El Gobierno Vasco prevé aprobar para finales de año el nuevo decreto de planificación de los centros escolares

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco contempla para finales de año la aprobación del nuevo decreto de planificación de los centros escolares, una vez que el actual ha sido anulado por el Tribunal de Justicia del País Vasco (TSJPV)por un defecto de forma. La consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa, ha defendido este miércoles en el Parlamento Vasco la validez del actual marco normativo, que nació con el objetivo de revertir la segregación escolar y de buscar la "equidad".

La norma incide directamente, entre otras cuestiones, en la admisión del alumnado, es decir, en la matriculación. El decreto determina el mapa escolar, la ratio de estudiantes por aula, el proceso de admisión, las áreas de influencia o la oferta de plazas.

El TSJPV ha invalidado esta normativa capital por un defecto de forma, si bien no entra en el fondo de la misma. El Departamento de Educación ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo. 

Pedrosa ha hecho este anuncio en una comparecencia en comisión parlamentaria, a la que ha acudido a petición de EH Bildu, que le ha pedido dar explicaciones porque "las familias necesitan certidumbre" durante la campaña de matriculación del curso 2025-2026. El parlamentario de la coalición abertzale, Ikoitz Arrese, considera que la anulación por los supuestos "errores" cometidos por Educación, además de poner de manifiesto "su mala gestión", deja en una situación de "incertidumbre a las familias, a los centros y al propio sistema".  

Pedro ha negado la mayor. “No hay ninguna inseguridad. No hay ningún tipo de incertidumbre. En este momento el proceso de matriculación no se ve afectado". Ha sido la respuesta de la consejera en la Comisión de Educación del Parlamento Vasco en relación a una sentencia "que no es firme, lo que debe traer tranquilidad". Pedro ha recalcado que "no hay ningún motivo para alimentar la inseguridad jurídica, y no se puede seguir la política del miedo teniendo en cuenta todas las familias que hay detrás".

La titular del Departamento ha subrayado que el actual decreto es fruto de un consenso político alcanzado para "garantizar la igualdad de oportunidades entre el alumnado, con un sistema equitativo e inclusivo". Pedrosa ha mostrado su disposición a seguir avanzando desde el acuerdo, una labor que “nos toca hacer con valentía, y no va a haber transformación si no es con consenso. Tenemos que mirar en la misma dirección", ha insistido. Los partidos de la oposición le han reprochado haber actuado con "falta de transparencia".  

El origen del litigio

El origen del litigio se remonta al recurso interpuesto por la Confederación de AMPAs de la Escuela Pública Vasca (Ehige) y el sindicato Steilas contra el decreto 23/2023, de 28 de febrero que modificaba los criterios de ordenación y planificación de la red de centros docentes de enseñanza no universitaria en el País Vasco. Ambas organizaciones acudieron a los tribunales porque, a su entender, el texto igualaba la titularidad pública y privada de los colegios, lo que en su opinión contravenía la legalidad. 

Asimismo denunciaron que el decreto no se adecuaba a la legalidad por tres razones: no garantiza plazas públicas, el Servicio Público Vasco de Educación "no tiene fundamento normativo" y reduce la participación de los agentes educativos. 

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado la normativa por considerarla "no conforme a derecho" ya que carece de una memoria justificativa. No va más allá. No entra en el fondo de un decreto del equipo de Jokin Bildarratz que venía a dar solución a varios de los problemas del sistema educativo vasco que se pretendían atajar con el Pacto Educativo: la crisis de natalidad y la segregación escolar del alumnado vulnerable en la red pública. 

El Gobierno Vasco por su parte defiende la conformidad a derecho de la resolución impugnada y niega que hubiera en el procedimiento de elaboración del decreto recurrido una “total ausencia de justificación”.

La titular del departamento de Educación ha dicho entender que en ocasiones "se quiera desde la oposición generar una alarma social que no ayuda en nada. Que no se nos olvide que este parlamento legisló en su momento en esa misma dirección. El rumbo está trazado, y los pasos en marcha", ha subrayado.