Gipuzkoa concentra la mitad de las 213 eutanasias realizadas en Euskadi

Desde que se solicita formalmente hasta que se aplica la muerte voluntaria, pasan 49 días de media en Euskadi. En el Estado español son 82. La eutanasia, todavía un tema tabú, está a punto de cumplir cinco años avalada por ley. Desde entonces, prácticamente la mitad de las muertes asistidas en la CAV se han producido en Gipuzkoa, un territorio que apenas registra un tercio de la población.

La pregunta se la hacen los propios grupos políticos en el Parlamento Vasco. ¿Por qué? Una de las principales expertas de Euskadi en eutanasia cree que el derecho a la eutanasia “no falla por ley, sino por cómo se aplica en el día a día”.

Los datos oficiales del Registro de Mortalidad lo confirman: desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021 del 25 de junio hasta el 31 de diciembre de 2024, un total de 133 personas residentes en Euskadi han fallecido mediante la prestación de ayuda médica para morir; y 66 de ellas vivían en Gipuzkoa: la mitad del total, frente a las 46 de Bizkaia y 21 de Araba. Son 213 sin incluimos el año 2025 y el mapa no varia.

Gipuzkoa presenta más solicitudes de eutanasia que el resto de territorios, no por mucho, pero sobre todo destaca en el número de prestaciones culminadas. Es decir, la diferencia entre las solicitudes formalmente iniciadas y las realizadas es mucho menor.

Resulta esclarecedor este dato: De las 11 personas que en 2024 solicitaron el proceso formalmente en Araba, se realizaron 6 eutanasias (54,5%). En Bizkaia, fueron 19 de 32 solicitudes (59%); y en Gipuzkoa, 24 de 31. Es decir, se satisficieron el 77% de las solicitudes.

Mortalidad

La tasa de eutanasias realizadas en relación con la mortalidad general alcanza el 0,33% en Gipuzkoa: una persona de cada 300. Claramente por encima de Araba (0,20%, una entre 500) y duplicando a Bizkaia (0,16%, una de cada 625).

Son diferencias que “no se explican exclusivamente por motivos culturales”, sino por el grado de “compromiso real” de quienes atienden y gestionan el proceso. “Decisiones individuales” que marcan el final de la vida, en ausencia de un proceso más garantista.

Así lo expuso la presidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia (CGyEE) de Euskadi, Julia Barroso Niso, durante su comparecencia en la comisión de Salud del Parlamento Vasco, el pasado lunes.

Barroso tiene 35 años de experiencia como médico internista. Y ha sido médica responsable en cinco eutanasias y ha colaborado en otras tres. Admite que se trata de un proceso “difícil” para muchos profesionales sanitarios. Pero está convencida de que “la eutanasia ha venido a complementar el final de vida que podemos tener las personas”.

El caso de Gipuzkoa es paradigmático. Es donde más solicitudes afloran y donde llegan más lejos. Ese “mirar para otro lado” al que alude la presidenta de la Comisión tiene nombre: “objeción de conveniencia”.

No es objeción de conciencia —regulada por ley— ni una negativa expresa a tramitar la solicitud. Es algo más sutil: dilatar los plazos, no recoger formalmente la petición, no activar el procedimiento o dejar que se enfríe. “Ante una petición de eutanasia, miramos para otro lado”, resumió Julia Barroso Niso ante los grupos parlamentarios.

Barroso admite que es un fenómeno comprensible desde el punto de vista humano, pero no aceptable desde la garantía de derechos. “El médico responsable que se tiene que enfrentar a una eutanasia muchas veces se siente con muchísimas dudas, incertidumbre y miedos, de no saber qué hacer ni por dónde seguir, y eso favorece la objeción de conveniencia. Hay mucha”, añadió. 

Impacto

No se trata de una postura ideológica, sino del impacto emocional y profesional que genera un proceso “complejo, largo”, cargado de responsabilidad, para el que muchos sanitarios no se sienten acompañados. 

