Justo el día que se cumple el décimo aniversario de uno de los accidentes ferroviarios más graves de España, el que tuvo lugar el 24 de julio de 2013 en Angrois, todavía está por dilucidar la responsabilidad penal y las causas que propiciaron aquella tragedia, en la que fallecieron 80 personas y resultaron heridas casi un centenar y medio. En plenas fiestas del Apóstol, allá por 2013, un tren Alvia que provenía de la estación de Chamartín, en Madrid, con destino Ferrol, descarriló en la curva de A Grandeira, en Angrois, a pocos kilómetros de la estación compostelana.
El suceso conmocionó a toda la sociedad. De las 224 personas que viajaban a bordo, perdieron la vida 80 y 144 resultaron heridas de diferente consideración. Entre las causas del accidente influyeron diversos factores, pero lo que sí está constatado es que el convoy circulaba a una velocidad de casi 190 kilómetros por hora en un tramo que estaba limitado a 80, superando casi el doble de la velocidad permitida.
El maquinista a bordo del tren, Francisco José Garzón Amo, se percató tarde del exceso de velocidad y, aunque trató de frenar, ya era demasiado tarde.
Sobrevivió al accidente y ahora es uno de los imputados por este suceso, junto al exdirector de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte. Para ambos, la mayoría de las partes personadas en la causa piden cuatro años de cárcel por 80 delitos de homicidio imprudente y 145 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave
Tras diez años de la tragedia, se espera que 2023 sea el año en el que finalmente la justicia se pronuncie sobre la responsabilidad del accidente y las implicaciones de Renfe y Adif en el mismo, así como que se determinen las indemnizaciones por parte de las aseguradoras tanto para los familiares de las víctimas mortales como para las personas que sobrevivieron al accidente.
Tras una fase de instrucción que arrancó en 2013 y finalizó en 2015, el juez Andrés Lago cerró el caso con la única imputación del maquinista. Sin embargo, en 2016, y tras conocerse informes y diversas pruebas relacionadas con el triste episodio, la Audiencia de A Coruña reabrió la instrucción para comprobar si existían otras responsabilidades.
En 2017 el exdirector de seguridad en la circulación de Adif Andrés Cortabitarte fue imputado. Esta nueva fase de instrucción se prolongó hasta 2021. Un año después, en 2022, comenzaría el macrojuicio del Alvia, una vista que comenzó el pasado mes de octubre en la Ciudad de la Cultura debido al alto número de partes personadas.
Un expediente con 44.460 folios
El expediente principal del juicio está conformado por 44.460 folios, los cuales están divididos en 95 tomos. Durante meses, han declarado casi 700 personas entre testigos, testigos peritos y peritos. A cargo de la causa está la magistrada María Elena Fernández Currás, la encargada de dictar una sentencia que lleva esperándose una década.
Apenas quedan dos sesiones de juicio, que desde junio afronta el trámite documental y las conclusiones. Al maquinista, Francisco Garzón, la mayoría de las partes le culpan por imprudencia y por “desatender la conducción” al contestar a una llamada telefónica del interventor que resultaba “intrascendente” y que se prolongó “durante 100 segundos”.
Por otro lado, al exdirectivo de Adif Andrés Cortabitarte se le acusa de ser responsable del descarrilamiento por no realizar el análisis de riesgos de la línea entre Ourense y Santiago, no haber tomado las precauciones para proteger la vía y desconectar a bordo el sistema de seguridad ERTMS.
Cambio de criterio de la Fiscalía
- ¿Un error humano? Las defensas han basado su estrategia en echar las culpas al otro. La sorpresa llegó cuando en su escrito de conclusiones el Ministerio Público retiró la acusación contra Cortabitarte y mantuvo solo la de Garzón. Expuso el fiscal que el exdirectivo de Adif cumplió los protocolos y manifestó sus “dudas” sobre su responsabilidad penal ante unos hechos que “se produjeron por un error humano”, que cometió Garzón. Sin embargo, los abogados que defienden a las víctimas sí han mantenido ambas acusaciones y consideran que el cambio de criterio de la Fiscalía es una estrategia para proteger al Estado de una posible condena contra un alto cargo de Adif, que pueda salpicar al administrador ferroviario español.
