Entre 2002 y 2008, años que coinciden con la época en la que el Ayuntamiento de Lasarte-Oria envió sin control algunos miles de euros al municipio nicaragüense de Somoto, la entonces alcaldesa, Ana Urchueguía, adquirió al menos cinco propiedades inmuebles ubicadas en el Departamento de Madriz, cuya capital es precisamente Somoto. Entre ellas se encontraba una finca de un millón de metros cuadrados que, además, adquirió a una de las ONG a las que el Consistorio lasarteoriotarra enviaba los fondos de cooperación.

La socialista acaba de llegar a un acuerdo para evitar la apertura del juicio oral en el que admite los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por la gestión que realizó del dinero que Lasarte Oria envió desde 1997, cuando se hermanó con el municipio nicaragüense, hasta 2009, cuando las sospechas de irregularidades paralizaron el envío de dinero.

A falta de que se publique la sentencia, Urchueguía evitará la cárcel gracias a la reciente reforma del Código Penal y porque no ha quedado demostrado que hubiera enriquecimiento público.

El acuerdo deja sin resolver cómo la socialista, a la que el PSE ha suspendido de militancia tras anunciarse el acuerdo judicial, compró esos inmuebles que sacó a la luz la investigación de NOTICIAS DE GIPUZKOA, aportando los documentos de compraventa de cada uno de ellos.

La primera que adquirió, el 18 de noviembre de 2002, fue una finca de cinco hectáreas donde tenía una casa en la zona de Aguas Calientes.

Antes de 2007, cuando otros medios publicaron las primeras informaciones acusando a Urchueguía de los delitos que ahora ha admitido, Urchueguía ya poseía tres propiedades compradas en marzo y abril de 2006. Justo después de ganar en 2007 las elecciones, adquirió la polémica finca a la ONG Asodecom, compra que ella llegó a negar en un primer momento, para admitirlo posteriormente cuando se publicó el documento oficial de compraventa. Finalmente, en la comparecencia que protagonizó en el Parlamento Vasco reconoció que había sido un error.

En septiembre de 2008 adquirió otra finca en Caucalí.

Hasta 2007, año en el que comienzan a aparecer las primeras informaciones que ponen en entredicho la gestión personalista de los fondos de cooperación que realizaba Ana Urchueguía, la exalcaldesa informó, más o menos, del aumento de su patrimonio en tierras nicaragüenses (antes de 2007 había informado de dos de las tres fincas que ya poseía).

Pero, posteriormente, cuando ya su figura estaba en el centro de la polémica, no llevó a cabo los trámites para informar en la declaración de bienes, como es preceptivo, de las otras adquisiciones. Es más, gracias a una investigación de la Fiscalía salió a la luz la sexta finca en manos de Urchueguía y comprada en agosto de 2010.

Como ha quedado demostrado con el hecho de que el juez de instrucción llegó a archivar temporalmente la causa por la falta de colaboración de las autoridades nicaragüenses (la investigación estuvo parada seis años), resulta muy difícil comprobar cómo se realizaron y con qué fondos las adquisiciones de todos estos terrenos, en un departamento que sigue liderado por el Frente Sandinista que gobernaba cuando Lasarte-Oria envió más de dos millones de euros a proyectos de cooperación que no se fiscalizaron.

Pero como ya publicó este diario tras consultar a expertos en cooperación, la compra de propiedades en Somoto supone “una violación del código de conducta de la cooperación internacional”, en el que se aconseja a instituciones donantes y ONG a practicar la austeridad para evitar agravios con las comunidades beneficiarias.