La cita previa obligatoria para hacer trámites en Gipuzkoa no tiene amparo legal

Profesionales y particulares alzan su voz para denunciar que la administración va camino de convertirse “en un búnker” al que “no se puede acceder” sin pasar por el filtro electrónico de la cita previa. 

En Gipuzkoa el mayor problema se registra actualmente en las oficinas que dependen del Gobierno central. Conseguir cita con la Dirección General de Tráfico (DGT) es un ejercicio de paciencia infinita, con esperas que se prolongan más de dos meses. Otro tanto ocurre en la Tesorería General de la Seguridad Social y en las oficinas de Extranjería. En todos los casos se ha impuesto la “dictadura” de una medida que surgió en un contexto excepcional, como fue la crisis del covid-19.

La normalidad ha vuelto después de la pandemia, pero la cita previa permanece. Un proceder “antijurídico”, según señala un letrado guipuzcoano consultado por este periódico, para el que “la administración está actuando, a sabiendas, de forma ilegal”. Su acomodo legal requeriría de una norma con rango de ley, ya que no son suficientes disposiciones administrativas de rango inferior. Así lo exige la ley del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, que no contempla de ningún modo la cita previa. 

La normalidad ha vuelto después de la pandemia pero la cita previa permanece, algo “antijurídico”

Expertos consultados opinan que debe prevalecer “el derecho del ciudadano a poder realizar las gestiones de forma presencial” y sin demoras que eternicen los procesos. Una cuestión que esta misma semana ha vuelto a salir a la palestra tras la recomendación del Ararteko dirigida a la Diputación Foral de Araba. 

Sin atención presencial en una oficina sin gente

La institución le ha pedido que elimine la cita previa obligatoria establecida “para cualquier trámite”. Y lo hace tras estudiar el caso de un ciudadano al que se le impidió acceder a las oficinas de Hacienda en Llodio. Se da la circunstancia de que en esos momentos no había nadie esperando en la oficina, salvo el personal empleado público. 

“No parece existir normativa habilitante que justifique la obligatoriedad de la cita previa y, por lo tanto, parece una medida no sustentada en el interés general y contraria al derecho a una buena administración, que obliga a la administración a motivar sus decisiones”, asegura la defensoría del pueblo vasco en la resolución publicada el martes.

Un caso que revela que no son sólo las administraciones del Estado las que se han sumado a la moda post-covid de instaurar una “tiranía ilegal” con el acceso a veces imposible. Tras la queja del ciudadano presentada ante el Ararteko, la institución se puso en contacto con la administración alavesa para saber qué criterios utilizan para obligar a pedir una cita previa. 

Su respuesta ha sido valorada por el defensor del pueblo como insuficiente e incoherente: “Se destaca la incoherencia entre la información aportada a esta defensoría y la que figura en la página web de la Diputación. A diferencia de lo que informa la administración en su respuesta, la web foral señala que la cita previa es obligatoria para cualquier actuación”, subraya el Ararteko.

Contrario a derecho

Situación similar a la que se produce en las puertas de las oficinas de la Seguridad Social, del Registro Civil o las de empleo. Hay quienes tras intentarlo repetidamente por teléfono o por Internet optan por presentarse físicamente para conseguir realizar los trámites. 

Letrados guipuzcoanos consultados argumentan que la cita previa es contraria a derecho y reclaman el restablecimiento de la atención presencial. Este periódico ha tenido acceso a un documento de cuatro páginas que descansa en despachos de abogados y que se facilita a clientes para que tramiten la queja como paso previo a una posible reclamación judicial. 

“No sería muy razonable pensar que la Constitución nos ha dejado una peor situación con la Administración de la que estábamos en la dictadura”

El formulario explica los motivos de la vulneración del ordenamiento jurídico aplicable. El texto recoge que la aplicación de normativas excepcionales a situaciones ordinarias va en contra del art. 4.2 del Código Civil. 

También señala la obligatoriedad de la Administración, recogida en el art. 103 de la Constitución, de “servir con objetividad a los intereses generales”, lo que “impide el mantenimiento de un sistema que, en lugar de considerar a la Administración como ente instrumental para servir a los ciudadanos, hace que estos se tengan que someter al arbitrio y designios de la Administración”. 

El documento se remonta al art.37 de la Ley de procedimiento administrativo del año 1958, que obligaba a que el horario de atención al público de la Administración fuese lo “suficientemente amplio” para que no se causasen pérdidas de tiempo a los interesados, exigiendo incluso habilitar un horario compatible con el laboral. “No sería muy razonable pensar que la Constitución nos ha dejado una peor situación con la Administración de la que estábamos en la dictadura”, recoge el formulario, en el que se solicita la “eliminación inmediata” del sistema de cita previa obligatoria “por ser contraria a derecho”.

¿La soberanía corresponde al pueblo?

Se trata de recuperar, dicen los letrados consultados, la “idea básica” de que la soberanía corresponde al pueblo, del que emanan todos los poderes del Estado. “Mientras que el poder de los ciudadanos es otorgado directamente por la Constitución, el de la Administración es un poder vicario o delegado; sólo es legítimo si en su actuación sirve de manera efectiva a la ciudadanía, de la que deriva en último término su razón de ser”, defienden. 

Lo cierto es que hoy por hoy los corsés siguen constriñendo a la Administración. Y lo hacen a pesar del anuncio, el pasado 31 de enero, de que el Gobierno pondrá fin en esta legislatura a la cita previa obligatoria en las oficinas de la Administración Pública a través de la modificación en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. "Para interaccionar con la Administración no hace falta tener una cita previa obligatoria", reconocía hace tres meses el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. 

Este cambio se hará a través de un anteproyecto de ley para modificar el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, una modificación que se llevará "lo antes posible" al Congreso de los Diputados para mejorar la relación entre los ciudadanos y los servicios públicos, según indicó el titular de Función Pública. El fin de la cita previa obligatoria forma parte de un nuevo modelo de la Administración Pública que la cartera de Escrivá quiere impulsar en esta legislatura.