Una jueza abre juicio oral contra el 'Mad Cool' por ruido
Investiga los hechos a raíz de una denuncia vecinal por posible delito contra el Medio Ambiente, concretamente por contaminación acústica, durante la edición de 2023 del festival
La jueza de Instrucción número 34 de Madrid ha abierto juicio oral contra el administrador único del festival Mad Cooly la propia mercantil por la presunta comisión de un delito contra el Medio Ambiente en relación al ruido generado durante la edición de 2023.
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Así se acuerda en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se dicta la apertura de vista oral contra el administrador único y contra la mercantil Mad Cool Festival S.L. Además, se les requiere para que presten fianza en cantidad de 12.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles si son condenados.
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Denuncia vecinal
Este Juzgado investiga los hechos a raíz de una denuncia vecinal por posible delito contra el Medio Ambiente, concretamente por contaminación acústica, durante la edición de 2023 del festival.
La plataforma vecinal Stop Madcool, que agrupa asociaciones vecinales de Villaverde y Getafe Norte, se personó en la causa para exigir responsabilidades y se investigó si se superaron los límites de ruido permitidos. Ahora, reclama de cara al juicio una indemnización de 10.000 euros. La investigación se centró en los límites de ruido superados durante los conciertos celebrados del 6 al 8 de julio de 2023. El certamen tuvo lugar en el Iberdrola Music, ubicado a pocos metros de viviendas del distrito de Villaverde en Madrid y de Getafe.
Reclamaciones
En su escrito de acusación, el fiscal solicita a José Javier A. L. una condena de dos años de prisión y una multa de 12 meses, con cuota diaria de 30 euros, y responsabilidad personal subsidiaria máxima de 6 meses, así como inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio de explotación de locales y eventos musicales por 2 años. Y reclama la mercantil Mad Cool Festival S. L. las penas de multa de 2 años, con cuota diaria de 100 euros, e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales y de la seguridad social por 2 años.
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