Desde la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia “estábamos viendo que había un vacío de información de los casos que no nos llegan; no sabemos si son muchos, si son pocos y, sobre todo, por qué no llegan. Y sin estos datos no podemos ser garantes de la prestación a la ciudadanía”, advirtió Julia Barroso ante los grupos políticos en el Parlamento Vasco.

Las estadísticas avalan esa preocupación. En 2024, un total de 52 solicitudes iniciadas no llegaron a la Comisión. Tras analizarlas, se comprobó que 38 personas fallecieron durante el proceso antes de ser evaluadas, siete desistieron, una fue denegada sin que se informara a la Comisión, y seis quedaron pendientes y pasaron a 2025.

Son extravíos especialmente significativos si se tiene en cuenta que el número de prestaciones realizadas marca máximos históricos —49 en 2024 y 80 en 2025, según datos avanzados— y que en torno al 75% de las solicitudes que llegan a la Comisión acaban autorizándose. 

Ese bloqueo silencioso tiene una consecuencia inmediata: solicitudes que se inician, pero que nunca llegan a ser evaluadas.

fallos estructurales Para responder a esos extravíos, Barroso destacó la reciente puesta en marcha del nuevo Sistema Informático de Eutanasia de Euskadi (SIEE). Está diseñado para que ninguna solicitud desaparezca sin dejar rastro, sabiendo dónde se presenta la solicitud, quién la recoge, y cuánto tiempo pasa entre cada paso. Su uso es ya obligatorio desde enero.

Para Nieves Rodríguez-Sierra, técnica de la recién creada (junio de 2025) Unidad Técnica de Eutanasia, esto supone “un antes y un después”, tras “constatarse que el crecimiento de solicitudes hacía inviable una gestión dispersa”.

Barroso defendió que tanto la nueva Unidad Técnica, como el SIEE ayudarán a “detectar fallos estructurales” y “nos van a ofrecer una visión completa e inmediata desde el minuto número uno”, y también “va a acompañar al médico responsable en ese proceso complicadísimo que es la petición de ayuda para morir”.

Servirá para los médicos de Osakidetza y también para los médicos de la sanidad privada y de centros sociosanitarios, que “podrán acceder al sistema a través de la página web del Departamento de Salud”, explicó. 

Uno de los puntos débiles del sistema, en opinión de Barroso, es que la ley no obliga a comunicar a la Comisión las solicitudes desde el inicio: “Solo obliga cuando se deniegan o cuando el proceso está muy avanzado, lo que ha impedido hasta ahora tener una visión completa de cuántas solicitudes se pierden y por qué”.

En la comparecencia, la presidenta de la comisión de Garantía de la Eutanasia en Euskadi dejó también al descubierto el sistema sanitario privado, al que la calificó, sin rodeos, como “un agujero negro”. 

La prestación de ayuda para morir también debe ser accesible en la sanidad privada, subrayó Barroso. Porque, aunque “la ley obliga a los centros privados a organizar y garantizar la prestación”, en la práctica, “muchos casos acaban derivando al sistema público, a Osakidetza”, tras un “peregrinaje que añade sufrimiento innecesario”.

Barroso citó el caso de un profesor adscrito a la mutua Muface, que pasó dos meses de un centro a otro sin que nadie asumiera la solicitud, hasta que finalmente fue recogida por el grupo de referentes de la OSI Araba. “Tenía un sufrimiento tremendo y estuvo dos meses de un lado para otro”, explica. Ella misma acabó siendo la médica responsable en esta eutanasia.

“Cualquier profesional sanitario puede recoger una solicitud de eutanasia, no necesariamente un médico, y está obligado a hacerlo incluso si es objetor de conciencia, trasladándola a su superior”, expuso Barroso en el Parlamento Vasco. No hacerlo supone, en la práctica, impedir el acceso a un derecho reconocido por ley. Por ello, insistió en reforzar la formación y hacer campañas informativas tanto para profesionales como para la ciudadanía.