La inclusión es un pilar fundamental para el desarrollo social y económico de cualquier territorio. Los datos revelan que, si bien Gipuzkoa goza de altos niveles de bienestar, hay situaciones de dificultad que es preciso abordar. Así, la cuarta Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa revela una evolución positiva en los principales indicadores de pobreza y desigualdad. Según los datos recogidos por la Diputación Foral y el SIIS Centro de Documentación y Estudios, el 85,6% de la población guipuzcoana se encuentra en una situación de bienestar, el porcentaje más alto desde 2012. Además, el índice Gini, que mide la desigualdad de renta, ha caído en cuatro puntos desde 2018, situándose en 23,0 puntos, uno de los valores más bajos del mundo.
Sin embargo, la mejora no ha llegado por igual a toda la población. Mientras que el porcentaje de personas en riesgo de pobreza ha caído en dos puntos desde 2018 hasta el 14,4% (102.300 personas), la pobreza severa persiste y afecta al 5,9% de la población, es decir, a 42.200 guipuzcoanos con ingresos inferiores a 666 euros mensuales.
Un territorio menos desigual, pero con brechas preocupantes
Gipuzkoa muestra una tendencia a la cohesión social y a la reducción de desigualdades, en sintonía con la evolución económica y laboral del territorio. El índice S80/S20 y la tasa AROPE han experimentado descensos significativos, lo que refuerza la percepción de un territorio más equitativo.
No obstante, los datos reflejan importantes diferencias entre grupos de población. La pobreza infantil y juvenil sigue siendo una preocupación, ya que las tasas de pobreza en estos colectivos pueden ser hasta seis veces superiores a las del resto de la población. En cambio, los mayores de 65 años presentan menores niveles de pobreza gracias a un sistema de protección sólido basado en pensiones y complementos.
"Si pusiéramos a todas las personas en situación de pobreza en un campo de fútbol, la mayor parte sería gente menor de 45 años", comparó Joseba Zalakain, director del SIIS, en la presentación del estudio. Entre los colectivos más vulnerables también se encuentran las personas inmigrantes y aquellas con menor nivel educativo y de ocupación laboral.
El empleo no es garantía de inclusión
Uno de los factores clave que explica la mejora en los indicadores es la evolución del empleo. Durante el período analizado, los salarios más bajos han crecido a mayor ritmo que la media, reduciendo la desigualdad salarial. Medidas como el incremento del salario mínimo y la reforma laboral han permitido que el empleo tenga una mayor capacidad de sacar a las personas de la pobreza.
El empleo no garantiza la inclusión: un 6,2% de la población ocupada sigue en riesgo de pobreza, pese a las mejoras salariales.
A pesar de ello, el empleo no es garantía de inclusión. Y es que un 6,2% de la población ocupada sigue en riesgo de pobreza, lo que evidencia que en algunos hogares ni siquiera contar con un trabajo permite superar la precariedad.
Aumenta la percepción de la pobreza
Un dato llamativo de la encuesta es que, aunque los indicadores objetivos muestran una mejora, ha aumentado el número de personas que se consideran a sí mismas pobres; esto puede deberse al impacto de la inflación y al encarecimiento del coste de vida, que afecta la capacidad de los hogares para cubrir sus necesidades. "Los indicadores de pobreza recogen los ingresos, pero no los gastos", ha recordado el investigador, subrayando la importancia de analizar la realidad desde una perspectiva más amplia.
El estudio revela también diferencias geográficas dentro del territorio. Debabarrena es la comarca con las tasas de pobreza más elevadas, lo que se relaciona con una mayor presencia de población inmigrante y una mayor proporción de viviendas en alquiler, factores que pueden influir en la vulnerabilidad económica de los hogares.
Una sociedad diversa y abierta
No obstante, la sociedad vasca ha demostrado históricamente un alto nivel de apertura y tolerancia hacia la población de origen extranjero. Según el informe Percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero de Ikuspegi, Observatorio Vasco de Inmigración, publicado en 2024, la inmigración nunca ha sido percibida como un problema en Euskadi y tampoco lo es en la actualidad. A pesar de las dificultades económicas o de acceso a la vivienda que preocupan a la ciudadanía, la cuestión migratoria no se encuentra entre las principales inquietudes de la sociedad.
