El RACVN y la asociación Liberum recurren ante el TSJPV la Zona de Bajas Emisiones de Donostia

El Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) y Liberum, la asociación ultraderechista en defensa de los derechos humanos, han impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Donostia, que después de un periodo de prueba de casi tres meses entra en vigor este viernes con sanciones de 200 euros para los vehículos que circulen por la Zona sin haber tramitado la correspondiente etiqueta. 

El Ayuntamiento de Donostia se personará ante ambos recursos. La semana pasada, la Junta de Gobierno Local de la capital guipuzcoana aprobó la defensa jurídica con la que hacer valer la ordenanza ante los tribunales. Las partes impugnantes han solicitado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV los estudios en los que se basa el Ayuntamiento para poner en marcha la ordenanza, y están a la espera de disponer de esa información para preparar su demanda. 

El TSJPV ha dirigido al Consistorio sendos comunicados requiriendo la remisión del expediente en este procedimiento, que ha recaído en manos de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la misma que está llevando el recurso ante la ordenanza de Bilbao y que preside el juez Luis Ángel Garrido, conocido por convertirse en azote del Gobierno Vasco, tras encadenar una decena de resoluciones contrarias al anterior Ejecutivo de Iñigo Urkullu. 

"Se vulnera el principio de igualdad"

“Coaccionan la libertad y nos indican cómo movernos. También se vulnera el principio de igualdad. El hecho de que no puedas comprar un vehículo no contaminante es una discriminación para la gente más humilde”. Son algunos de los aspectos por los que el RAC Vasco Navarro rechaza la ordenanza. En concreto, según explica a este periódico su director gerente, Eduardo Martínez, se estarían vulnerando los artículos constitucionales 14 -principio de igualdad- y el artículo 19, referente a la movilidad. “La Zona de Bajas Emisiones te dice que con determinados vehículos no te vas a poder mover en determinadas zonas de la ciudad, algo que está discriminando por diferencia económica o por el código postal donde tú vivas”.

El director gerente del RACVN añade otros motivos por los que a su entender es discriminatoria la nueva ordenanza. “Nos está diciendo que la gente que vive en el centro va a tener una mejor calidad de vida que los demás, porque no va a tener vehículos contaminantes en la puerta de su casa. Sin embargo, van a poder ir con su coche contaminante a cualquier otro barrio de la ciudad”.

Siendo incluso "algo populista”, Martínez llega a considerar que de seguir así las cosas “nos vamos a ir a principios del siglo XX, cuando los ricos vivían quince años más que los humildes porque tenían mejores condiciones de salud. Entendemos que es una aberración. Si todos somos iguales ante la ley, entendemos que da igual que vivas en la Avenida o en el barrio de Egia. Todo el mundo es donostiarra y paga los mismos impuestos”. Y apunta en ese sentido que la viñeta del permiso de circulación “no te reduce ni un céntimo si tú puedes entrar o no al centro”. 

Vetado el acceso

En el caso de Donostia se ha anunciado una ZBE “blanda”, pero la realidad, según recuerda el RACVN, es que determinados vehículos no podrán entrar en la ciudad. En esta primera fase (2025-2027) solo tendrán vetado el acceso aquellos que por su antigüedad no tengan derecho a distintivo ambiental, entre los que figuran turismos y furgonetas de gasolina matriculados antes de 2001, los diésel previos a 2006 y los vehículos de más de ocho plazas matriculados antes de ese año. 

“Dicen hacerlo poco a poco, pero en realidad 2027 llega enseguida. Quieren acallar a la ciudadanía para hacer lo que ellos quieran, y por eso es necesario que colectivos y asociaciones particulares defiendan los derechos”, señala Martínez. 

Desde un punto de vista más técnico, el RACVN censura que se ha adoptado esta medida en una ciudad “donde no hay contaminación, y es muy difícil que la haya nunca porque todos los vientos que vienen del mar limpian la ciudad. Entendemos que es una guerra al coche, y no por el medio ambiente. Nosotros estamos a favor de la bicicleta, pero no como imposición, sino como una opción, que el ciudadano se desplace como quiera por la ciudad, evidentemente, con sentido común”. 

Entretanto, el RACVN, según informa a este periódico su director gerente, continúa haciendo mediciones a través de una ingeniería para contrastar la información técnica que traslade el Ayuntamiento con sus propios datos una vez que se tramite la demanda. 

Siete recursos de Liberum admitidos a trámite

Oposición también a la ordenanza por parte de Liberum, una asociación que se constituyó en el año 2021 con el propósito, según señalan, de restaurar los derechos y libertades “usurpados” en el transcurso de la pandemia. Esta organización, que fue creada por un grupo de mujeres del norte del Estado, anima a los ciudadanos a presentar alegaciones como perjudicados, a través de un modelo de escrito que comparte en su página web. 

Los diferentes recursos presentados por esta organización a las ordenanzas de varios municipios han sido admitidos a trámite en siete ciudades del Estado. Entre ellas, Bilbao, un procedimiento llevado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV que preside el juez Luis Ángel Garrido. 

A la espera del recorrido que tengan ambos recursos, este próximo viernes entra en vigor plenamente la ordenanza, que en realidad está en marcha desde el pasado mes de diciembre. Durante este periodo "de pruebas" se han remitido más de 7.685 comunicaciones a aquellos vehículos que han accedido a la zona restringida sin autorización.

Durante este periodo de adaptación, el 84% de los vehículos que accedieron tenían algún tipo de etiqueta ambiental y por lo tanto autorización directa. La etiqueta C es la más habitual (48,4%), seguida de la etiqueta B (20%), la ECO (12%) y la etiqueta ZERO (3,6%). Las sanciones de 200 euros para quien incumpla la normativa llegan a partir del viernes tras un periodo en el que la ciudadanía ha podido aclarar sus dudas sobre la nueva norma y realizar los trámites pertinentes en los casos que así lo requieren.