Las plataformas Stop Desahucios, Inquilinos Azora y Alokairu Benta-Berri han exigido este martes en una concentración frente al Ayuntamiento de Donostia que se solicite al Gobierno Vasco la tramitación por vía de urgencia la declaración de la capital guipuzcoana como zona tensionada y, de este modo, evitar que cuatro familias del barrio de Gros sean desalojadas el próximo 31 de octubre. Además, han hecho un llamamiento para que la ciudadanía acuda este jueves al pleno del Consistorio donostiarra en el que se debatirá la moción de control de los precios del alquiler.
Según han denunciado los propios vecinos, cuatro familias de tres bloques de las calles Segundo Izpizua, Bermingham y Zabaleta han recibido burofaxes del fondo buitre Azora informándoles que sus contratos de alquiler o prórrogas finalizarán el próximo 31 de octubre. "No es un caso nuevo. Hace dos años intentaron la misma estrategia y consiguieron expulsar a varias familias, pero gracias a la Ley de Vivienda se pudo retener a varias", ha explicado Alberto López, uno de los vecinos afectados.
En total, hay conocimiento de que cuatro familias han recibido la notificación, pero se cree que otras podrían también haberla recibido o lo harán próximamente. "Somos tres bloques con 75 viviendas, de las que, al menos, 50 están vacías", ha afirmado López, que ha exigido que los políticos "pasen de las palabras a los hechos".
Por ello, las tres plataformas convocantes han exigido al Ayuntamiento de Donostia que solicite la tramitación al Gobierno Vasco por vía de urgencia los documentos para que la capital guipuzcoana sea declarada municipio tensionado antes del 31 de octubre. Con ello, han recordado, no solo estas cuatro familias podrían solicitar la prórroga de tres años de sus contratos ya finalizados, sino que podrían hacer lo propio aquellas personas en situación similar con sus arrendadores.
Asimismo, han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda este jueves al pleno del Ayuntamiento en el que se debatirá la moción de control registrada por EH Bildu y Elkarrekin para limitar "los especulativos alquileres" en la ciudad.
"Un plazo insuficiente"
Por otro lado, las plataformas también han exigido que la Hacienda Foral de Gipuzkoa envíe "cuanto antes" al Ministerio de Vivienda los datos innominados de los contribuyentes para la confección de los índices de referencia de los precios de los alquileres en los municipios declarados como tensionados, y al nuevo Gobierno Vasco y a la Consejería de Vivienda para que publique "sin dilación" en el BOPV (Boletín Oficial del País Vasco) la orden de procedimiento para declarar Donostia municipio tensionado.
"Se dijo que se haría en septiembre, pero es un plazo insuficiente", ha indicado Rosa García, de Stop Desahucios, que ha recordado que una vez se publique debe haber un plazo de 20 días de exposición pública, al tiempo que ha calificado como "inexplicable" que aún no se haya publicado la orden que declara zona tensionada a Errenteria, primer municipio "en hacer los deberes" para su tramitación.
Por último, las tres plataformas van a solicitar en septiembre la comparecencia de la nueva Consejería para aplicar por la vía de urgencia la ley de vivienda estatal que recientemente el Tribunal Constitucional válido casi en su totalidad. "Las administraciones y los ayuntamientos tienen que demostrar con los hechos, y no solo en campaña electoral, su voluntad política de actuar para limitar los impagables alquileres y poderse aplicar la prórroga de los tres años", han concluido.
