Casi un centenar de familias vulnerables de Gipuzkoa que viven bajo la amenaza del desahucio pueden respirar algo más tranquilas en esta recta final de 2024. El Gobierno central ha aprobado este lunes la suspensión durante un año más de esta medida que afecta directamente a inquilinos que se encuentran en situación económica comprometida, y que se ha hecho efectiva tras el acuerdo del Gobierno y Podemos, con el voto afirmativo de PNV y Junts.
La formación morada, liderada por Ione Belarra, define la prórroga como “una buena noticia para la gente trabajadora, para las personas que se encuentran en una situación más vulnerable de nuestra sociedad”. Una decisión de la que se felicita Stop Desahucios Gipuzkoa, que el pasado 4 de diciembre se concentró ante la sede de la Delegación de Vivienda del Gobierno Vasco para denunciar la “grave situación” que atraviesan estos inquilinos, por lo que pidieron a los partidos vascos con representación en el Congreso que solicitaran al Gobierno central esa prórroga, ya que de lo contrario podían “verse durmiendo en la calle”.
Las familias afectadas residen en los municipios tensionados de Donostia, Irun y Errenteria, aunque se estima que puede haber “centenares de casos” más en toda Euskadi, según Stop Desahucios. La prórroga del Real Decreto 11/2020 es un balón de oxígeno para estas familias ya que gracias a él los inquilinos pueden acreditar su situación de vulnerabilidad ante el Juzgado.
Informe de vulnerabilidad
Para acogerse a esta medida es preciso que los Servicios Sociales, a petición del juez, emitan un informe de vulnerabilidad señalando que el municipio no tiene alternativa habitacional. A este respecto, el parque público de alquiler del territorio sigue arrastrando un “déficit crónico”. Según denuncia Stop Desahucios, en Gipuzkoa hay 8.423 viviendas para 21.795 inscritos en las listas de Etxebide, mientras que en el conjunto de Euskadi son 27.720 pisos para 78.475 demandantes de vivienda de alquiler social.
Según advierte la plataforma, tanto el Gobierno Vasco como la consejería de Vivienda y los 43 ayuntamientos tensionados “tienen que responder a la principal preocupación de la ciudadanía, como es la vivienda digna y asequible”, según una reciente publicación del Euskobarómetro.
Stop Desahucios pide que los municipios tensionados puedan acogerse a Ley de Vivienda, una solicitud que trasladan ante la necesidad de topar los “altísimos alquileres impuestos por los fondos buitres y por los grandes tenedores, que en Donostia concentran 3.000 viviendas”. Reclaman a su vez que se aplica la Ley de Vivienda Vasca, con la imposición del canon a los pisos vacíos.
