La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, no comparte la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que anula el tener que alegar válidamente el desconocimiento del euskera para pedir documentación en castellano. Considera que la resolución del TC ahonda en la erosión del autogobierno y supone un nuevo desprecio al euskera y al consenso social en torno a este asunto. Olatz Garamendi criticó ayer con dureza la sentencia del Tribunal Constitucional que estima la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en relación con el precepto 2 del art.6 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi (LILE).
En el origen de esta causa se encuentra el recurso presentado por Vox ante el TSJPV contra el Decreto 179/2019 sobre normalización del uso en las instituciones de las lenguas oficiales en las entidades locales de Euskadi. La sentencia, que fue adelantada en una nota informativa publicada por el Alto Tribunal, supone la nulidad de dicho precepto y sostiene que la exigencia del desconocimiento del euskera para que las órdenes del día, mociones, acuerdos y actas de las entidades locales sean redactadas en castellano, supone un trato preferente del euskera. El tribunal considera que esto menoscaba los derechos lingüísticos de los miembros de las entidades locales.
Según afirmó Garamendi, el Gobierno vasco “no comparte la sentencia y considera que supone una vulneración del autogobierno vasco y un nuevo desprecio al euskera, a sus hablantes y al consenso social en Euskadi en torno a esta materia”. La decisión del Tribunal Constitucional, dijo, “ahonda en la erosión que el autogobierno viene sufriendo en los últimos años de intensa pulsión recentralizadora por parte del Estado”.
Según la consejera, esta sentencia “ignora el camino de diálogo y acuerdo que se ha recorrido en nuestras administraciones durante estas cuatro últimas décadas”. Asimismo, afirmó que la ley “no establece la prevalencia del euskera respecto del castellano y que el precepto no supone una carga de prueba para un miembro de la corporación municipal que desconozca el euskera”. Además, recordó que el propio TC ya ha sentenciado que las entidades locales pueden utilizar tanto el euskera como el castellano con normalidad, bien en las relaciones internas, en las relaciones entre ellas o en sus comunicaciones con los particulares.
En este sentido, Garamendi censuró “la intensa judicialización del euskera” y adviertió de que “estamos ante una ideologización de la lengua que se saca de su contexto natural, la natural comunicación entre personas que la tienen como propia”. A su juicio, esta realidad judicial “lleva una suerte de contractivismo que, en este caso, alcanza al trabajo de las personas miembros de las corporaciones locales en relación con los documentos escritos que manejan”.
