El acuerdo no ha sido posible y tienen que abandonar sus hogares en junio. No son viviendas de su propiedad, pero sus vidas han discurrido en ellas. Los afectados, algunos de los cuales tienen más de 80 años, son los vecinos del número 10 y 11 de la calle Herrera de Trintxerpe, que después de llevar toda la vida residiendo en estas casas, denuncian que la Autoridad Portuaria y Euskal Trenbide Sareak (ETS) les desaloja sin mayores contrapartidas.

Sobre esos terrenos están previstas las obras de acceso y penetración en ancho métrico ferroviario al puerto de Pasaia, por un presupuesto inicial de 5,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses. Será la interconexión entre el modo marítimo y el ferroviario.

La actual línea de Euskotren entre Donostia y Hendaia discurre junto a las instalaciones del puerto, en un tramo descubierto, entre la salida del soterramiento de la estación de Herrera y la entrada al túnel bajo la antigua carretera N-1, de unos 150 metros de longitud. Dos mundos paralelos que se quiere conectar.

En este tramo arrancará el desvío que facilitará la entrada en la red del puerto, o bien su incorporación a la red ferroviaria vasca. ETS ya ha licitado las obras. El problema para los vecinos es que el proyecto obliga a demoler algunas edificaciones, entre las que se encuentran las viviendas en las que residen estas doce familias, dentro de un régimen peculiar.

Las casas son propiedad de la Autoridad Portuaria, que las ha venido cediendo desde la década de los 60 en régimen de alquiler a trabajadores del puerto, que han ido falleciendo con el curso de los últimos años. Sus actuales moradores son cinco viudas de los trabajadores, a quienes se ha reconocido como usuarias vitalicias, y con quienes la Autoridad Portuaria estableció contacto hace ya meses, para trasladarles una oferta económica.

Dos de ellas se han acogido a la propuesta. Las otras tres han dejado el caso en manos de un abogado, el mismo que defiende los intereses del resto de vecinos, la mayor parte hijos de antiguos trabajadores, que no cuentan con ningún reconocimiento a efectos de indemnizaciones correspondientes a la extinción de contratos de arrendamiento suscritos por el puerto de Pasaia.

Pese a ello, es indudable el vínculo emocional que tienen con unos hogares en los que han transcurrido sus vidas. “Dicen que somos ocupas, cuando yo he nacido aquí”, señala una vecina de 56 años, hija de un antiguo empleado, ya fallecido. Hace dos semanas la Autoridad Portuaria les convocó a una reunión.

Después de darse un plazo para acercar posturas, este viernes ha tenido lugar un segundo encuentro, tras el cual el sindicato de la vivienda de Oarsoaldea ha denunciado en un comunicado que “para sorpresa de los afectados, y sin previo aviso, les han hecho saber que tienen que marcharse de sus viviendas en junio sin haberles ofrecido ninguna alternativa”. El sindicato ofrecerá una rueda de prensa el lunes junto a las familias afectadas para dar a conocer la situación.

"¿Después de 60 años, coges y te vas como si nada?"

“Hay personas que han nacido en estas viviendas, que han cuidado de sus padres y han invertido en la mejora de los pisos haciendo obras en casa. ¿Qué haces? ¿Después de 60 años, coges y te vas como si nada?”, se pregunta un vecino. Fuentes de la Autoridad Portuaria consultadas por este periódico han rehusado hacer declaraciones y dejan en manos de los abogados de ambas partes la tramitación de todo el proceso. El letrado que representa a las familias también prefiere guardar silencio.

La licitación ya está en marcha y en los terrenos a expropiar figura, entre otras, la empresa Pescados y Mariscos Rodolfo S.A, distintas edificaciones con uso de almacén, y locales en los que durante estos años atrás han venido guardando sus traineras distintos clubes deportivos.

Se da la circunstancia de que los hijos e hijas de estos antiguos empleados del puerto venían pagando los recibos del alquiler, hasta que dejaron de llegar las facturas. En la carta que recibieron de la Autoridad Portuaria se señala que están ocupando una residencia que no les corresponde. El sindicato de la vivienda ha denunciado en un comunicado que después de fallecer las personas a las que en su día reconocían como titulares de los pisos “han seguido pagando las tasas de alquiler durante muchos años”. Señala, asímismo, que las familias han mantenido estos años atrás diferentes reuniones con las autoridades del puerto para explorar la posibilidad de adquirir las viviendas en propiedad.

“Es curioso que te llamen ocupa cuando estás empadronado aquí, algo de lo que tiene constancia el Ayuntamiento, al igual que Hacienda. Iberdrola envía las facturas a este mismo edificio. ¿Qué llevamos, 60 años de ocupas?”, se pregunta un vecino. “No tenemos nada que hacer. Mi padre era bombero y albañil del puerto de Pasajes. Mi madre falleció con la pandemia hace tres años. Desde entonces me dejaron de pasar el alquiler. Para ellos somos unos okupas, pero yo entiendo que lo son quienes dan una patada a una puerta y entran en una casa. Yo he nacido aquí”, insiste una vecina.