La Guardia Civil investiga a la responsable de una protectora y a dos veterinarios de la provincia de Jaén por supuesto traslado ilícito de unos 750 perros a Francia para su adopción, sin cumplir en la mayoría de los casos los requisitos sanitarios de vacunaciones y tratamientos obligatorios.
Los investigados están acusados de supuestos delitos de falsedad documental, apropiación indebida, maltrato animal, coacciones y amenazas, después de haber trasladado a Francia a más de 750 perros por los que se habrían pagado cantidades entre 350 y hasta 400 euros por cada uno, generando beneficios de miles de euros.
La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Discrepancias' desarrollada el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Jaén, ha investigado a dos veterinarios colegiados y a la responsable de una protectora de animales.
La investigación se inició tras tener conocimiento de la posible comisión de irregularidades en el funcionamiento de una asociación protectora de animales ubicada en Jaén, que habría sido objeto de múltiples denuncias por parte de propietarios de perros, quienes acusaban a la responsable de apropiarse indebidamente de sus animales mediante engaños, amenazas y presiones.
Carecía de licencia
Durante la inspección de las instalaciones, los agentes del Seprona constataron que la protectora carecía de la preceptiva licencia de actividad, así como de la autorización y registro como núcleo zoológico, vulnerando la normativa vigente en materia de protección y sanidad animal.
Asimismo, se procedió a la revisión documental de los 51 perros alojados en el recinto, detectándose graves anomalías en la identificación, vacunación y trazabilidad sanitaria de los animales, ya que 35 de ellos no estaban identificados con microchip.
En varios casos, se confirmó la existencia de denuncias por pérdida o sustracción presentadas por sus legítimos propietarios.
Entre las anomalías detectadas figuran vacunas inoculadas caducadas en el momento de la aplicación; vacunaciones antirrábicas, contra moquillo canino y otras enfermedades fueron puestas y anotadas con anterioridad a la identificación del animal mediante microchip y expedición de las cartillas; o pasaportes que no eran registrados oficialmente en RAIA.
Posteriormente, tras recibir la autorización judicial, se procedió a la extracción de muestras de sangre de varios canes, que confirmaron que algunos animales no estaban vacunados contra la rabia o lo estaban de forma incorrecta.
La investigación permitió constatar que el destino de los perros residentes en las instalaciones de la asociación investigada sería su exportación a Francia, bajo la apariencia de adopciones legales, utilizando para ello el sistema TRACES (sistema de control veterinario de movimientos intracomunitarios).
Según ha informado la Guardia Civil, las autoridades francesas, en colaboración con las españolas, confirmaron que hasta la fecha se habían realizado 95 envíos a Francia desde la protectora, con un total de 762 perros transportados.
Por cada uno de los animales trasladados se habrían pagado cantidades de entre 350 y 400 euros en concepto de tasas de adopción, más un depósito de 500 euros si el animal no estaba esterilizado, lo que habría generado un beneficio de miles de euros, verificando que varios de estos animales habían sido denunciados como desaparecidos en el Estado.
Los pasaportes eran expedidos y firmados por dos veterinarios colegiados que, presuntamente, se habrían encargado de alterar documentos oficiales, incluyendo datos de microchip, vacunaciones, desparasitaciones y titularidad, incumpliendo la normativa aplicable. Los animales han quedado inmovilizados cautelarmente en las instalaciones de la protectora a disposición de la autoridad judicial competente.
