¿En qué medida el auge de la extrema derecha está detrás del aumento de los delitos de odio?

Es necesario hacer una primera consideración. En el debate español hay una cierta distorsión por la cual los delitos de odio se están utilizando para contenidos puramente ideológicos, de enfrentamiento entre partidos. Es demasiado habitual utilizar esa vía para una querella de unos grupos contra otros. Pero el enfrentamiento ideológico, en principio, no es una materia propia de los delitos de odio.

¿El delito de odio es algo más odiar?

Es odiar con eficacia de tal manera que pones en peligro a un grupo minoritario. Por eso en nuestro entorno, el delito puramente ideológico queda fuera de los delitos de odio. Si se pegan por intolerancia un miembro de un partido contra otro, hay delito, pero no de odio. Los medios de comunicación lo presentan demasiado como algo ideológico, algo que solo ocurre aquí y en Irlanda del Norte.

¿Se desvirtúa así el objetivo de la ley?

Debemos tener cuidado. Es una mala noticia la aplicación de este delito en ese sentido porque desvía el tiro. El delito de odio nació para proteger a minorías vulnerables, no para ventilar debates ideológicos, y menos en materia de libertad de expresión.

¿La extrema derecha está poniendo en riesgo a los grupos vulnerables?

Sí, ese es el problema, y el origen del nacimiento del delito de odio. Lo que se busca es un principio de igualdad en términos jurídico-penales porque se aterroriza a determinados colectivos, y lo que se les hace tiene un efecto comunitario al limitar los derechos fundamentales de todos los de alrededor. Los delitos de odio son un termómetro de la intolerancia de la extrema derecha y de la calidad de vida de los grupos minoritarios. En consecuencia, de la calidad de vida de la democracia.

En el Estado los delitos de odio se han concentrado en los delitos de expresión. ¿Es una anomalía con respecto a lo que ocurre en otros países?

Los delitos de expresión representan cifras muy bajas en la estadística europea, mientras que en el Estado son la inmensa mayoría. La evolución es clara en Euskadi en los últimos siete años. Si antes, de diez delitos siete eran de expresión, hoy esa relación ha bajado a cinco. Es una buena noticia porque los delitos de odio no se pueden utilizar para constreñir la libertad de expresión. Tiene que refinarse la estadística policial para detectar adecuadamente lo más grave, que son los delitos con hechos.

¿Hace falta acotar más los delitos de expresión?

Es necesario que solo se detecten los delitos de expresión cuando tienen entidad. No puede ser cualquier cosa que suene malsonante, porque entonces nos cargamos la democracia. Tiene que haber un umbral de exigencia. No se trata tanto de señalar cosas que nos inquietan o nos suenan mal sino que tienen que tener la capacidad de poner en riesgo a todo un colectivo, casi una amenaza. De lo contrario, los tribunales empiezan a judicializar amplísimos espectros de discusión pública. Hay que combatir las expresiones intolerantes con muchos instrumentos. Así, solo unas pocas expresiones irán a la sede penal, mientras que sí van todos los delitos con hechos. Ahora mismo hay en torno a ello un debate jurídico tremendo.