“Viendo el retroceso que ha habido con el aborto, este juicio es muy importante”

El que será el primer juicio contra un grupo de abortistas en Europa se celebrará la próxima semana en el Palacio de Justicia de Vitoria. A partir del lunes, 21 personas pertenecientes al movimiento antiabortista 40 días por la vida se sentarán en el banquillo acusados de coacción y hostigamiento al concentrarse frente a la sede de la clínica Askabide en la capital alavesa.

“Viendo el retroceso que estamos viviendo en un montón de países, este juicio es muy importante para nosotras”, explica a este periódico Naroa Iturri, responsable de personal de Askabide y directora de la clínica situada en Donostia, donde también se llevaron a cabo episodios similares durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022, aunque había habido concentraciones anteriores, como las de 2014.

Gracias a la modificación del Código Penal por la Ley Orgánica 4/2022, es posible imponer penas de prisión a los grupos que actúen contra las clínicas abortistas y los trabajadores de estos propios centros pueden presentar la acusación particular. “El cambio de la ley de 2022 fue muy positivo porque podemos denunciar nosotros y no tiene que hacerlo la mujer que viene a la clínica y que quizás no quiera entrar en ese proceso judicial”, explica Iturri.

A diferencia de las denuncias presentadas en Donostia, donde los juicios se están llevando a cabo de forma individual contra cada antiabortista que participó en las concentraciones, el de Vitoria va dirigido a un movimiento “organizado y consciente”. “En su página web indican los días en los que se colocarán, las listas para inscribirse, las direcciones de las clínicas... y su objetivo, que ellos mismos explican en su web y en vídeos, es que las mujeres no interrumpan su embarazo y, como fin último, conseguir el cierre de estas clínicas”, indican desde Askabide.

Así lo ven también desde la Fiscalía, que también se ha personado en el juicio al apreciar indicios de delito con el objetivo de impedir el libre ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo. “Queremos agradecer el apoyo que hemos tenido desde el Gobierno Vasco, ya que es importante recordar que el 95% de los abortos que se realizan en la clínica se hacen por medio de Osakidetza”, explica Iturri, al tiempo que pone en valor el papel de la Ertzaintza a la hora de identificar rápidamente a las personas que se concentraron.

“Básicamente, lo que quieren estas personas es quitarnos un derecho a todas las mujeres. De igual manera que nadie debería hacer todo lo posible por impedirnos votar, no entendemos cómo pueden tratar de dejar que no abortemos”, indica la responsable de la clínica donostiarra, recordando que estas concentraciones son “un claro ataque contra nuestra libertad”. “Me parece muy bien que quieran rezar por las mujeres que vienen, pero que lo hagan a cien metros de distancia de la clínica”, agrega.

Libertad de expresión

Los 21 encausados en el juicio de Vitoria se enfrentan a cinco meses de cárcel, sustituibles por trabajos en beneficio de la comunidad, y una prohibición de acercarse amenos de cien metros de la clínica durante tres años. Además de una indemnización de 20.000 euros por los perjuicios causados.

No obstante, desde Askabide temen que la sentencia finalmente sea favorable para ellos, ya que el colectivo se escuda en que en sus concentraciones no agredieron ni utilizaron la violencia y solo rezaron. “Se defienden en la libertad de expresión, pero esta debería estar limitada cuando ataca a la libertad de otros personas”, añade Iturri.

Los trabajadores de Askabide cuentan con el apoyo de ACAI, LA Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción de todo el Estado, que, además, de realizar una declaración conjunta en apoyo, pretende que este juicio sea un referente para el resto de ciudades en las que se llevan a cabo concentraciones de este tipo.

Asimismo, los responsables de la clínica tuvieron la oportunidad el pasado mes de exponer el caso ante el Parlamento Vasco, obteniendo el respaldo del PNV, EH Bildu, PSE y Sumar, pero no el del PP y Vox, quienes rechazaron llevar adelante una declaración conjunta del organismo.