El desbloqueo del Poder Judicial va a facilitar el nombramiento del futuro presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, cargo al que optan los magistrados María José Barbarin y Augusto Maeso, aspirantes a ocupar el puesto que quedó vacante en 2021, tras finalizar el segundo mandato de Iñaki Subijana, nombrado ese mismo año presidente del TSJPV.
El acuerdo por el que se ha desbloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha activado de nuevo los nombramientos pendientes en la Justicia vasca, y ambos aspirantes deberán comparecer ante la Comisión de Calificación del CGPJ para exponer su programa de gobierno para los próximos cinco años al frente de la Audiencia de Gipuzkoa.
Este periódico ha querido conocer más de cerca sus propuestas. Se trata de dos candidaturas de contrastada experiencia. Entre las resoluciones más destacadas de Barbarin figura la primera sentencia dictada en Gipuzkoa sobre un violador en serie que posteriormente fue objeto de enjuiciamiento por la comisión del mismo delito sobre otras víctimas. La resolución dictada sirvió de guía para el resto de casos.
El Tribunal Supremo señaló al respecto que la sentencia estaba “asentada en un robusto cuadro probatorio que ha sido valorado con una encomiable precisión y minuciosidad". Es, según indicó el alto tribunal, “la paradigmática expresión de un trabajo que entronca con el mandato constitucional de motivación de las resoluciones".
"La justicia que tutele a todas las víctimas, en especial a las de violencia de género, es un objetivo con el que me encuentro especialmente sensibilizada"
Barbarín se reconoce ferviente defensora de una justicia que tutele a todas las víctimas, en especial a las de violencia de género. “Es un objetivo con el que me encuentro especialmente sensibilizada, dada mi trayectoria profesional en la última década como miembro del Grupo de Experto/as del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ y como miembro de la Sociedad Vasca de Victimología”, señala la magistrada, que aboga por dotar de mayor personal a los servicios de apoyo a las víctimas.
Maeso, al frente del caso Julen Serrano y Kote Cabezudo
Maeso también defiende que el cuidado ha de incrementarse cuando se trate de delitos en materia de violencia de género o sexuales, o las víctimas sean menores de edad. Entre sus numerosas resoluciones dictadas figuran las de varios juicios mediáticos. Así fue el caso de Julen Serrano, el menor apuñalado por su padre como respuesta a la petición de su mujer de solicitar el divorcio, hechos por los que fue condenado a la pena de 19 años de prisión. La celebración del juicio, las instrucciones al jurado y la valoración de la prueba fueron de gran complejidad, dadas las abundantes cuestiones que se plantearon, bien fundamentadas.
Entre otras resoluciones figura también la del caso Kote Cabezudo. Fueron 17 las denunciantes y una condena para el fotógrafo donostiarra de 28 años de prisión y dos meses como autor de un delito de violación, otro de abusos sexuales, seis de pornografía infantil y dos de estafa. El magistrado presidió el tribunal. Lo hizo, precisamente, junto a María José Barbarin y Ana Isabel Moreno, que conformaron el trío de jueces del caso.
Maeso ha desarrollado toda su carrera profesional en órganos judiciales de Gipuzkoa. Conoce bien el mapa de necesidades. Con respecto a la actividad de los juzgados de la capital, aprecia que los de Primera Instancia están sobrecargados de trabajo. “Las reclamaciones en materia hipotecaria y de cláusulas generales abusivas siguen suscitando gran litigiosidad. Se hace necesaria la creación de, al menos, una unidad judicial más”, defiende el magistrado, que a su vez ve necesario mejorar los medios materiales con los que cuentan los órganos judiciales del territorio. “Los problemas de conexión, visión y/o audición son muy frecuentes en los intentos de videoconferencia que realizamos, con el consiguiente retraso en la práctica de las actuaciones y con pérdida de calidad en la interacción con la persona que realiza la actuación por videollamada”, asegura.
El "auténtico reto" de la digitalización
Barbarin opina en ese sentido que la digitalización de la justicia constituye “un auténtico reto” para todos los operadores jurídicos, “desafío al que no podemos ser ajenos, dado que no sólo puede acarrearnos importantes beneficios, agilizando la respuesta judicial, y con ello nuestra eficacia, sino que permitirá también mejorar la imagen de la justicia entre los ciudadanos al mostrarse más dinámica”.
La magistrada hace asimismo una propuesta de actuación sobre menores que deben intervenir dentro del sistema de justicia. Consciente de que toda Administración pública puede considerarse un “entorno hostil” para ellos y ellas, aboga por “el establecimiento de los protocolos necesarios para la creación de entornos seguros, de buen trato e inclusivos para la infancia dentro de la administración de Justicia”.
Maeso pone el acento en las personas mayores y en situación de discapacidad. “La Justicia, como servicio público, ha de contar, no solo en la letra de la ley, sino también en la práctica, con previsiones que permitan la efectividad de los derechos de toda la ciudadanía, evitando ocasionar discriminaciones inadmisibles, o permanecer impávida ante situaciones de clara desigualdad”. El magistrado aboga por llevar a cabo las “adaptaciones, ajustes, medios de lectura fácil y los intérpretes y medios de apoyo” necesarios. De igual modo, apuesta por revisar los edificios judiciales, de tal manera que resulten accesibles para personas con movilidad reducida.
"El uso de la lengua vasca en la Administración de Justicia es muy escaso"
Maeso Ventureira, que ha sido uno de los coordinadores de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia en el País Vasco y es euskaldun, observa que "el uso de la lengua vasca en la Administración de Justicia es muy escaso”. Aboga por reforzar su conocimiento para que la ciudadanía pueda “ejercitar libremente su derecho a relacionarse con la Administración en cualquiera de las lenguas co-oficiales, sin temor a ocasionar dilaciones que tenga que soportar”.
Para encauzar todos las necesidades expuestas, Maeso aboga por una colaboración institucional y señala que su puerta estará abierta a todos los magistrados y magistradas. “No solo ello, sino que convocaré -según avanza- reuniones periódicas en todos los Partidos Judiciales, a los que me desplazaré, para conocer in situ su problemática”.
Barbarin, quien también apuesta por una justicia bilingüe, defiende además incorporar métodos alternativos de solución de conflictos. “Es absolutamente necesario fomentar el uso de las diversas técnicas de justicia restaurativa en el orden jurisdiccional penal, en fase de instrucción, enjuiciamiento y ejecución, y no sólo para delitos leves, o de menor entidad”.
