SOS-Deiak atiende cada mes cerca de cien incidentes suicidas en Gipuzkoa

Mayo, con 119 casos registrados, fue el mes más preocupante en el territorio, aunque este tipo de acciones que pueden derivar en conductas compulsivas es una constante que se mantiene a lo largo de todo el año. Gipuzkoa registra prácticamente uno de cada tres intentos de suicidio en la CAV, donde los servicios de emergencias atendieron el año pasado un total de 4.213 incidentes: un 53% de mujeres (2.219 casos) y un 47% de hombres (1.991).

Así figura en la estadística del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, órgano que depende del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y que permite poner cifras a un tema “tabú” en la sociedad, a pesar de ser la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años y que duplica el número de víctimas mortales por accidentes de tráfico desde hace varios años.

Protocolo de actuación

La Estrategia de Prevención de Suicidio publicada por el Departamento de Salud en 2019 propuso la creación de un protocolo de actuación para profesionales de primera intervención en crisis suicidas. Este instrumento, implantado en el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi en 2021, permite la clasificación y explotación de datos en relación a las conductas autolíticas registradas en el teléfono de atención de emergencias 112 SOS Deiak.

A través de esta herramienta, en el 112 se recoge información sobre incidentes suicidas, registrándose una media de diez llamadas diarias que alertan de varios grados en la conducta autolítica. Así, según figura en la estadística referida a 2024, en Euskadi se atendieron 1.895 intentos autolíticos -1.065 mujeres y 829 varones- y hubo un total de 1.465 comunicaciones suicidas.

Se registraron además 525 partes por autolesiones -300 mujeres y 225 hombres-, se atendieron 161 casos “consumados” y otros 114 incidentes relacionados con ideación suicida.

Según señala el Gobierno Vasco, que se hace eco de la tesis que mantienen los expertos, la clasificación en varios grados de la conducta autolítica “debería abordarse como un continuo” en el que la intencionalidad va evolucionando en función de la lesividad pretendida.

El mayor número de casos, entre los 20 y 29 años

Por edades, el mayor número de casos se registra en la franja entre los 20 y 29 años con un total de 870 incidentes, la mitad de ellos -410- por intentos autolíticos y 161 autolesiones. En segundo lugar figura la franja de 50 a 59 años, con 790 casos. La de 40 a 49 años ocupa el tercer lugar, con 776 incidentes, y destacan también los 589 partes registrados entre los trece y 19 años.

“El suicidio no es una enfermedad, es una conducta, y como toda conducta, se puede prevenir”, señalan desde la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, que trabaja en la prevención, atención e intervención en las conductas suicidas en coordinación con los recursos profesionales y voluntariado que integran el Sistema Vasco de Atención de Emergencias.

Insisten en la necesidad de llamar al 112 en caso de tener conocimiento de una situación de emergencia vital inminente que ponga en riesgo la vida de terceras personas o la propia. Según se desprende de la estadística, en 1.466 casos registrados (35%) fueron los propios familiares quienes dieron la voz de alarma. En otros 1.299 incidentes fueron terceras personas, testigos de los hechos, quienes se pusieron en contacto directamente con los servicios de emergencia -31% de las comunicaciones registradas por SOS Deiak-, y en tercer lugar figuran las propias personas en riesgo vital -un 24% de los casos- con 1.024 notificaciones.

El domingo es el día de la semana en el que más incidentes se registran, y el uso de medicamentos es el método más empleado, algo que ocurrió en 1.230 casos de los 4.213 incidentes atendidos.

Cerca de 3.700 personas han recibido formación en materia de prevención del suicidio en Euskadi desde que Osakidetza puso en marcha en 2022 el programa 'Bizi', un curso de formación por Internet con conceptos básicos destinado a profesionales no sanitarios o sanitarios no clínicos.

El principal objetivo de la formación es empoderar a las personas que están en contacto con grupos vulnerables, a quienes se les ofrece información y herramientas para que puedan detectar a personas en situación de riesgo, dar un primer apoyo y ponerlas en contacto con los recursos especializados.

Reparto de fondos por comunidades

El Ministerio de Sanidad anunció ayer que supeditará el reparto a las comunidades de los fondos correspondientes al plan antisuicidio al cumplimiento que hagan de sus acciones, que van desde fomentar un código de riesgo y las autopsias psicológicas a limitar el acceso a medios letales y aplicar una perspectiva de género. El "Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027" que estudiará el Consejo Interterritorial el próximo viernes junto a un plan de acción de Salud Mental no especifica la cuantía con la que estará financiado el plan, pues está condicionado a los Presupuestos Generales del Estado, según explicaron fuentes del Ministerio.

Sí deja claro que el reparto de crédito entre comunidades "estará supeditado al cumplimiento de acciones" recogidas en el plan y se hará conforme a los criterios debatidos con el Comité Institucional de la Estrategia de Salud Mental del SNS" que tendrán que ser sometidos a su aprobación por el pleno del Interterritorial.

Su objetivo, prevenir las más de 4.000 muertes que se producen cada año por esta causa con un enfoque en los determinantes sociales de salud.

Fruto del trabajo conjunto del Comisionado, el Comité Institucional de las Comunidades Autónomas y sociedades científicas de Psiquiatría, Psicología, Epidemiología, Geriatría, Atención Primaria, asociaciones de supervivientes, organizaciones y otros expertos independientes, involucra a sectores clave como la sanidad, educación, medios de comunicación, sistema judicial y servicios sociales.

El suicidio es un fenómeno "complejo y multicausal", lo que hace muy difícil predecirlo, aunque sí hay grupos con riesgo mayor, y por ello hay que priorizarlos: personas con problemas de salud mental, especialmente con cuadros severos; con discapacidad; mayores, sobre todo las que viven en situación de soledad no deseada; adolescentes y jóvenes; LGTBIQ+; en riesgo de pobreza y exclusión social; las que sufren violencia, física, psicológica o emocional; con enfermedades graves o dolor, y las privadas de libertad en centros penitenciarios.