La Fiscalía ha pedido que se dicte una orden de busca y captura contra un varón que no se ha presentado a la vista oral en la que debía haber comparecido este lunes, acusado de violar a una chica de 16 años tutelada por la Diputación de Gipuzkoa.
Según han informado a EFE fuentes del caso, el Ministerio Público ha hecho esta solicitud ante la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa para conseguir que el procesado, de nacionalidad paraguaya, sea puesto a disposición del tribunal y que el juicio oral pueda celebrarse cuando sea localizado.
Los hechos sucedieron entre el 8 y el 9 de junio de 2021, en una vivienda de una localidad de Tolosaldea donde residía el presunto agresor y en la que la menor pasó dos noches, según detalla el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE.
El documento recuerda que la adolescente se encontraba en esos momentos en situación de "acogimiento residencial", bajo la tutela de la Diputación, si bien no había regresado a su centro de acogida tras un permiso de salida.
El texto de la Fiscalía también aclara que la chica presentaba "problemas de control de sus impulsos, regulación emocional y carencia de herramientas de autocuidado y protección", además de contar con "antecedentes psiquiátricos" por los que recibía medicación.
En este contexto, el Ministerio Publico considera que el inculpado, quien por entonces tenía 20 años, se prevalió de la edad de la menor y de su situación "sumamente vulnerable", ya que también había consumido alcohol y cannabis, para violarla y agredirla sexualmente de diferentes maneras, aunque en dos oportunidades la adolescente le manifestó "que no quería".
La Fiscalía destaca también que el imputado "era consciente" de que la chica "tenía limitadas sus facultades".
El Ministerio Fiscal reclama por estos hechos siete años de cárcel para el hombre y que no pueda acercarse a su víctima ni comunicarse con ella durante ocho años.
Además pide que, una vez sea excarcelado, el acusado continúe en situación de libertad vigilada durante siete años y que indemnice a la perjudicada con 25.000 euros más los intereses legales correspondientes por el daño moral causado.
