La mujer acusada de arruinar mediante una estafa a un matrimonio "con capacidad intelectual límite", "escasa escolarización" y dos hijos a su cargo, y que quedó al borde del desahucio tras el engaño, se enfrenta a ocho años de cárcel después de que la Fiscalía haya elevado este miércoles sus conclusiones a definitivas.
En este mismo procedimiento, la presunta estafadora está acusada de engañar a otra mujer a la que supuestamente hizo creer que era "detective de investigación en inversiones" para ayudarle a recuperar un dinero que la víctima había depositado en un fondo de inversión de una agencia financiera con la que tenía un problema.
El juicio por estos hechos, que se ha celebrado entre el pasado lunes y este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa, ha quedado así visto para sentencia, después de que el pasado mes de abril tuviera que ser suspendido por la incomparecencia de la inculpada, que alegó motivos de salud para no presentarse, según han informado fuentes del caso.
Tras el aplazamiento, la nueva vista ha concluido hoy, cuando las partes han presentado sus informes ante el tribunal y han dado a conocer sus conclusiones finales, en las que la defensa ha pedido la libre absolución, mientras que las acusaciones particulares se han adherido a la petición de condena del Ministerio Público que ha responsabilizado a la encausada de un delito continuado de estafa agravada.
Mínima complejidad
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la acusada se habría aprovechado de que el matrimonio perjudicado "carece de las aptitudes necesarias para una adecuada comprensión de actos administrativos y jurídicos" de una "mínima complejidad" con el fin de que hipotecaran sus bienes y quedarse el dinero de los préstamos, así como con el caserío familiar de Altzo, en una estafa que alcanzaría una suma total superior a los 730.000 euros.
De esta manera, la inculpada supuestamente les "embaucó" para que, entre abril y octubre de 2007, solicitaran hasta seis préstamos hipotecarios a diferentes prestamistas tanto sobre este inmueble, propiedad del marido, como sobre un segundo caserío, heredado por la mujer en Astigarraga, y del que la familia estuvo a punto de ser desahuciada.
El Ministerio Público aclara que la procesada habría actuado con la intención de "quedarse para sí el dinero recibido" por los préstamos y diciendo a sus víctimas que se lo devolvería "con ganancias", mientras ella se enriquecía "ilícitamente" ya que nunca les devolvió "nada".
La mujer presuntamente llevó así a sus víctimas "a un nivel de endeudamiento" al "límite de la insolvencia", mientras "en paralelo" se reducía el valor de sus bienes, gravados por las hipotecas.
Después, "valiéndose de la situación de debilidad económica en la que los había situado", presuntamente les "exigió la entrega" de los ingresos que percibían por su trabajo, así como "la transmisión de los inmuebles que no habían sido gravados".
Obtener ganancias
En una de las operaciones, el 31 de octubre de 2007, los damnificados vendieron a la inculpada una parte del caserío de Altzo por un importe de 190.000 euros -a pesar de que la finca estaba tasada en 321.052 euros-, en la creencia de que "finalmente" el inmueble iba a ser inscrito "en favor de sus hijos" pequeños y que la cantidad entregada sería invertida "para obtener ganancias" para el matrimonio.
Tres años más tarde, el 18 de noviembre de 2010, se ordenó el desahucio de la familia, incluidos los dos niños de 9 y 8 años, del caserío de Astigarraga en el que estaban residiendo, "debido a la ejecución judicial de las deudas" contraídas, si bien finalmente el lanzamiento no pudo "llevarse a efecto" porque en la vivienda también residían otros dos familiares con derecho a habitación en el domicilio.
El texto del Ministerio Público refiere también el caso de una tercera víctima, una mujer a la que la imputada se presentó como detective y a la que entre 2010 y 2012 presuntamente pidió un total de 291.720 euros que ésta le fue entregando para resolverle un problema con un fondo de inversión de una agencia financiera, sin llegar a hacer ninguna gestión en este sentido.
