Las torres de alta tensión, como la de Usurbil en la que resultaron electrocutados dos menores el pasado sábado, deben de pasar una inspección técnica cada tres años, independientemente de que la línea sea de propiedad de una empresa eléctrica o de un particular, como en este caso. Además, la normativa vigente contempla sanciones de hasta 100 millones de euros para infracciones muy graves.
Según el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, en el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, estas infraestructuras deben contar con revisiones periódicas cada tres años para garantizar que se cumplen las medidas de seguridad.
En caso de que la propiedad sea de una empresa de transporte o distribución de energía eléctrica, las revisiones las podrán realizar las propias entidades, mientras que, en el caso de un particular, la revisión la debe realizar un organismo de control siempre que la tensión nominal de la línea sea mayor de 30 kV, una cuantía que todo apunta superaba la torre de alta tensión situada en el polígono Osinalde.
En caso de no cumplir con las medidas de seguridad, las infracciones son sancionables de acuerdo a la Ley de Industria y la legislación autonómica. Para infracciones muy graves la normativa contempla sanciones de hasta 100 millones de euros.
Medidas de seguridad
Según se especifica en el decreto, los apoyos eléctricos situados en lugares de acceso público y donde la presencia de personas ajenas a la instalación es frecuente, como en el caso de la torre a la que subieron los dos menores, deberán contar con medidas oportunas para dificultar su escalamiento hasta una altura mínima de 2,5 metros.
Además, se establece como preceptivo la señalización de riesgo eléctrico en los apoyos situados en zonas frecuentadas.
En caso de querer instalar una torre que no va a ser cedida a la red de distribución, hay que cumplir lo estipulado tanto en el decreto como en la normativa autonómica. No obstante, estas instalaciones no requieren de autorización, aunque para su puesta en servicio es necesario presentar la documentación exigida (proyecto de la línea, certificado de empresa instaladora, certificado de dirección técnica y contrato de mantenimiento) y pasar las inspecciones y verificaciones iniciales.
