de seguros de primer nivel en el Estado español daba hace pocos días el dato de unos 12.000 vehículos asegurados por ellos en este primer mes de obligatoriedad. Una cifra que, según Martínez, resulta todavía muy alejada del volumen real de patinetes en circulación. Extrapolando a lo que puede ser el sector, “no llegamos a un 15% del parque asegurado. Es una intuición, porque no tenemos datos”, aclara.

La norma

La Ley 5/2025 de 24 de julio, modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. La normativa actual establece que todos los VMP que superen los 25 kilos de peso y alcancen velocidades superiores a 14 km/h deben contar obligatoriamente con un seguro. Además del aseguramiento, estos vehículos deben estar inscritos en el Registro de Vehículos Personales Ligeros de la Dirección General de Tráfico (DGT), trámite que puede realizarse de forma telemática o presencial. Una vez inscritos, reciben un número identificativo y una etiqueta que debe colocarse en el vehículo.

La regulación también contempla que los menores de edad puedan figurar como titulares de un VMP, si bien el trámite de inscripción debe realizarlo su tutor legal. Circular sin seguro o sin el correspondiente registro puede conllevar sanción económica e incluso la retirada del vehículo.

Balance del primer mes

En términos de contratación, el primer mes sí ha dejado un aumento respecto a periodos anteriores. “Evidentemente ha habido un incremento pero insuficiente para asegurar a este volumen de casi cinco millones de vehículos con la obligación”, resume Martínez. Desde el RACVN reconocen que la tendencia es ascendente, aunque todavía muy lejos de un cumplimiento generalizado. “Hoy tendrían que estar todos asegurados. La realidad es que todavía no hay una sensación de obligatoriedad de aseguramiento por parte de los propietarios y, creo que falta mucho por hacer y por sensibilizar”, afirma.

El director gerente del club enmarca además esta situación en un problema más amplio: “Siendo obligatorio el aseguramiento de turismos y de vehículos a motor como camiones o motos. Hay más de dos millones actualmente que están sin seguro”. El desafío también es de concienciación, “no se trata solo de tenerlo porque no te multen si no cumples, el problema es el que sufre el daño”, subraya.

Sobre las razones del bajo aseguramiento, Martínez apunta, en primer lugar, a un factor económico y cultural. “Cuando la gente tiene que pagar se lo plantea e intenta escurrir el bulto”, señala, aunque recuerda que, al igual que ocurre con los automóviles, dentro de las obligaciones está tener un seguro. En ese sentido, subraya que “la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento”.

Martínez considera además que el cumplimiento aumentaría si existiera un mayor control por parte de las autoridades locales, como haciendo parones aleatorios para presentar la homologación, registro y seguro. “Porque es la única forma, cuando hay un seguimiento, que la gente vea que esto va en serio”, afirma. A su juicio, solo con inspecciones y sanciones visibles se consolidará la percepción de obligatoriedad y posible sanción económica. “Es la única forma que la gente a veces entiende, cuando nos toca el bolsillo”, concluye.

Más allá del grado de cumplimiento actual, desde el RACVN insisten en que la obligatoriedad era una medida necesaria ante el crecimiento sostenido del uso de estos vehículos en entornos urbanos. “Están interviniendo en las vías de tripulación y se considera un vehículo de movilidad y por tanto, son susceptibles de causar daños”, afirma.

El seguro

Más allá del trámite administrativo, el seguro obligatorio para el VMP es, en esencia, una póliza de responsabilidad civil destinada a cubrir los daños que el conductor pueda causar a terceros. No obstante, pueden añadirse coberturas complementarias, explica Martínez: “Si queremos también cubrir la defensa jurídica, la propia asistencia o la policía de accidentes, que sería fundamental para el propio conductor”.

El precio oscila entre 75 y 100 euros al año y, a su juicio, “no es un dinero importante como para que la gente vulnere la norma”. En caso de provocar un accidente sin seguro, interviene el Consorcio de Compensación de Seguros. “Si haces un daño a terceros, te lo van a repercutir el consorcio a ti, lo cual también afecta a tu propio patrimonio”, advierte Martínez. Además, insiste en la necesidad de protegerse ante posibles responsabilidades: “Cuando tienes un bien que puede causar daño, hay que ser inteligente y protegerte, tanto a ti como a la persona, como a tu propio patrimonio”.

