El Ayuntamiento de Irun ha solicitado de manera formal al Gobierno Vasco la declaración del municipio como zona tensionada en vivienda. El Consistorio ha remitido al departamento de Vivienda el informe del diagnóstico realizado por Irunvi, la sociedad pública de vivienda, que demuestra que la localidad cumple con los requisitos exigidos por la ley para que la declaración sea aprobada, así como el Plan de Acción y la memoria justificativa, documentación que el Ejecutivo deberá analizar y someter a información pública para resolver el procedimiento.
Irun es el tercer municipio de Euskadi que realiza esta petición formal al Gobierno Vasco. La primera fue Errenteria, que obtuvo el reconocimiento a principios de octubre, mientras que Zumaia, Lasarte-Oria y Galdakao también lo han hecho, si bien todavía se encuentran a la espera de una resolución.
Para que un municipio pueda ser declarado zona tensionada en vivienda deben cumplirse dos requisitos. Por un lado, que el precio de alquiler haya subido en los cinco años anteriores en un 17%, el porcentaje que se entiende equivalente a al menos tres puntos porcentuales superior al crecimiento acumulado del IPC de Euskadi. En el caso de Irun, en el último lustro la subida ha sido del 18,5%.
Por otro lado, la segunda condición consiste en que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, sumado a los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios de los hogares. En la localidad fronteriza dicho porcentaje asciende al 32%.
Tal como ha señalado esta mañana la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, el diagnóstico realizado por Irunvi constata, por tanto, que la localidad cumple los dos requisitos.
Límite al precio de los alquileres
Si el Gobierno Vasco finalmente reconoce a Irun como zona tensionada se pondrían en marcha diversas medidas. Por un lado, se aplicarían las modificaciones realizadas en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con el objetivo de moderar el crecimiento de los precios de alquiler en las viviendas libres. Entre esos cambios se incluye el aumento de tres a cinco años de la duración de la prórroga obligatoria para los contratos de alquiler de vivienda habitual. También se limitaría el precio de la renta en los nuevos contratos, que no podrán exceder al del último contrato anterior realizado, aunque se establecen excepciones para contratos de más de diez años o para casos en los que se hayan realizado mejoras relacionadas con la rehabilitación de la vivienda, la eficiencia energética y la accesibilidad.
Al mismo tiempo, se limitaría el precio de la renta para nuevos contratos de viviendas que no hayan sido arrendadas en los últimos cinco años, así como para los propietarios de cinco o más viviendas.
Duplicar el parque de vivienda pública
La declaración de Irun como zona tensionada también acarrearía la aprobación del Plan de Vivienda a desarrollar en los próximos tres años. “Para revertir la situación en el municipio resulta vital construir un parque de vivienda de alquiler”, ha afirmado Laborda, que ha explicado asimismo que el Ayuntamiento presentó un plan de acción que contempla, en colaboración con el Gobierno Vasco, la construcción de casi mil viviendas de alquiler de protección oficial, lo que supondría prácticamente doblar la cantidad actual.
En concreto, se prevé la construcción de 612 viviendas en San Miguel-Anaka; 99 en Lastaola-Postaetxea; 63 en Korrokoitz; 60 en Alei; 43 en Alberto Larzabal; 36 en Mendipe; 31 en el edificio de Emigración; 22 en Larreaundi; 20 en Lucas de Berroa y 14 en la calle Mayor.
En este sentido, la primera edil ha recordado que hace dos semanas se anunció la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de San Miguel-Anaka, y que el próximo año comenzarán las obras para hacer realidad este proyecto. Además, el pasado martes Irunvi encargó la edificación de la vivienda en el ámbito de Mendipe.
Por último, entre otras consecuencias, la declaración de Irun como zona tensionada implicaría el fomento de programas de intermediación en el mercado de alquiler, ampliando los porcentajes de bonificación en el Impuesto de Bienes e Inmuebles y completando las ayudas para la rehabilitación de las viviendas vacías que pasen a formar parte de dichos programas.
