De la mano, en defensa del empleo público y el euskera, dos elementos que entienden que son inherentes en Gipuzkoa, la Diputación Foral y los sindicatos mayoritarios del territorio, ELA y LAB, se han concentrado esta mañana frente al Palacio Foral. Así ha sido la respuesta conjunta al recurso presentado por un particular en el contencioso-administrativo nº2 de Donostia contra la Oferta Pública de Empleo (OPE) de personal administrativo de la Diputación foral.
Estamos hablando de 119 plazas ya materializadas ya a través de un concurso de méritos que tuvo lugar el año pasado. y al que solo le falta la resolución definitiva. La propia Diputación de Gipuzkoa se ha sumado a la movilización convocada por los sindicatos, al entender que el proceso llevado ca cabo
Un particular ha presentado un recurso en un juzgado contra la adjudicación de 119 plazas ya materializadas a través de una OPE el año pasado
“cumple con todas las garantías jurídicas”. La institución foral asegura que defenderá sus competencias y la igualdad lingüística “allá donde haga falta”: “Pedir como requisito a una persona empleada pública que sepa euskera, que es una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca no puede considerarse una discriminación. Es algo que debería estar totalmente normalizado”, aseguró la portavoz foral Irune Berasaluze.
En la concentración, que ha tenido lugar a las 10.00 horas de este viernes frente al Palacio foral, se ha lucido una pancarta con el lema: Euskaldunon hizkuntza bermatzeko bidea orain!Y tras ella se han concentrado cerca de un centenar de personas, entre los que se ha visto a miembros del Gobierno foral junto a representantes sindicales.
Voz de alarma
El recurso para tumbar el concurso público está dirigido contra las bases generales del proceso selectivo de la OPE para la estabilización del empleo público aprobado por el Consejo de Gobierno foral el 29 de diciembre de 2022 y se ha presentado en la recta final del proceso de adjudicación de las plazas, una vez publicada la lista con los nombres de los 119 trabajadores que han obtenido el puesto.
Esta concentración es una voz de alarma. Un intento de poner el foco sobre la judicialización de todo lo que tiene que ver con el euskera en los procesos de selección públicos.
Tanto en la administración foral como entre los sindicatos convocantes de la movilización existe el temor a la respuesta judicial vistos los procedentes que se acumulan en los últimos tiempos, en los que la justicia ha fallado de forma sistemática contra las normas y procesos administrativos en los que el conocimiento del euskera forma parte de los requisitos de las ofertas de empleo.
La Diputación defiende que “las y los empleados públicos están al servicio de la ciudadanía”, que tiene el derecho a ser atendida en la lengua que elija. “Nuestra obligación como administración es garantizar la igualdad lingüística y los derechos lingüísticos de todas y todos los ciudadanos, ofreciéndoles el servicio más adecuado”.
