La Audiencia de Gipuzkoa es un tribunal colegiado, por lo que son siempre tres magistrados quienes forman sala en los juicios. Sería suficiente con que uno de ellos secunde la huelga para no poder celebrarse la vista, algo que, por el momento, no parece probable a pesar del tenso pulso que mantienen las asociaciones de jueces y fiscales con el Gobierno para lograr una subida salarial.
Tras las últimas negociaciones con los ministerios de Justicia y Hacienda, y tras más de cuatro horas de reunión el miércoles sin conseguir cerrar un acuerdo, las asociaciones de jueces y fiscales se han dado un nuevo plazo y han decidido retrasar al día 22 la huelga que estaba prevista a partir de este próximo martes, día en el que se reanudarán las conversaciones.
“En el supuesto de que el día 22 haya asociaciones que sigan llamando a la huelga, no esperamos que haya una gran repercusión en la Audiencia de Gipuzkoa. No lo esperamos, aunque, evidentemente, no se puede saber con certeza”, admite el magistrado Augusto Maeso Ventureira, coordinador de Juezas y Jueces para la Democracia en Euskadi.
El Ministerio se ha comprometido a presentar su oferta por escrito, como le han reclamado las asociaciones. La subida salarial propuesta implica incrementos de hasta 490 euros al mes, y establece una serie de plazos para el pago de la mejora retributiva. Fija un 40% con efecto retroactivo a 1 de enero de 2023, por lo que lo devengado hasta ahora se traduciría en una paga extra durante el último trimestre de 2023. El 40% a partir de 1 de enero de 2024, y el 20% el restante a partir del 1 de julio de 2024, en lugar de 1 enero 2025.
Respuesta a la propuesta: el jueves 18
Las asociaciones de jueces y fiscales tienen previsto responder a la propuesta el día 18. A la espera de la decisión que adopten, sobre el 22 de mayo parece pender la espada de Damocles ya que a partir de esa fecha hay convocada paralelamente una huelga indefinida de funcionarios de la Administración de Justicia. Llevan realizando paros desde el pasado 17 de abril y reivindican un aumento salarial en la línea con el acordado con los letrados por el Ministerio que dirige Pilar Llop.
Han decidido recrudecer sus movilizaciones, y amenazan con colapsar la Administración de Justicia. El grupo de funcionarios es el encargado de las notificaciones, el que realiza la tramitación ordinaria. En sala, cuando se celebran los juicios, es el personal encargado, entre otras tareas, de conectar las videoconferencias o llamar a testigos. “Sin funcionarios no podemos celebrar juicios. Por el momento en la Audiencia no está habiendo una gran repercursión, algo que se percibe más en los juzgados”, detalla el magistrado.
El colegio de abogados de Gipuzkoa (ICAGI) ha denunciado este viernes la "indefensión" que, a su juicio, están provocando a los letrados y a la ciudadanía las diferentes huelgas que tienen lugar en el ámbito de la Justicia, a pesar del "respeto" que les merecen "las reivindicaciones de todos los implicados".
"No es que llueva sobre mojado, es que llevamos tiempo inundados", se lamenta el ICAGI, que recuerda que sus colegiados tienen que trabajar "dentro de un sistema judicial que no acaba de ponerse al día" ya que, "a los habituales problemas estructurales que arrastra desde hace años se sumó -en su momento- el retraso provocado por la pandemia".
Aclara, en este sentido, que tras dos meses de huelga de los LAJ, "se ha acusado todavía más la paralización de los juzgados" y "ahora" hay "una nueva convocatoria" de funcionarios, mientras "se anuncian próximamente más movilizaciones, de jueces y fiscales. Una situación que, según desvela, "está poniendo en jaque" los derechos de distintos "colectivos" entre los que se encuentran "los profesionales de la abogacía".
Diez días "para evitar el colapso absoluto"
Los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública "tienen diez días para evitar el colapso absoluto en la administración de Justicia", ha alertado esta semana Javier Jordán, responsable de Justicia de CSIF, el sindicato mayoritario funcionarios de la Administración. Los sindicatos que hasta ahora han promovido movilizaciones, paros parciales y huelgas puntuales de 24 horas, endurecen así su presión hacia el Gobierno para que les plantee una oferta retributiva "como sí ha hecho con los letrados (de la administración de Justicia) y como sí está haciendo con los jueces y fiscales".
Entretanto, el colegio de abogados de Gipuzkoa recuerda que cada vista suspendida pone en riesgo la viabilidad de la actividad profesional. “Tenemos ejemplos de viajes para la celebración de un juicio suspendido en el último momento, consultas de expedientes sin atender, consignaciones judiciales sin tramitar. Y en última instancia, por cada letrado, un justiciable desamparado", recalca el colegio. Por estos motivos, solicita a los poderes públicos que "impulsen de manera urgente un Pacto de Estado que ponga fin a esta situación insostenible para la sociedad y los profesionales de la abogacía".
"Exigimos que las partes implicadas no se levanten de la mesa de negociación hasta que se alcance un acuerdo. Exigimos respeto a nuestra función, en nombre propio y en nombre de aquellos a los que defendemos: los ciudadanos", proclaman.
