Stop Desahucios Gipuzkoa denuncia “irregularidades en los contratos de alquiler de viviendas”
Han expuesto los casos de dos hombres que están cerca de ser desahuciados
Stop Desahucios Gipuzkoa ha comparecido este jueves para denunciar la situación que viven Javier, de 57 años y sin recursos económicos, y Fernando, de 72, que percibe una pensión no contributiva complementada con la RGI, quienes están a punto de ser desahuciados de las habitaciones de alquiler en las que viven desde hace varios años. Rosa García, portavoz de la plataforma, ha declarado que “las irregularidades en los contratos temporales, sean de pisos o habitaciones, son muy grandes y se están cometiendo muchos fraudes”.
García ha calificado la situación de “sangrante” y afirma que muchas personas se encuentran “en un limbo legal por las fraudulentas prácticas de muchos caseros o de las inmobiliarias”. Son muchos los contratos verbales que no tienen registro alguno, y es por ello, que en muchas ocasiones no se pueden detener este tipo de desahucios, al encontrarse estos contratos fuera del llamado “escudo social”.
La portavoz ha afirmado que “los contratos temporales no se están ofreciendo solo a gente vulnerable, sino a familias enteras con varios hijos”. También ha añadido que este tipo de contratos se realizan “verbalmente, y se cobran en metálico y en negro para no tener que declarar nada ante Hacienda”, en beneficio de los arrendadores.
Situación delicada
Las situaciones de Fernando y Javier no son sencillas, y están a punto de ser desahuciados de su vivienda habitual. Fernando, de 72 años, recibió un burofax por parte de su casero indicándole que su contrato temporal de 2 años finalizaba el pasado 9 de octubre y que tendría que abandonar la vivienda porque no tenía intención de renovar el acuerdo. Acto seguido, el casero se dirigió al Consistorio para indicar que Fernando, empadronado en la vivienda, ya no vivía ahí, e iniciaron el proceso de desempadronamiento. García ha calificado esta práctica como “un truco”, para no tener que demandar al inquilino, y que hay ocasiones en las que “los caseros se empadronan artificialmente en esas viviendas” para llevar a cabo el proceso.
El consistorio donostiarra ha enviado una notificación a Fernando exigiéndole un escrito en el que explique que es su vivienda habitual, y que de no ser así, tendría que desalojar, perdiendo así el padrón y el derecho a solicitar la RGI, entre otras consecuencias. La organización afirma que “los inquilinos están indefensos con estos contratos”.
Por su parte, Javier, cuyo contrato verbal finalizó el pasado 1 de abril, ha conseguido que su desahucio se haya suspendido hasta resolverse el recurso que ha interpuesto su abogado de oficio. La situación de los protagonistas, que han acreditado estar en situación de vulnerabilidad económica, no es nada sencilla. Los contratos de habitación con derecho a cocina de ambos, que no están regulados por la LAU, son verbales, y han finalizado.
Tampoco se ha querido olvidar del sector turístico, con el que consiguieron su objetivo de regular el incremento de pisos vacacionales, indicando a su vez que “algunos caseros alquilan las habitaciones de sus viviendas temporalmente con contratos de estudiantes, y después en verano los convierten en pisos turísticos”. La organización ha dejado claro que “hacen falta regulaciones en los alquileres de viviendas habituales también” y que no van a detener su lucha para conseguirlo.
Responsables
La portavoz de Stop Desahucios Gipuzkoa ha señalado a los partidos políticos del congreso como máximos responsables de que haya personas que firmen contratos de habitaciones temporales que no están regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y tampoco por la Ley de Vivienda estatal. García cree firmemente que “las personas que llegan a estos acuerdos no tienen otra opción mejor”.
Asimismo, ha exigido responsabilidad a los partidos JUNTS, PP y VOX, porque el pasado octubre rechazaron la toma en consideración de una Proposición de Ley presentada por movimientos sociales en el congreso. La propuesta pedía la regulación de los contratos que tengan una causa real y justificada para acabar así con la desprotección de las familias más vulnerables, y cerrar las vías de escape de la Ley de Vivienda estatal.
También han hecho hincapié en “la responsabilidad que tienen el alcade de Donostia y su equipo de gobierno en la proliferación de este tipo de contratos” en la ciudad. A día de hoy, el número de estos contratos en la capital guipuzcoana triplica los que hay en Bilbao y Gasteiz, y García ha afirmado que “en el Ayuntamiento están poniendo más interés en culpar a la Ley de Vivienda Estatal en el incremento de los casos que en luchar contra ellos”.