La ciberdelincuencia continúa imparable en Euskadi con más de 2.000 víctimas cada mes

Una de cada cuatro infracciones denunciadas en Euskadi se produce actualmente en la jungla virtual de las nuevas tecnologías. Estos delitos han crecido un 31% durante los seis primeros meses del año, con las ciberestafas como principal quebradero de cabeza, prácticamente, nueve de cada diez casos.

Atendiendo a esta secuencia de cifras, la lucha contra el fraude parece más apremiante que nunca, y bajo esa misma premisa se ha presentado este miércoles Cyberzaintza, la nueva Agencia Vasca de Ciberseguridad, destinada a combatir las amenazas derivadas del uso de internet y las nuevas tecnologías en Euskadi.

El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, acompañado por la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ha presidido la reunión constituyente de la agencia, que se ubicará en el Parque Tecnológico de Araba (Miñano), en la sede del actual Basque Cybersecurity Centre.

Ciberestafas: el delito patrimonial por excelencia

Los datos revelan que no hay tiempo que perder, especialmente en la lucha contra las ciberestafas, de las que hay un registro de 11.508 casos en seis meses, con un crecimiento del 30,5%. Se trata del delito patrimonial por excelencia en Euskadi, y sus cifras no dejan de crecer, valiéndose los delincuentes de la complejidad que entraña toda investigación.

Dentro de las diferentes modalidades delictivas de estafa destacan las denuncias por fraude en las inversiones en criptomoneda. Los delincuentes elaboran formas de engaño utilizando la ingeniería social para captar los activos y quedarse con las ganancias obtenidas. En este tipo de estafa los importes defraudados “alcanzan cantidades considerables de dinero para los perjudicados”, según recoge la memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Las reuniones con todos los estamentos implicados se suceden para contener una escalada delictiva que no conoce techo. Como resultado del encuentro a nivel autonómico celebrado el año pasado con los diferentes cuerpos policiales que actúan en el territorio -Ertzaintza, Policía Nacional y Guardia Civil-, se acordó crear un canal de comunicación directo con las delegadas de Fiscalía de la especialidad, para recabar todas las denuncias que se recogen en comisaría y dependencias policiales.

La fiscal delegada especialista de criminalidad informática en Euskadi, Arantza López Martín, reconocía en una entrevista concedida a este periódico la necesidad de buscar elementos comunes en las diferentes denuncias por ciberestafa que vienen registrando, “con una visión lo más amplia posible, estableciendo conexiones y poniendo en relación los datos e investigaciones”. Buscando coincidencias en los modos de actuar de los delincuentes se intenta poner coto a sus fechorías.

Objetivo de Cyberzaintza: velar por la seguridad pública de Euskadi

En esa misma línea, la nueva agencia presentada este miércoles tiene entre otros cometidos “cuidar de la seguridad pública de Euskadi”, para lo cual perseguirá el cibercrimen, protegiendo las infraestructuras “críticas y sensibles”. Este nuevo organismo también se encargará, entre otros objetivos, de proteger datos públicos y empresariales, en coordinación con el equipo de promoción económica del Gobierno Vasco.

Es necesario analizar los ciberataques para responder ante ellos, estableciendo criterios y promoviendo medidas de protección adecuadas. Objetivos ambiciosos de la nueva agencia ante una realidad tan fugaz como volátil en la que, con frecuencia, cambian las preguntas cuando se obtienen las respuestas. Así se desprende de la memoria de la Fiscalía del TSJPV.

“Dado el incremento en estos delitos sería deseable en esta materia incidir en la formación de los operadores jurídicos y policiales para impulsar y facilitar la investigación y tramitación de este nuevo tipo de actividad criminal”, subraya el documento, con especial mención de las ciberestafas. Señala, a este respecto, que está siendo “crucial” la labor que realiza la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática con los expedientes de coordinación de los diferentes territorios.

La memoria recoge otras modalidades delictivas a través de medios informáticos que también registran un “preocupante incremento”. Es el caso de titulares de cuentas bancarias que sirven de destino del dinero que ha sido sustraído a los denunciantes. Transacciones en las que esos mismos titulares de cuentas son a su vez víctimas, ya que sus datos han sido manipulados, generalmente el DNI.

“Estamos ante un auténtico problema. Son nuestras mulas ciegas, como acostumbramos a llamar en judicatura. Titulares de cuentas bancarias que ni siquiera saben que tienen a su nombre esa cuenta, utilizada como vía de recepción de transferencias y movimientos”, señalaba en la misma entrevista López Martín.

Inocentes involucrados en multitud de procedimientos

Como indica en la memoria la Fiscalía, todo ello provoca que estas personas ajenas totalmente a la maquinación delictiva se vean involucradas “en multitud de procedimientos por todo el territorio nacional, en su mayoría incoados por delitos leves de estafa que no llevan aparejada prácticamente instrucción alguna una vez acreditada la titularidad de la cuenta bancaria y el movimiento efectuado, sin pocas posibilidades de defensa al margen de negar su participación en los hechos”.

Una situación que está provocando en los últimos tiempos “un gran esfuerzo, exclusivamente personal”, llevado a cabo por la especialidad de criminalidad informática para evitar, en la medida de lo posible, condenas injustas contra estas nuevas víctimas a través de los expedientes de seguimiento que se abren a nivel nacional.

En ese sentido, para paliar los efectos de estas acciones, la delegada autonómica confiesa que “sería deseable” que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pudieran contar con “una base fiable de denuncias a nivel nacional” que les permitiera, a modo de consulta, poder enlazar los procedimientos abiertos con la misma persona. Una información que, según indica, debería estar a disposición de todos los cuerpos, “tanto nacionales como autonómicos”, para poder investigar mejor los hechos “y poder terminar con los autores reales que manejan las cuentas bancarias” que en la mayoría de las ocasiones están ubicadas en territorio nacional.