El último viaje de un expediente judicial: del archivo al “nivel 4” de triturado

El nivel de triturado de los documentos más sensibles en la Justicia es “impresionante”: cuatro sobre cinco, conforme a la norma DIN 66399 para la destrucción de todo tipo de soportes de datos. “El quinto es el que emplea la NASA, como quien dice”, explica Iñigo Jalón, el director de Beotibar Recycling, la planta donde terminan los expedientes judiciales que se expurgan y destruyen en todas las sedes judiciales de Gipuzkoa y Euskadi. Con ese tamaño de partícula, la reconstrucción resulta inviable.

Antes de llegar a estas instalaciones, NOTICIAS DE GIPUZKOA ha seguido todo el proceso de destrucción y reciclado del papel que se genera en los juzgados del territorio: 475.022 kilos durante 2024 y 356.568 en 2025. 831.590 kilos en dos años.

En 2024, los juzgados de Gipuzkoa ingresaron 61.059 nuevos procedimientos judiciales, un 7,2% más que el ejercicio anterior. Son más de 167 casos al día. Algunos de esos expedientes acumulan centenares de folios, especialmente en la jurisdicción penal, la que más procesos dirime, seguida de la civil. 

Y la gestión de toda esa documentación, que suma cientos de miles de kilos de papel cada año, sigue siendo un reto en pleno proceso de digitalización judicial.

Ese mismo año 2024, el total de papel reciclado en las sedes judiciales del territorio -incluida la Audiencia Provincial y los juzgados de Atotxa (Donostia), Irun, Azpeitia, Bergara, Eibar y Tolosa- fue de 307.840 kilos. Y a esa cantidad se sumaron 167.182 kilos de expedientes expurgados, material de máxima confidencialidad que se apila en cajas de cuatro kilos cada una. 

33,5 millones de folios

Solo estos expedientes confidenciales equivalen aproximadamente a 33,5 millones de folios si se emplea el gramaje estándar de 80 gramos por metro cuadrado.

El objetivo de la Administración es “ir reduciendo esta cantidad progresivamente, año tras año, al menos hasta la mitad”, asegura la directora de Administración de Justicia del Gobierno Vasco, Mariló Movilla. Mientras tanto, la solución pasa por un proceso metódico que desemboca en la destrucción del material y su posterior reciclaje.

Dos vías de destrucción

“Todo se destruye, lo que sucede es que un tipo de material conlleva un procedimiento legal con una empresa especializada; y el otro se gestiona en los propios juzgados a través del personal cualificado”, explica Movilla.

El denominado papelote es todo ese “material que se va almacenando alrededor de los expedientes y resulta que no es esencial para el procedimiento”. Se tritura en la propia sede judicial mediante destructoras instaladas para ello. Son máquinas que provee la empresa de reciclaje y que ofrecen, según Jalón, un nivel “2 o 3” de destrucción, suficiente para impedir la recuperación de información.

En 2025 aumentó considerablemente la cantidad de papelote reciclado hasta los 355.680 kilos (+15% respecto a 2024), el equivalente a 18 contenedores semanales de 380 litros de capacidad cada uno. Sin embargo, se redujo notablemente la cantidad de expedientes expurgados, que cayó hasta los 888 kilos.

El expurgo y sus excepciones

La destrucción de estos expedientes de máxima confidencialidad se autoriza en la Junta de Expurgo, un órgano que se reúne cada año para decidir qué material puede eliminarse. 

Está compuesto por un presidente (magistrado, a menudo el juez decano), una fiscal, el responsable del Archivo Histórico, el responsable de una Unidad Técnica de Apoyo (EAT) y una letrada de la Administración de Justicia como secretaria.

Según explica Movilla, los expedientes que se expurgan carecen de valor judicial tras el transcurso del tiempo, por haber sido declarados terminados, archivados definitivamente y haber transcurrido los plazos de prescripción, lo que permite su desjudicialización como paso previo a la destrucción.

Solo se conservan aquellos documentos que, “por su interés judicial e histórico, son considerados patrimonio a preservar”. Desde 2015, es el responsable de Patrimonio Documental del Gobierno Vasco quien supervisa ese criterio. 

Con carácter general, “se remiten al Archivo Histórico los expedientes en materia de Quiebras, Suspensiones de Pagos, Concursos, Testamentarías, Expedientes de dominio, Adopciones y Declaraciones de Fallecimiento”, precisa Movilla. Información “antigua que no forma parte de la actualidad informativa”.

El resto inicia su último viaje hacia una planta de Amorebieta, en Bizkaia. Hasta allí traslada los expedientes judiciales una empresa adjudicataria del servicio en Gipuzkoa. La documentación se recoge en cajas de cuatro kilos y se transporta hasta las instalaciones de Beotibar Recycling.

Los expedientes “llegan en archivadores A-Z y el primer paso es retirar las anillas y dejar solo el papel, que se vuelca en las tolvas de los molinos trituradores”, explica el responsable de la planta.

Alarmas y cámaras

Todo el proceso está monitorizado y certificado. “La trazabilidad conlleva tener los vehículos de transporte alarmados; el personal que accede a gestionar ese material debe aportar certificado de antecedentes penales. Tenemos que ser muy asépticos”, asegura Jalón. Las instalaciones están digitalizadas, alarmadas y dotadas de cámaras de seguridad. “Garantizamos la custodia del material hasta que sale a la fábrica de papel, ya triturado”, añade.

Tras el triturado, el papel recuperado se integra en la cadena de valor como materia prima secundaria, sustituyendo a la pasta de celulosa virgen. Y de ese modo, “volvemos a ser una parte activa en la cadena de valor del papel. Esto es economía circular”, afirma Jalón. Todo el proceso queda documentado con su correspondiente certificado de destrucción y nivel de seguridad.

Trazabilidad y certificación

El material objeto de expurgo no procede solo de expedientes judiciales; también incluye documentación de las forales haciendas o centros sanitarios. Abarca todo aquel material sensible que requiere condiciones especiales para proteger la información. “Existe la obligación del poseedor del residuo de decidir el proceso adecuado para su destrucción”, subraya Jalón. 

En los últimos diez años, añade, la concienciación ha aumentado, aunque no todo el papel susceptible de destrucción en el Estado se elimina siempre con trazabilidad y certificación.