La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) se ha consolidado en Gipuzkoa como un pilar del sistema de protección social que trata de favorecer unas condiciones mínimas de vida a quienes atraviesan situaciones económicas de vulnerabilidad. Detrás de las cifras, que en julio de 2025 reflejan 14.082 expedientes activos, emerge el rostro de mujer, muy necesitada de esta prestación económica vital.
Ellas representan a seis de cada diez titulares de RGI en Gipuzkoa (58%), un dato que refleja la feminización de la pobreza y la mayor precariedad laboral y económica que siguen afrontando. No es extraño que sea precisamente uno de los perfiles recurrentes en los últimos años entre quienes siguen llamando a la puerta de las tres Cáritas vascas, según viene alertando la entidad diocesana.
El grupo más numeroso de titulares del salario social se sitúa entre los 35 y los 49 años, aunque un 22% corresponde a personas mayores de 65, en su mayoría pensionistas con ingresos insuficientes para llegar a fin de mes. Así se desprende del análisis realizado por este periódico de los datos facilitados por el Servicio Público Vasco de Empleo, Lanbide, referidos a este pasado mes de julio.
Nivel formativo: seis de cada diez con estudios básicos
El nivel formativo muestra que más de la mitad de los titulares (58,4%) tiene estudios básicos. Solo un 5% cuenta con formación universitaria, lo que refleja las dificultades añadidas para acceder al mercado laboral.
El 63,5% de los expedientes corresponden a unidades de convivencia de un solo miembro. Es decir, personas que viven solas y dependen casi en exclusiva de esta prestación económica mensual que cubre necesidades básicas. Se trata de una situación cada vez más habitual. La de la soledad no deseada es, según muchos expertos, una pandemia que se expande paulatinamente por las sociedades occidentales, y Gipuzkoa no es una excepción.
Cada día que transcurre parece consolidarse en el territorio la tendencia, por propio deseo o en contra de su voluntad, a vivir en soledad. Así lo ha reflejado esta semana la última Estadística Continua de Población (ECP) del Instituto Nacional de Estadística, que cifra en más de 300.000 las personas que viven solas en Euskadi, un 31,4% del total de los hogares. En Gipuzkoa, en concreto, son 97.030 viviendas de este tipo (31,5%), sobre las que parece cernirse un mayor grado dificultad para salir adelante.
Según refleja la estadística de Lanbide, un 17,3% de hogares con titulares de RGI tienen en Gipuzkoa dos miembros, y el resto se reparte en unidades de tres o más personas.
El peso de los complementos también es significativo: más de 4.300 personas beneficiarias reciben el complemento por ser pensionistas, y otras 1.736 titulares dependen de ayudas vinculadas a la vivienda (1.011 de ellas mujeres) o a la monoparentalidad, situación en la que nuevamente ellas (1.816) se encuentran en abrumadora mayoría con respecto a 60 beneficiarios varones.
Ruptura familiar como factor de riesgo
Más de la mitad de los titulares (53,9%) son personas solteras, mientras que un 26% son separados o divorciados. Estas cifras sugieren que las rupturas familiares y la soledad son factores de riesgo importantes para deslizarse por la pendiente de la vulnerabilidad económica.
Se trata de una fotografía que también se percibe en el conjunto de Euskadi. El estudio estadístico de los datos que arroja la CAV en lo que va de año revela dinámicas sociales de fondo: más mujeres, más personas mayores, más hogares unipersonales y un predominio de bajo nivel formativo. Factores que, en conjunto, dibujan un perfil de vulnerabilidad marcado por la edad, la soledad y la precariedad educativa.
Entre enero y julio de 2025, el número de expedientes activos de RGI en el País Vasco se ha mantenido estable en torno a los 58.000–59.000 casos, según los datos de Lanbide. Aunque la cifra global apenas varía, sí se aprecian cambios en la composición del colectivo beneficiario.
El perfil mayoritario, también en Euskadi, continúa siendo femenino: alrededor del 58% de los expedientes están a nombre de mujeres. La diferencia con los hombres se ha mantenido estable a lo largo del semestre, lo que confirma una feminización estructural de la RGI en la CAV.
El peso de los tramos de mayor edad crece: los beneficiarios de 65 años o más superan los 11.500 expedientes, lo que supone cerca de una quinta parte del total. Paralelamente, los grupos jóvenes (menores de 30 años) rondan los 6.000 expedientes, muy por debajo de la población de entre 35 y 54 años, que sigue siendo la franja con mayor número de perceptores.
Hogares unipersonales
Un rasgo clave también en el conjunto de Euskadi es el crecimiento de las unidades de convivencia unipersonales, que representan más del 60% de los expedientes. Queda acreditado de este modo el aumento de personas solas y de pensionistas que recurren en la CAV a la prestación económica mensual para atender sus necesidades básicas: en torno a 15.000 titulares corresponden a personas jubiladas, un colectivo estable en el tiempo pero de peso creciente en el conjunto.
En cuanto al nivel educativo, la gran mayoría de titulares en la CAV (más de 35.000) tiene estudios básicos u obligatorios. La presencia de personas con formación universitaria sigue siendo muy minoritaria (menos de 3.000 expedientes).
Además, se observa un descenso progresivo en los complementos por vivienda y por trabajo, lo que indica cierta reducción de casos de titulares con ingresos laborales.
Los datos de Lanbide también muestran que en Euskadi más de la mitad de las personas a las que se les ha reconocido la ayuda son solteros y solteras. En concreto, 32.536 titulares, mientras que las personas casadas o asimiladas suponen apenas un 14 % de los expedientes.
Llama la atención el volumen de separados y separadas (en torno a 14.500 casos), lo que, al igual que se observa en Gipuzkoa, apunta al impacto de las rupturas familiares en la necesidad de acceder a esta prestación.
El año pasado 3.731 parejas vascas rompieron su vínculo legal, según los datos presentados por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder. Se incluye en esa cifra el número total de demandas de disolución matrimonial -es decir, nulidades, separaciones y divorcios- presentadas en 2024, lo que supone un 7% más que el año anterior.
