Abogados de Gipuzkoa se han concentrado este mediodía frente al Palacio de Justicia de Donostia y de Eibar para exigir la implicación de todas las administraciones y de los operadores jurídicos en la búsqueda de una solución a la “paralización de la Justicia”.
La movilización en favor de una “urgente e inmediata” reactivación del servicio público ha tenido su réplica en todo el Estado, tras el llamamiento del Consejo General de la Abogacía Española a secundar concentraciones para que sus colegiados muestren su “enorme preocupación” tras cuatro meses consecutivos de paralización de juzgados y tribunales que “tienen colapsado” el servicio público de justicia.
Tras una pancarta en la que podía leerse La Justicia una cuestión de Estado, medio centenar de profesionales -en representación de los casi 2.000 abogados que ejercen en el territorio- se han concentrado en la plaza de Calcuta de Donostia, frente a la sede judicial.
"Ha llegado la hora de meterle mano al servicio de Justicia, porque esta situación es insostenible"
Una estampa a todas luces inusual. La abogacía de por sí es discreta. No es habitual una exposición pública de estas características, “pero ha llegado la hora de meterle mano al servicio de Justicia, porque esta situación es insostenible”, ha indicado a este periódico Gerardo López Sánchez-Sarachaga, decano del Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa.
Con todo, la situación en el País Vasco no parece tan preocupante como la que se registra en el resto del Estado, ya que el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco ha podido solventar muchos de los problemas que siguen condicionando la actividad fuera de nuestra geografía, entre ellos, la huelga de funcionarios.
“Pese a ello, no podemos obviar que el colectivo de la abogacía guipuzcoana ejerce fuera del País Vasco. Además, estamos aquí por solidaridad con el resto de compañeros y compañeras”, ha señalado Sánchez-Sarachaga, presente en la concentración frente al Palacio de Justicia de Donostia.
"Seis meses de parones y huelgas consecutivas"
Cuando el colectivo todavía no había recuperado la plena normalidad tras la pandemia, irrumpió la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, congelando nuevamente la actividad durante meses. Ahora, al reciente conato de la huelga de jueces y fiscales, le ha seguido la de funcionarios, que sigue vigente en el Estado. “Llevamos seis meses de parones y huelgas consecutivas”, denuncia el abogado, que ejerce desde hace 25 años.
Los letrados lamentan que, desde que tienen uso de razón, se venga hablando de “la crisis de la Justicia” como si fuera inherente al servicio que prestan, sin que esas condiciones en las que desarrollan su trabajo “hayan importado mucho, o al menos, no lo suficiente”, sea cual sea el color de los gobiernos, tanto estatal como autonómicos.
“No ha existido aún una legislatura en nuestra democracia en que se haya modernizado verdaderamente este servicio público, como sí las ha habido claramente para la educación, o la sanidad”, señalan en una nota de prensa que han hecho pública estos días, en la que alertan de que el Estado arranca su presidencia europea con una Justicia “que podría considerarse al borde de la quiebra técnica”.
Sánchez-Sarachaga describe con mayor concreción la situación. “De las catorce legislaturas que ha tenido la democracia en este país no ha habido ningún ejecutivo que de forma decidida haya abordado las reformas que el servicio de justicia requiere”. Cita entre ellas la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “que es preconstitucional”, y el hecho de haberse quedado paralizados “en el cajón”, con motivo de la convocatoria de elecciones, el Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia, así como el de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa. “No sabemos lo que va a ocurrir con ellas, pero estas dos leyes pretenden, precisamente, descargar de trabajo a la Justicia”, advierte.
Aseguran que las iniciativas de cambio impulsadas hasta la fecha “no han gozado de suficiente voluntad política”. Así las cosas, nadie termina de implementar las soluciones proyectadas para el servicio público de Justicia, “aunque sea patente para todos que requiere de modo urgente una reorganización que lo haga más rápido y efectivo, así como mayores recursos materiales y personales que aseguren su calidad”.
Los nuevos señalamientos a nivel estatal se están produciendo para 2026 y 2027. Actualmente, en Gipuzkoa, una causa penal que no entraña ninguna complejidad en su instrucción se está juzgando con dos años de retraso. “No se está dando respuesta en tiempos razonables. Es como si la crisis de la justicia fuera consustancial al propio servicio, pero nos negamos a caer en ese costumbrismo. Ha llegado la hora de hacer ágil la justicia”, defiende el decano del Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa.
