Luz al final del túnel: el puerto de Pasaia alcanza un acuerdo económico con 5 vecinos de Escalerillas

La Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) ha alcanzado un acuerdo con los cinco vecinos del inmueble ubicado en la zona de Escalerillas, propiedad del puerto (que será derribado por las obras de acceso ferroviario a esta instalación) y que aún mantenían sus derechos de arrendamiento vigentes.

Según informa la APP en una nota, el consenso alcanzado es fruto de una negociación directa con los cinco vecinos afectados y representa "un paso significativo en la resolución" de la situación habitacional del edificio, afectado por el proyecto estratégico de entrada del ancho métrico de Eusko Trenbide Sarea (ETS).

Compensación económica

El acuerdo firmado establece una compensación económica en concepto de indemnización por la extinción de los contratos con los arrendatarios.

Asimismo, fija el 15 de abril como fecha límite para que las viviendas queden vacías, si bien con el objetivo de facilitar esta transición, la APP ha incluido en el acuerdo una cláusula mediante la cual "ofrecerá acompañamiento" a estas familias durante el traslado a sus nuevos hogares.

Seis familias en vilo

No obstante, el acuerdo se circunscribe exclusivamente a los cinco inquilinos con contrato en vigor y derechos reconocidos y no incluye a las otras seis familias que residen actualmente en el mismo edificio "sin contar con derecho de residencia ni título habilitante".

La Autoridad Portuaria recuerda en su nota que respecto a este colectivo existe una sentencia judicial que respalda la posición de la APP para la recuperación de la posesión de las viviendas.

Recurso interpuesto

No obstante, este fallo ha sido recurrido por los afectados y el procedimiento continúa su curso en los tribunales a la espera de una resolución firme.

En su comunicado, la APP precisa que la liberación de los espacios ocupados por el inmueble de Escalerillas "es necesaria para la ejecución de las obras de acceso del ancho métrico al puerto".

"Infraestructura clave"

Se trata de una "infraestructura clave" que cuenta con un presupuesto de 5,5 millones de euros y que permitirá reducir el tráfico de camiones y la huella de CO2 en el entorno.

La APP reitera su compromiso de "gestionar este proceso con el máximo respeto a las garantías legales y buscando el equilibrio entre el interés general del puerto y la situación de los afectados".