Stop Desahucios Gipuzkoa ha emitido este miércoles un comunicado para poner en valor la aplicación de la ley de Vivienda que, según explican, ha permitido que siete guipuzcoanos en situaciones de vulnerabilidad, entre los que se encuentran tanto mayores de 70 años como personas con menores a su cargo, han podido evitar el desahucio y conseguir una prórroga en sus contratos de alquiler. Por todo ello, consideran "positiva la aplicación parcial" de esta normativa, "a pesar de que el Ministerio de Vivienda sigue sin publicar el índice de precios de alquiler" para Gipuzkoa que supondría poder aplicar los topes a los precios del alquiler en las zonas de los municipios que ya han sido declarados tensionados.
Prórroga extraordinaria
En este sentido, el colectivo hace un repaso de la situación de las personas a las que han ayudado y señalan que, por ejemplo, en Errenteria, Irun y Lasarte-Oria, municipios que son ya oficialmente zonas tensionadas tras la publicación de la correspondiente resolución en el Boletín Oficial del Estado, hay "cuatro familias afectadas cuyos contratos, que los arrendadores se negaban a renovar, han sido prorrogados anualmente hasta alcanzar los tres años, gracias a la Ley de Vivienda".
En Donostia, por su parte, donde todavía queda pendiente la publicación en el BOE de la declaración para que sea oficial, algo que se prevé para julio, "la ley también se está aplicando en los casos de inquilinos en situación de vulnerabilidad con arrendadores que son grandes tenedores". En este sentido, ponen como ejemplo el caso "de Fincas Ugalde, que ha tenido que aceptar la prórroga extraordinaria de un año para contratos ya finalizados".
"Son los casos de José Antonio, cuyo contrato con Fincas Ugalde firmado en 2012 para un apartamento en la Parte Vieja fue dado por finalizado el pasado 3 de abril. El de Blanca, de 70 años, con un contrato desde 1987 y el de Said y Fernando, este último de 73 años, cuyo contrato firmado en 2015, ambos han sido dados por finalizados el pasado 31 de mayo", exponen.
La ley de Vivienda permite una prórroga extraordinaria de un año que regula la ley.
Prácticas ilegales
Asimismo, explican que en el caso concreto de Errenteria, primer municipio que inició los pases para ser declarado zona tensionado, "las familias de Jaime, Arantza, Andrea-Iñigo y Pilar han notificado a sus caseros que sus contratos, dados por terminados, quedan prorrogados automáticamente por un año y hasta un máximo de tres, tal y como establece la Ley. Las tres ultimas familias con hijos menores a su cargo".
Finalmente, el colectivo reitera su denuncia contra "los grandes tenedores" como "bancos, fondos buitre e inmobiliarias" que, "en su afán de maximizar beneficios, no han cesado en su campaña de desprestigio contra la ley de Vivienda". Asimismo, aseguran que algunas inmobiliarias y despachos de abogado "están asesorando de forma interesada a pequeños propietarios para que no renueven los contratos finalizados, animándolos a transformar las viviendas en pisos turísticos o a firmar falsos contratos de temporada", una práctica que, según denuncian, "es ilegal".
