“Nos hicieron una oferta económica que resulta inadmisible. Entre que pagas la declaración de la renta, con lo que queda, no te puedes ir a ningún lado”. Mari Cruz Altuna tiene 82 años y lleva 57 viviendo en la que siempre han conocido como la Casa de la Junta de Obras del Puerto de Pasajes, un bloque de viviendas que estrenó en la década de los 60 junto a su marido, ya fallecido.

Lleva toda la vida residiendo en estas viviendas cedidas en alquiler, propiedad de la Autoridad Portuaria, a medio camino entre el barrio donostiarra de Herrera y Trintxerpe, sobre los terrenos que discurre el proyecto de acceso a la dársena del puerto a través de las vías del tren. El plan contempla la demolición de varios edificios, entre los que se encuentra este bloque, su hogar desde hace décadas. Denuncia que se ve obligada a marcharse con lo puesto. No es la única octogenaria en levantar la voz. 

Marina García Blasco cumplirá 85 años el mes que viene. “No hemos tenido más que una reunión en la que nos ofrecieron una cantidad con la que no podemos estar conformes”, algo que también suscribe Maite Sarriegi, de 78 años. “Mi marido era trabajador del puerto y tras fallecer me contrataron a mi. He trabajado en el puerto durante 24 años. ¿Y ahora esto? Estamos fatal. La situación es complicada porque hasta que no nos vayamos no nos indemnizan. ¿Pero a dónde vamos a ir? ¿A dónde voy después de 57 años viviendo aquí?”, se pregunta. 

Son tres de las cinco viudas de antiguos trabajadores a quienes se ha reconocido como usuarias vitalicias, y con quienes la Autoridad Portuaria estableció contacto hace ya meses para trasladarles una oferta económica, que han rechazado.  

Maite, Marina y Mari Cruz han contratado los servicios de un abogado, que también defiende los intereses de otras familias perjudicadas, congregadas este lunes en este bloque de viviendas para denunciar que la Autoridad Portuaria de Pasaia quiere desalojarles sin ofrecerles una alternativa. “El puerto y Euskal Trenbide Sarea quieren demoler este bloque que lleva 60 años siendo nuestra casa para construir una vía para trenes de mercancías. Todo esto, sin ofrecer una alternativa habitacional”, ha denunciado Javi Pérez, portavoz de la plataforma vecinal. 

Plan general de rehabilitación

“Hace unos años tuvimos conocimiento por parte de la prensa de que había un plan general de rehabilitación del puerto. Paralelo a esto, Euskal Trenbide Sarea ha puesto en marcha un proyecto de casi 7 millones de euros para llevar las vías hasta el puerto, dentro del cual estaría la demolición de nuestras viviendas. En todo este tipo no hemos tenido noticias del puerto, solamente rumores”, ha reconocido Pérez. 

El plan previsto pasa por derribar las viviendas en las que residen estas doce familias, dentro de un régimen peculiar. Las casas son propiedad de la Autoridad Portuaria, que ha venido cediendo desde la década de los 60 en régimen de alquiler a trabajadores del puerto, que han ido fallecido durante los últimos años.

“Hace unas semanas recibimos el primer contacto del puerto: nos han dado cuatro meses para abandonar las casas. A unas pocas les ofrecen una miseria de indemnizaciones, a la mayoría, la fría calle”, ha denunciado el portavoz, hijo de una de las viudas, que ha comparecido junto a Martín Bautista, integrante del Sindicato de la Vivienda de Oarsoaldea, que ha mostrado su interés por la situación en la que se encuentran las familias y ha emprendido acciones para evitar el desenlace.

“Esta obra va servir para engordar los bolsillos de los grandes empresarios, mientras las instituciones miran para otro lado y nosotros nos quedamos sin nuestras casas”, denuncian las familias. Aunque reconocen no tener demasiada fe en el recorrido judicial, reclaman lo que entienden que es de justicia. “Mi madre tiene un documento que acredita el usufructo con carácter vitalicio. Tienes la tranquilidad de saber que mientras vivas vas a tener la vivienda aquí, y de la noche a la mañana te dicen que afuera con lo puesto”, critica Jose Miguel Etxeberria, hijo de Mari Cruz.