Un matrimonio guipuzcoano "con capacidad intelectual límite" y dos hijos a su cargo que quedó al borde del desahucio y tuvo que subsistir gracias a ayudas sociales tras ser víctima de un engaño ha podido recuperar sus dos caseríos de Astigarraga y Altzo, ambas propiedades procedentes de las herencias de cada uno de los cónyuges. La Audiencia de Gipuzkoa ha impuesto cuatro años y medio de cárcel a la mujer que les arruinó.
Según la sentencia del caso, a la que ha tenido acceso este periódico, la acusada entabló relación con el matrimonio en el año 2004, tras haber concertado con ellos un contrato de arrendamiento de una borda de su propiedad. La pareja presentaba muchas dificultades para comprender actos patrimoniales, administrativos o jurídicos de una mínima complejidad, dada su escasa escolarización y el aislamiento en el entorno rural en el que residían.
Pese a ello, según recoge el texto, la mujer les embaucó para que solicitaran préstamos con garantía hipotecaria sobre sus bienes, un dinero que se quedó para sí, asegurándoles que se lo devolvería con ganancias y “enriqueciéndose así ilícitamente, no habiendo devuelto nada de la cantidad recibida”.
La inculpada les embaucó para que, entre abril y octubre de 2007, solicitaran hasta seis préstamos hipotecarios
Así, en una primera etapa, mediante la formalización de seis préstamos hipotecarios en el periodo de siete meses transcurridos entre abril y octubre del año 2007, la acusada condujo al matrimonio “a un nivel de endeudamiento y, en paralelo, a una reducción del valor de sus bienes hasta el límite de la insolvencia”.
En una segunda etapa, valiéndose de la situación de debilidad económica en que los había situado, “les exigía la entrega de sus ingresos por rentas del trabajo y finalmente la transmisión de los bienes inmuebles que no habían sido gravados”, según recoge la sentencia.
Operaciones fraudulentas
En una de las operaciones, el 25 de abril de 2007, formalizaron en escritura pública un préstamo con garantía hipotecaria por importe de 33.400 euros. Se hizo constar la entrega del dinero prestado en forma de cheque nominativo por importe de 29.000 euros, y el resto en efectivo. Ninguna de las cantidades prestadas quedó a disposición del matrimonio. Todo el dinero lo recibía la acusada, “enriqueciéndose así ilícitamente”.
La inculpada les embaucó para que, entre abril y octubre de 2007, solicitaran hasta seis préstamos hipotecarios a diferentes prestamistas tanto sobre el caserío de Altzo, propiedad del marido, como sobre el heredado por la mujer en Astigarraga, donde la familia residía junto a unos hermanos de los cónyuges, aquejados de distintas incapacidades.
La acusada, “actuando con la única intención de enriquecerse ilícitamente”, pedía asimismo dinero en cuantías que oscilaban entre 30, 40 o 50 euros o en alguna ocasiones 100 euros, diciendo al matrimonio -a sabiendas de que no era cierto- que era para pagar al abogado y al Juez, para que no le quitaran la casa.
La pareja, con “escasa escolarización” y dos hijos a su cargo, había quedado al borde del desahucio
Los perjudicados les abonaron, según recoge el escrito, diferentes cantidades: 17.865 euros durante el año 2012, otros 19.849 euros de enero a octubre del 2013 y otros 2.880 euros el 26 de noviembre de 2013, una cantidad que provenía de la pensión que recibían los hermanos de la mujer por su minusvalía.
Asimismo, la perjudicada, confiando en la acusada, le entregó 82.000 euros que pidió prestado a diversas personas así como distintas cantidades sin determinar entre 20 y 1000 euros. La acusada no ha devuelto nada de estas cantidades recibidas de los perjudicados, “enriqueciéndose así ilícitamente”.
Nulidad de la venta
En una de las operaciones, el 31 de octubre de 2007, los damnificados vendieron a la inculpada una parte del caserío de Altzo por un importe de 190.000 euros, a pesar de que la finca estaba tasada en 321.052 euros, en la creencia de que finalmente el inmueble iba a ser inscrito “en favor de sus hijos” pequeños y que la cantidad entregada sería invertida “para obtener ganancias para el matrimonio”.
La Audiencia de Gipuzkoa ha condenado por todo ello a la procesada a una pena de cuatro años y seis meses de prisión por un delito continuado de estafa. El documento judicial también señala que se declara la nulidad de la venta del caserío Legarre de Altzo, y también anula el préstamo hipotecario que pesaba sobre el caserio de Astigarraga. La mujer que embaucó al matrimonio también deberá devolver la suma de 134.479 más los intereses legales, y abonar a la pareja 40.000 euros por los daños morales sufridos.
La resolución absuelve a la encausada de engañar a otra mujer a la que, según mantenía la Fiscalía, habría hecho creer que era “detective de investigación en inversiones” para ayudarla a recuperar un dinero que había depositado en un fondo de inversión de una agencia financiera con la que tenía un problema.