Perfil de los asegurados

En cuanto al perfil de quienes están contratando estas pólizas, se apunta a un predominio claro de usuarios jóvenes, de edad inferior a 40 años. En el ámbito profesional, no se aprecia por el momento una contratación directa por parte de empresas de reparto, ya que en muchos casos los conductores son trabajadores autónomos que asumen el coste individualmente. “Las que más vemos de empresas de reparto, generalmente, quienes están conduciendo son autónomos”, explica.

No obstante, Martínez considera que las compañías deberían exigir el aseguramiento a quienes prestan servicios con su marca. “Si yo tuviera una empresa y estuviera contratando autónomos, les exigiría dentro de las obligaciones de empresario (…) el aseguramiento de ese vehículo”, afirma.

Durante este primer mes, buena parte de las consultas han girado en torno a la propia entrada en vigor de la norma y a los trámites necesarios para cumplirla. Martínez explica que uno de los puntos que más confusión ha generado es la situación de los modelos no homologados. Desde 2024, el Estado español estableció un listado de vehículos certificados y aquellos que no lo estén sólo podrán circular hasta enero de 2027. “A partir de ahí, muchos tendrán que tirarse. Otros, igual tienen la capacidad de con una serie de reformas, poder adecuarse a la norma”, añade.

Seguridad vial

Más allá del aseguramiento, Martínez considera que la regulación debería ir acompañada de medidas adicionales en materia de formación y prevención. Entre ellos, menciona un carnet teórico para este tipo de vehículos: “La gente debe conocer las principales normativas o las normativas de tráfico con las cuales tienes que convivir”. Defiende también un mayor control sobre el equipamiento de los conductores. “Sería obligatorio hacer un seguimiento para que quien lo lleve vaya completamente equipado”, afirma, en referencia al uso de casco y prendas reflectantes. “Muchas veces por la noche te los encuentras porque no tienen luz y van vestidos de oscuro. Tienes todos los ingredientes para añadir un riesgo”. En su opinión, ha existido además cierta permisividad en el uso inadecuado de estos vehículos, lo que ha contribuido a normalizar comportamientos como circular por aceras.

Siniestralidad

Martínez reconoce que no existen aún datos muy detallados sobre el impacto específico de los VMP en el conjunto de accidentes de tráfico. No obstante, según datos de la DGT fallecieron cuatro conductores de este tipo de vehículos y ninguno usaba accesorios de seguridad.

A su juicio, el debate no debe centrarse únicamente en el número de víctimas mortales. “Es mucho más importante o al mismo nivel de importancia, cuando hay un lesionado muy grave, que queda con secuelas perennes o con lesiones invalidantes”, señala.

De cara a los próximos meses, el director gerente del RACVN se muestra convencido de que la cifra de aseguramientos irá al alza. “Tiene que aumentar seguro. Es un dato objetivo, sí es un dato obligatorio y las administraciones hacen su trabajo exigiendo el aseguramiento de estos vehículos, es evidente que esto va a aumentar de forma importante”, afirma.

A su juicio, el ritmo dependerá del grado de control y seguimiento que se aplique. “Si empieza a haber controles y sanciones, la gente verá que esto va en serio”, sostiene, convencido de que la percepción de obligatoriedad es clave para consolidar el cumplimiento. “Que hicieran el cumplimiento de la norma con un único fin, en principio informativo”, subraya.

Martínez recuerda además que la entrada en vigor de la norma ha contado con un margen temporal suficiente para facilitar la adaptación. “Ha habido más del tiempo inicialmente previsto para cumplir la norma”, apunta, en referencia al periodo transcurrido hasta que el registro estuvo plenamente operativo.

Con todo, el sector confía en que la obligatoriedad termine por asentarse como una práctica habitual en un ámbito de la movilidad urbana que continúa creciendo año tras año.