El nuevo Gobierno foral encabezado por Eider Mendoza, sin mayoría absoluta en las Juntas Generales de Gipuzkoa, se llevó ayer su primer revés, sin implicaciones prácticas, pero revés al fin y al cabo, al comprobar que la mayoría del parlamento guipuzcoano le rechazó el proyecto de Norma Foral de la Cuenta General del Territorio de Gipuzkoa 2021. Una especie de suspenso parlamentario a la gestión del presupuesto de dicho ejercicio. Los 27 representantes de la oposición en las Juntas Generales (EH Bildu, PP y Elkarrekin-Podemos) consideraron, de este modo, que el Ejecutivo no gestionó el dinero público debidamente.
El rechazo no tiene ninguna consecuencia práctica. Según fuentes acreditadas consultadas por este periódico, “existe un vacío legal, de hecho. La ley obliga a que el proyecto de norma foral sea enviado todos los años al Pleno para su aprobación, pero no indica qué sucede si no se aprueba”, lo que deja su rechazo en el limbo. “Sucede lo mismo en los Ayuntamientos”, explican estas fuentes.
En este caso, por tanto, el rechazo al proyecto de Norma Foral que el Gobierno ha llevado a las Juntas es más una declaración política, un aviso a navegantes de la oposición, que en la antesala de la negociación de los presupuestos de 2024 recuerda al PNV y el PSE que gobiernan en minoría. Y que deberán buscar apoyos si no quieren problemas.
La no aprobación “no tiene ninguna consecuencia práctica”, pero afea la forma en que se gestionaron los fondos públicos
Especialmente explícito fue el mensaje del portavoz del PP, Mikel Lezama, que en su intervención para explicar el voto no se anduvo con rodeos y afeó al gobierno del PNV y PSE que le dejasen fuera de la ecuación de gobierno y se beneficiasen de la investidura de uno de los votos del PP, que sólo buscaba evitar un gobierno encabezado por Maddalen Iriarte, de EH Bildu.
“Como ya no tiene esa mayoría, es lo que tenemos, unas cuentas rechazadas. Un síntoma de cómo se han hecho las cosas y que nosotros no estamos aquí para pasarlas por alto”, dijo Lezama al PNV y el PSE.
Desde los partidos del Gobierno, recalcaron que el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas ha considerado que la ejecución del presupuesto de 2021 se cumplió “razonablemente bien” y que las deficiencias detectadas son “salvedades puntuales” en un año complicado, justo después de la pandemia.
Temas recurrentes versus salvedades
Ianko Gamboa, del PNV, y Susana García Chueca, del PSE, explicaron que en el informe del Tribunal de Cuentas “ni siquiera se atisba un comportamiento arbitrario por parte del sector público foral” y recalcaron que “las alegaciones puntuales tienen motivación, justificación, que podrán gustar o no”, pero que fueron las Juntas, en todo caso, las que autorizaron a la Diputación a gestionar el presupuesto por mayoría.
Sin embargo, EH Bildu y Elkarrekin-Podemos pusieron el foco en esas deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas, lo que les lleva, dijeron, a “votar en contra”. Son “temas recurrentes”, insistieron, y que figuran siempre en las disconformidades de los informes anuales del Tribunal de Cuentas, sin que se subsanen.
EH Bildu y Elkarrekin-Podemos pusieron el foco en la prórroga de contratos de residencias de mayores, en el hecho de que una sola persona esté autorizada a gestionar los fondos de la sociedad pública Bidegi, que trece contratos de servicios sociales se hayan ejecutado sin la anticipación de tres meses prevista por la ley, que se pagasen con más de 30 días de retraso servicios por valor de 24,8 millones a proveedores, y otros aspectos que consideran “mejorables”, ya que la gestión de los fondos públicos exigen “exquisitez”, llegó a decir el portavoz de EH Bildu, Haritz Pérez.
