Malas noticias para el Gobierno francés. El Tribunal Administrativo de Pau ha suspendido en las últimas horas la orden de la prefectura de los Pirineos Atlánticos de controlar la frontera entre Irun, Hendaia y Urruña mediante drones. Una medida que pretendía subsanar la escasez de medios policiales para la persecución de los migrantes y que se topa la negativa de los tribunales por vulnerar contra derechos fundamentales.
“Tenemos un problema legal y político: lo que está en juego es el paradigma de nuestra sociedad actual”, ha denunciado la abogada Isabelle Casau a Sud Ouest y La République des Pyrenées sobre una medida que era “el primer paso” para abrir la puerta a “excesos totalitarios motivados en un deseo de vigilancia generalizada”.
Se trata de la primera victoria del grupo de abogados de Baiona y Pau que trabajan en favor de los derechos de las personas migrantes y que han comenzado un camino judicial contra estas medidas en la muga, incluido un recurso contra el cierre unilateral del Puente Avenida.
La orden de la Prefectura, datada el pasado 28 de junio y que en primera instancia iba a estar en vigor hasta el 26 de julio, contemplaba volar un dron en un área de 22 kilómetros cuadrados entre Hendaia y Urruña. En concreto, una zona de forma trapezoidal entre el puente de Behobia, el casco urbano de Urruña, Aire Leku y Endarlatsa.
Un área, han entendido los abogados, que va mucho más allá de la frontera específica e incluye zonas residenciales que iban a estar sometidas bajo vigilancia de dron todos los días de 9:00 horas a 18:00 horas. “Jardines, patios interiores y hasta un parque de ocio: ¡lo ven todo!”, han denunciado los abogados una conculcación, en definitiva, de derechos fundamentales, sobre todo el respeto a la vida privada, la protección de datos personales y la no discriminación.
El Gobierno francés se encuentra con problemas para controlar su frontera, ya que de los 35 agentes necesarios, apenas puede contar con una veintena, según reconoce al mismo medio al jefe de Gabinete de la Prefectura, Vincent Bernard-Lafoucrière. Antes de la vista celebrada esta semana tras una iniciativa de la abogacía tras la que ve “motivos políticos”, ha defendido la necesidad de “medios técnicos” que apoyen la labor de los agentes en una zona rural y ha reconocido que el uso de drones puede atentar derechos y libertades, por lo que habían establecido “un marco de uso de las imágenes muy estricto para los agentes”.
Escasez de medios
Francia se propone dos objetivos con el control de la frontera: por un lado, la lucha contra el terrorismo, y por otro, el “control de la inmigración ilegal”, un fin que en el día a día se ha convertido en el prioritario y para el que no cuenta con suficientes medios humanos. Lo ha reconocido el jefe de Gabinete de la Prefectura y también eso se deduce de las conversaciones que mantiene con el Gobierno español.
Pese a que existe en Hendaia un centro de mando policial en el que cuerpos de ambos estados y la Ertzaintza comparten trabajo (el denominado Centro de Cooperación Policial y Aduanera), también en materia aduanera y de migración, el Estado francés quiere ir un paso más allá y que patrullas conjuntas vigilen el río, para lo que exige a Madrid a que contribuya a ello. Más aún, si el Ejecutivo español -que en plena campaña electoral guarda silencio al respecto- accediera, Francia podría reabrir el Puente Avenida.
Así lo ha expresado en más de una ocasión en el último mes el propio prefecto, Julien Charles. Una de esas ocasiones fue en Hendaia, en la inauguración de una comisaría conjunta de la Policía local y la Policía Nacional.
Por el momento, la reapertura del Puente Avenida cerrado desde 2021 no pasa de anecdótico: se reabrió para el paso del Tour por el contiguo Puente de Santiago el pasado 3 de julio. Una decisión que duró unas horas y que terminó provocando el enfado de centenares de vecinos, que protestaron con dos concentraciones el jueves y el viernes pasado, contando esta con la unanimidad de las fuerzas políticas de Gipuzkoa. Un enfado con la política fronteriza francesa que va creciendo y que empieza a encontrarse reveses judiciales.