Uno de los aspectos más destacables del estudio es la recuperación del nivel de apertura previo a la crisis sanitaria de 2020, con una puntuación de 63,54 en el índice de percepción. Esto sugiere una estabilización en la opinión pública tras el aumento de solicitudes de asilo derivado del conflicto en Ucrania. Además, se observa una tendencia positiva en la reducción de estereotipos negativos hacia la inmigración. Aunque persisten prejuicios como la supuesta sobreutilización del sistema de protección social o la idea de que la inmigración fomenta el machismo, la mayoría de la población vasca los rechaza.
El 85,6% de la población de Gipuzkoa vive en bienestar, pero 42.200 personas siguen en pobreza severa con menos de 666 euros al mes.
Hacia una integración real
Uno de los puntos clave en la actitud de la sociedad vasca es su firme convicción de que los derechos sociales fundamentales, como la educación y la sanidad, deben ser universales y accesibles para todas las personas, independientemente de su origen. En este sentido, Euskadi se posiciona como un territorio en el que la integración de la población inmigrante no solo es aceptada, sino que se percibe como un proceso estructural dentro de una dinámica global más amplia.
Sin embargo, el informe también destaca diferencias en el grado de simpatía hacia distintos grupos de población. Las personas de la Unión Europea Occidental y Argentina son las mejor valoradas, mientras que la población de origen magrebí obtiene la puntuación más baja. Aunque la diferencia no es extrema, refleja la necesidad de seguir avanzando en la sensibilización y en la lucha contra los prejuicios que aún persisten en ciertos sectores de la sociedad.
Participación real en la sociedad
El reto actual no es solo mantener la percepción positiva de la inmigración, sino garantizar que todas las personas que residen en Euskadi tengan una participación real en la sociedad. Esto implica fortalecer los mecanismos que permitan la integración efectiva, asegurando el acceso a oportunidades laborales, educativas y sociales en igualdad de condiciones.
El informe de Ikuspegi confirma que la sociedad vasca avanza en la dirección correcta. La diversidad es ya una realidad y, lejos de ser un problema, se reconoce como un valor que contribuye al bienestar colectivo. El desafío ahora es consolidar este modelo inclusivo, combatiendo los prejuicios que aún persisten y promoviendo una convivencia basada en la igualdad y el respeto.
La incidencia de la soledad en las personas mayores
El envejecimiento de la población es otro de los numerosos desafíos que enfrenta la sociedad guipuzcoana, siendo la soledad no deseada una de las principales preocupaciones que afecta al colectivo de las personas mayores. Aunque la soledad no es exclusiva de este grupo, sus efectos pueden ser más severos, impactando tanto en la salud mental como en la física. En Gipuzkoa, el 30% de la población mayor de 55 años se siente sola, aunque solo el 5,5% lo reconoce abiertamente, lo que refleja el estigma que todavía persiste en torno a este fenómeno.
Estudios recientes han demostrado que la soledad en las personas mayores está estrechamente relacionada con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades como la depresión, la ansiedad crónica, las cardiopatías y los problemas cerebrovasculares. Además, el aislamiento social se asocia con un deterioro cognitivo acelerado y un aumento en la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas, como el alzhéimer.
El 30% de las personas mayores de 55 años se siente sola, una problemática con impacto en la salud y la economía.
Un problema con impacto en la salud y la economía
El impacto de la soledad en la calidad de vida es innegable, pero también tiene un coste económico significativo. En el Estado, el coste de la soledad se cifra en 14 millones de euros, lo que representa el 1,17% del PIB, y en Europa este porcentaje asciende hasta el 4%. Estos costes derivan, en gran medida, del aumento en la demanda de servicios de salud y asistencia social, ya que las personas que viven en soledad requieren más atenciones médicas y hospitalizaciones que aquellas con redes de apoyo social sólidas.
En este contexto, las administraciones públicas han puesto en marcha estrategias para combatir la soledad no deseada. En Gipuzkoa, la Diputación Foral a través de Adinberri impulsa desde 2019 el programa Hariak, que busca prevenir y abordar esta problemática mediante iniciativas que fomentan la activación de la comunidad y el fortalecimiento de los lazos sociales.
