El debate está abierto en Hendaia, después de que el pleno municipal aprobara en la última reunión un protocolo que impulsará la vigilancia ciudadana de algunos barrios. La iniciativa salió adelante con amplia mayoría (20 votos de 33 a favor) en el pleno del pasado 23 de julio, pero suscita unas dudas operativas y éticas que han hecho que distintos partidos, como Francia Insumisa, se sumen al debate público.
El delegado responsable de la materia, Frédéric Tranche, aseguró que “este sistema de participación ciudadana” persigue tres objetivos, en colaboración con las autoridades policiales y judiciales del Estado: “Desarrollar una cultura de seguridad entre los vecinos, fortalecer la relación entre la ciudadanía y la Policía Nacional; y desarrollar acciones para prevenir el delito a nivel local”.
El concejal definió este “sistema de participación ciudadana” como “complementario a la acción de la Policía Nacional”, una “red de solidaridad vecinal estructurada en torno a ciudadanos referentes, que permiten alertar a la Policía Nacional de cualquier hecho sospechoso susceptible de alterar la seguridad de las personas o bienes”.
En cierta medida, vino a explicar Tranche, este plan público viene a superar la iniciativa de “algunos barrios, que se habían organizado mediante grupos de WhatsApp ante una oleada de robos o allanamientos de morada”.
“Esta dinámica en la que integramos la participación ciudadana seguirá guiada y supervisada por la Policía Nacional y la justicia”, intentó garantizar una iniciativa que encontró sus principales críticas en el grupo Hendaia Biltzen, que votó en contra, y el Partido Comunista, que coincidió en argumentos con Hendaia Biltzen pero votó a favor.
¿Privatización de la seguridad pública?
La portavoz de la plataforma de la izquierda soberanista Hendaia Biltzen, Laetitia Navarron, puso pie en pared contra un sistema cuyas dudas afloró: “Se dice que los representantes de esta red se designarán sobre la base de su voluntad, disponibilidad y ‘honorabilidad’, criterios vagos y subjetivos, que resultan problemáticos, porque abren la puerta a la opacidad y la arbitrariedad”.
Navarron denunció además que las iniciativas de seguridad que ha adoptado el Consistorio “no están siendo eficaces”: cámaras de videovigilancia, armar a la Policía local
“Ahora proponen crear algo así como unas milicias ciudadanas, aunque no le llamen así. Este sistema se inscribe en la preocupante lógica de separación del Estado”, denunció la portavoz abertzale, que cuestionó que “si ciudadanos voluntarios se van a encargar de tareas de seguridad, ¿para qué aumentar el número de policías? ¿Y qué precio tiene esto? Invasión de la privacidad, inseguridad jurídica, vigilancia y grabación informal, disputas entre vecinos como consecuencia de sospechas...”.
“Este protocolo abre la puerta a prácticas que en realidad deberíamos combatir”, añadió Navarron, que puso de ejemplo lo que ocurre en Irun. “Las patrullas vecinales ya están suscitando un acalorado debate”, aseguró, recordando la “manifestación antirracista” que se celebró esa tarde del 23 de julio “para denunciar los excesos de esas patrullas”.
“¿Ha llegado la delincuencia a un punto en el que este aumento de seguridad queda justificado?”, cuestionó la abertzale, que fue aún más allá: “¿Es este de verdad el modelo de sociedad que queremos construir?”.
Intentan aclarar el protocolo
En su réplica a Navarron, Tranche quiso aclarar que este protocolo es de la mano de los “servicios estatales, por lo que no podemos hablar de una separación de la estructura del Estado”, aunque dejó nuevas explicaciones pendientes de una reunión futura con la comisaria de la zona.
Y dando en cierta medida la razón al temor al contagio desde Irun que decía la portavoz abertzale, Tranche explicó que el modus operandi de estas patrullas sería en realidad similar al que sobre el papel quieren impulsar algunos colectivos en la ciudad vecina: “Para evitar que los ciudadanos se expongan al peligro de manera torpe e inapropiada, cuando vean a un ladrón entrar en una casa, siempre será mejor que avisen a un policía que tomar la justicia por nuestra mano”.
¿Y la comisaría?
El portavoz de Hendaia Elgarrekin Pascal Destruhaut tuvo una breve intervención para reclamar que la Policía Nacional tenga su propia comisaría en Hendaia, cerrada en 2012. Una década más tarde, el alcalde, Kotte Ecenarro, celebró en un acto junto a la comisaria de Donibane Lohizune, Cécile Contet, que Hendaia contaría con tres agentes adscritos a la comisaría de la citada ciudad: “Tendremos que acostumbrarnos a ver a estos policías patrullando la ciudad; su presencia es tranquilizadora y ya ha sido bien recibida durante sus primeras salidas”.
“Diez años después del cierre de nuestra comisaría, me complace dar la bienvenida al personal de la Policía Nacional con la creación de este Grupo de Seguridad y Comunidad”, señaló entonces Ecenarro. Apenas un año después, Hendaia habilitó la sede del antiguo ayuntamiento como unas oficinas de trabajo conjunto entre la policía local y la nacional.
La presencia policial en la villa del Bidasoa se completa con el conocido puesto de la PAF, la denominada Policía de las Fronteras.
La respuesta que recibió por parte de Tranche es que no había novedades: “Creo que la puesta en marcha de una comisaría en Hendaia no está sobre la mesa ahora mismo”.
Críticas, pero voto a favor
El Partido Comunista se sumó a gran parte de las dudas y críticas que planteó Hendaia Biltzen, aunque su portavoz, Daniel Bernard, avanzó que votarían “lógicamente a favor”.
“Montaron una campaña para llenar las ciudades de cámaras y ahora esto: lo que pide el Estado con este plan es una desvinculación”, aseguró Bernard, que criticó a Tranche que este protocolo “que usted dice viene de la propia Policía es en realidad órdenes que les vienen de arriba y tratar de desentenderse de la seguridad pública”.
Recordó algo básico en cualquier código penal occidental y es que cualquier ciudadano que sea testigo de la comisión de un delito ya está obligado a ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas: “Si no lo hacemos, podemos ser castigados”.
“Aquí hablamos de una reforma que se está haciendo por la puerta de atrás, sin pasar por la Asamblea Nacional ni el Senado, y que no es democrática”, concluyó Bernard, que aun así justificó su voto a favor en que “como municipio no podemos aguantar esto”.
La la Corporación municipal dio luz verde a la propuesta, con seis votos en contra y siete abstenciones entre los 33 representantes, aunque ha continuado recibiendo críticas, como la del comité local de Francia Insumisa.
Críticas también de Francia Insumisa
“Se trata de una política de seguridad con tintes preocupantes, inspirada en las prácticas de la extrema derecha, contra la que siempre hemos luchado”, asegura el comité, que sin representantes en la Corporación, alaba a los electos abertzales que “tuvieron el coraje de votar en contra”, mientras que denuncia a “la derecha local, fiel a su estrategia de oportunismo y duplicidad, prefirió abstenerse, evitando así oponerse directamente a un proyecto que apoya en segundo plano”.
“La sombra de Bruno Retailleau, líder de la extrema derecha, se cierne sobre este Consejo municipal”, añade el comité de Francia Insumisa, que critica al alcalde por citar al presidente de la asociación de municipios de Francia, David Lisnard (Los Republicanos, antigua UMP de Nicolas Sarkozy), presidente de los alcaldes de Francia, para justificar esta iniciativa: una clara señal del alineamiento de esta mayoría (del Ayuntamiento) con una visión autoritaria y de derecha de la seguridad”.
