Osakidetza acogería a 16.055 mutualistas de Muface si no se mantiene el modelo

El próximo 15 de enero se dará a conocer la decisión de las aseguradoras sobre si se presentarán a la nueva licitación anunciada el pasado diciembre y que contempla un aumento de la prima del 33,5% en los próximos tres años (2025, 2026 y 2027) y el incremento lineal de dicha prima por tramos de edad. De momento, solo se conoce que Adeslas no participará en el proceso por su rechazo a seguir en la mutualidad ante una situación económica que considera “insostenible”. La decisión, por tanto, está en manos de Asisa y DKV, aunque esta última también ha mostrado sus reservas. Un escenario sin Muface obligaría a algo más de un millón de funcionarios públicos a ser atendidos por la sanidad pública. El grueso de ellos se encuentran en comunidades como Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana o Catalunya, que deberían asumir al 60% de los mutualistas que se quedarían sin cobertura privada, mientras que Osakidetza tendría que hacerse cargo de 16.055 funcionarios.

Según los datos publicados por la propia Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), en diciembre de 2023 daba cobertura sanitaria a algo más de 1,5 millones de personas, de las que 1,08 millones, es decir, siete de cada diez, eran atendidas por aseguradoras privadas (un 33% por Adeslas, un 24% por Asis y un 13% por DKV), mientras que las otras 457.000 recibian atención en la sanidad pública.

Proceso extraordinario

Por el momento, desde el pasado 1 de enero y hasta el día 31, los funcionarios que así lo decidan puedan cambiar y sumarse a la sanidad pública, en un proceso extraordinario abierto por el Gobierno a la espera de conocer el futuro de Muface. En caso de resolverse la nueva licitación de forma satisfactoria, los funcionarios podrán volver a la sanidad privada cuando arranque el nuevo concierto, que se estima para el 1 de abril. Teniendo en cuenta que Adeslas ya se ha descolgado, todos los que decidan volver deberán elegir entre las aseguradoras que finalmente concurrieran. Habrá que ver, en esta caso, qué deciden Asisa y DKV.

Mientras, hasta abril, cuando podría empezar la nueva etapa de Muface, los funcionarios tendrán asegurada la asistencia sanitaria. Y es que las aseguradoras están obligadas a facilitar el servicio de mutuas hasta el próximo el 31 de marzo, según el contenido de los nuevos pliegos del concierto.

Rechazo de Adeslas

En sus razones para rechazar sumarse a la nueva licitación, Adeslas alega que le supondría unas pérdidas de “otros 250 millones de euros en los tres años de duración del nuevo contrato”, similares a las obtenidas con el convenio actual. Es decir, un agujero de 500 millones en seis años. “(Muface) lleva años siendo deficitario y, por ello, otras importantes aseguradoras han ido dejando estos contratos y fueron abandonando el sistema. Adeslas ha mantenido su compromiso con el modelo y ha dado continuidad al servicio sanitario a sus clientes a lo largo de los casi 50 años de existencia. Sin embargo, la muy negativa evolución del contrato estos últimos tres años hará que la compañía lo cierre con pérdidas acumuladas de unos 256 millones de euros, difícilmente asumibles y que, de seguir así, comprometerían la solvencia y el futuro de la entidad”, señaló el pasado diciembre en un comunicado.

Adeslas reclamaba al Gobierno un concierto solo por dos años y con una subida acumulada de las primas del 47%, para recoger no solo el aumento de la inflación y la siniestralidad, sino las nuevas coberturas. El incremento queda lejos de lo propuesto por parte del Ejecutivo para esos dos primeros ejercicios, que es del 28%. El restante hasta ese 33,5% sería en 2027.

Así, mientras se produce el trasvase de funcionarios a la sanidad pública, la siguiente fecha importante en el calendario de Muface es el 15 de enero, cuando finaliza el plazo abierto por el Gobierno español para recibir la respuesta de las aseguradoras DKV y Asisa.