La judicatura guipuzcoana se siente “desbordada” de trabajo y con una creciente sensación de “impotencia”. Lamentan no poder dar una respuesta “de calidad” a la ciudadanía. “Claro que entendemos sus demandas, pero no podemos contestar con la debida motivación y rapidez. Cada vez se nos exige más, pero hacen falta medios”, declara a este periódico Augusto Maeso, coordinador de Juezas y Jueces para la Democracia en Euskadi.
Esta asociación de profesionales no es, por el momento, partidaria de la huelga indefinida anunciada a partir del 16 de mayo “por motivos solo salariales”. Sus socios prefieren aguardar al 3 de mayo, cuando se reúne la Mesa de Retribuciones, a la que deben asistir representantes de los Ministerios de Justicia y de Hacienda. “Creemos que antes de esa reunión no procede anticipar ninguna huelga. Después, ya veremos”, indica el magistrado guipuzcoano, que no obstante reconoce que existe una lectura “compartida por todos los profesionales” en relación a las condiciones en las que desempeñan su trabajo.
Las Asociaciones Judiciales y Fiscales llevan años “preocupadas”, denunciando falta de dotación suficiente. Lamentan que la administración de Justicia sea “la cenicienta”, con cargas de trabajo que afectan tanto a la “calidad y rapidez” de la respuesta judicial. “Hacen falta más órganos judiciales, y necesitamos un mayor apoyo en las decisiones que adoptamos en base a unos informes de los equipos técnicos que acusan una demora excesiva”, expone Maeso a modo de ejemplo.
Servicio Vasco de Gestión de Penas "sobrecargado"
Otro tanto ocurre con la ejecución de sentencias. Para decretar una medida de ingreso en prisión o, por el contrario, la suspensión al apreciarse escasa peligrosidad del investigado, es para los jueces de enorme utilidad el informe de la situación personal del procesado. El problema, nuevamente, es que el Servicio Vasco de Gestión de Penas (SVGP) está “sobrecargado”, aseguran los profesionales. Los jueces censuran que todo se fíe a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser –dicen– el único remedio a “la sobrecarga y la elevada litigiosidad”.
Tras las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia los días 31 de marzo (las Asociaciones Judiciales) y 4 de abril (las Asociaciones Fiscales), anunciaron su intención de elaborar un calendario de medidas de presión.
Surge en ese contexto la convocatoria de una huelga indefinida. Una medida ante la cual la asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, aun “compartiendo el diagnóstico de la situación y las mejoras necesarias para superar el estancamiento actual”, estiman oportuno esperar a conocer el planteamiento del Ministerio de Hacienda en la reunión de la Mesa prevista para el día 3 de mayo.
No renuncian a adherirse a la convocatoria de huelga en función de su resultado. “Manifestamos nuestro firme propósito de trabajar para alcanzar un acuerdo que evite tener que poner en marcha las medidas de presión anunciadas, desde la misma buena fe que nos ha animado hasta ahora”, señalan las asociaciones en un comunicado conjunto. Y añaden que no permitirán que “esa actitud responsable sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los Ministerios de Justicia y Hacienda”.
