Abogados guipuzcoanos estudian dejar el Turno de Oficio como medida de protesta a “una situación insostenible”

Los letrados han recibido finalmente este jueves la carta de pago por los servicios que prestaron durante el último trimestre de 2023, una vez que el Gobierno Vasco ha remitido a los colegios de abogados de los tres territorios los importes. En el mejor de los casos, los profesionales acabarán cobrando casi tres semanas después del plazo límite, algo que ha provocado un indisimulable malestar entre el colectivo. 

El Gobierno Vasco, a través de la Viceconsejería de Justicia, realiza los abonos a trimestre vencido, algo que en esta ocasión se ha demorado más allá del plazo legal. “La verdad es que ya no nos fiamos de nada, pero se supone que este jueves remitirán por fin a los colegios los importes”, señalaba a este periódico, a primera hora de la mañana, un letrado que prefería mantenerse en el anonimato. 

Posteriormente llegaba la confirmación. El ingreso en cuenta es inminente, algo que no ha rebajado el malestar. Los profesionales se marcharon de vacaciones en Semana Santa sin haber cobrado y regresaron del periodo vacacional en la misma situación. El proceso electoral abierto, que culminará este domingo, y una situación administrativa “con ajustes internos en varios departamentos” habrían provocado el retraso de los pagos, según ha trasladado la Viceconsejería de Justicia a los colegios de abogados de los tres territorios vascos.

"La indignación es total"

“La indignación es total”, dicen los profesionales, que no descartan seguir la vía abierta por otros territorios. Es el caso de Ponferrada, donde más de 60 profesionales, entre abogados y procuradores, han hecho efectiva este mes su baja del Turno de Oficio para reivindicar unas mejores condiciones en la prestación de un servicio que llevan cuatro meses sin cobrar. 

El Colegio de Abogados de León, que engloba Ponferrada, se pronunció hace unos días sobre el fenómeno de las bajas en bloque. Si las protestas y las huelgas ponen en peligro la asistencia, la institución se vería obligada a llamar al ejercicio obligatorio para asistir a los ciudadanos que lo necesiten, ya que lo contrario vulneraría la Constitución. 

En Gipuzkoa, en torno a 700 letrados están adscritos al Turno de Oficio en el territorio. Son la primera línea de defensa de los ciudadanos, la maquinaria que garantiza que nadie, por razón económica o de otra índole, quede apartado de la tutela judicial efectiva. 

“Somos unos profesionales que estamos implicados en cuerpo y alma en la defensa de los ciudadanos más vulnerables. Pero recibimos un trato y unas condiciones que no son propias del servicio público que estamos prestando”, señalan fuentes consultadas por este periódico. “Hay compañeros que no pueden ni pagar la hipoteca. ¿Cómo es posible que no sean capaces de ver que, al no ingresar el dinero a tiempo, es como si no te ingresaran la nómina?”, se pregunta un abogado. “No se trata de falta de recursos, sino de una pésima gestión”.  

La abogada Ainize Rekalde, en declaraciones recogidas por este periódico hace tres semanas, lamentaba que habían transcurrido “cuatro meses” desde el último cobro. “No estamos hablando de ningún plus ni de una cantidad extra. Son ingresos ordinarios. Los abogados contamos con ese dinero para afrontar determinados gastos de la vida diaria, como alquileres, cuotas del préstamo hipotecario, el seguro anual del Colegio de Abogados, o la cuota colegial”, enumeraba, sin ocultar el descontento del colectivo. “Estamos ante una situación que no se da entre los funcionarios públicos ni en ningún otro sector”, expresaba.

Calidad del servicio

El colectivo afectado se pregunta por la merma que la calidad del servicio puede acusar en adelante, de seguir así las cosas. “El ciudadano, que tiene derecho a una justicia gratuita, es atendido por un abogado que no cobra por muchas de las gestiones que realiza, y cuando lo hace cobra tarde y mal. No queremos pensar que el servicio se va a deteriorar, pero también lo entenderíamos”, señalan las mismas fuentes. 

Un letrado consultado alude al caso de una compañera de Bizkaia que lleva un asunto por el cual tiene previsto interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Un trabajo “titánico” que, según le han indicado desde el colegio de abogados, no va a estar remunerado, a pesar de tener que invertir más de una semana de su tiempo. “¿Tiene la obligación de hacerlo y no lo va a cobrar? Son situaciones que claman al cielo”, lamenta.