Compraron su vivienda en el barrio donostiarra de Altza en plena burbuja inmobiliaria. José Álvaro Sereño y Narcisa Panchana pagaron por aquel entonces 245.000 euros por 45 metros cuadrados. La crisis económica, como a miles de familias, les puso contra las cuerdas y no pudieron afrontar el pago de las cuotas. Una familia vulnerable a la que, según ha denunciado este viernes el abogado Jose Mari Erauskin, el Banco Santander debía haber informado de la posibilidad de acogerse al Código de Buenas Prácticas Bancarias (CBPB), al que está suscrito la propia entidad.
Se trata de un paquete de ayudas que, entre otras medidas, contempla para estos casos una carencia por cinco años, por la cual las familias que se encuentran en la cuerda floja sólo pagarían los intereses de la hipoteca durante ese tiempo, a la espera de reconducir su situación económica.
Ése es, al menos, espíritu del decreto, pero nada de eso ocurrió. La familia donostiarra, que tiene una hija y cumplía los requisitos para acogerse al también llamado Decreto Guindos, supo de esa alternativa posteriormente, a través de la plataforma Stop Desahucios, que este viernes se ha concentrado frente al Banco Santander, en la Avenida de la Libertad de Donostia, para exigir el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Bancarias.
Se trata de una familia vulnerable que tiene instada una demanda de desahucio en fase de subasta. Ante esta situación, los abogados colaboradores de la plataforma, Maite Ortiz y José Mari Erauskin, han presentado a su vez en el juzgado una demanda contra el banco por incumplimiento de ese paquete de ayudas, al que en su día se adhirió la entidad. “La familia cumplía los requisitos, pero no le informaron de ello. Lejos de hacerlo, el Santander ha respondido solicitando en el juzgado de instrucción número 2 de Donostia el nombramiento de un tasador para proceder a la subasta inmediata de la vivienda”, ha denunciado Erauskin.
La aceptación de la carencia: archivo de la demanda
La aceptación de esa carencia de cinco años obligaría al banco a pedir en el juzgado el archivo de la demanda. La familia donostiarra solicitó la medida el pasado 22 de junio, y volvió a recordar su petición a través de un nuevo burofax enviado el 20 de septiembre. La plataforma entiende que se trata de una situación injusta, teniendo en cuenta que el Decreto Guindos fue aprobado para impedir precisamente la propia situación en la que se ve inmersa esta familia.
No es la única que vive bajo el temor de ser desahuciada. Otras dos familias vulnerables, con demandas instadas por Kutxabank y Caja Rural, van a solicitar una carencia por cinco años a sus bancos, según ha informado Stop Desahucios.
La escalada de tipos del Banco Central Europeo (BCE) ha hecho saltar las alarmas sobre el riesgo de morosidad de las familias. Desde julio de 2022 comenzó un ciclo de incrementos del precio del dinero que se ha convertido en el más agresivo de la historia de la eurozona, lo que comienza a pasar factura a las economías domésticas de Gipuzkoa.
Si Álvaro y Narcisa solicitan una carencia de cinco años, es decir, el pago de los intereses de la hipoteca durante ese tiempo, otras familias ni siquiera tienen los medios para acogerse a esa medida debido a la “brutal” subida del Euribor. Así lo están sufriendo muchos hipotecados en las revisiones de sus préstamos.
“No podemos pagar las desorbitadas cuotas, ni las carencias”, como denunciaron en Donostia el pasado 17 de octubre Mercedes Jiménez y Elena Pando, que firmaron sus hipotecas para adquirir su vivienda habitual en plena burbuja inmobiliaria, cuando el metro cuadrado era de los más altos del Estado.
La deuda que les queda por pagar al banco supera los 200.000 euros. En todos los casos se trata de cuotas abultadas. “Si aplicamos el 4,25 actual a una deuda a partir de 200.000 euros, el resultado es una cuota de la carencia de más de 700 euros, imposible de pagar. Es una medida que se ha desnaturalizado; el Código de Buenas Prácticas Bancarias se ha vaciado de contenido”, denuncia Stop Desahucios.
La plataforma censura que los bancos se muestran reacios a flexibilizar los “estrictos” requisitos. Un comportamiento que tiene lugar “cuando el año pasado, y en lo que va de este, han obtenido ingresos históricos, gracias a la subida del Euríbor y a costa del sufrimiento de miles de clientes”.
