Manuel Lezertua: “No descartamos acudir a Fiscalía con los ayuntamientos que no colaboren”

¿Cansado de tanto silencio administrativo?

Evidentemente, siento una cierta frustración cuando veo que no hay respuesta a las peticiones de colaboración que formulamos. Lo más grave de todo ello es que si no hay colaboración en ese sentido, se está impidiendo una protección adecuada de los derechos de la ciudadanía. Y así no pueden funcionar los mecanismos que existen para corregir esas irregularidades. 

¿Casos puntuales o no tanto?

En diciembre lanzamos 45 apercibimientos, que son la última fase del procedimiento, un mecanismo que hasta ahora no habíamos utilizado. 

¿Apercibimientos en qué sentido?

Recordatorios a la administración de que no ha respondido a la petición de información ni a los requerimientos. Hemos tenido que advertir en todos esos casos que no cooperar con el Ararteko es un delito que figura en el Código Penal. Y, desde ese punto de vista, también en esas 45 ocasiones hemos recordado que esa falta de cooperación es un delito que podemos llegar a plantear ante el Ministerio Fiscal. No es situación agradable, pero al menos ha resultado efectiva porque para finales de marzo prácticamente todos los ayuntamientos vascos apercibidos habían enviado ya sus respuestas. 

¿Con mucha demora?

Acabo de firmar una resolución de un ayuntamiento que ha tardado en responder casi un año, algo que va en detrimento de los ciudadanos y de sus derechos. Quedan todavía algunos ayuntamientos, cuatro o cinco, que todavía no han contestado y actuaremos con las herramientas que nos da la ley para que lo hagan. 

¿Qué medidas contemplan?

Bueno, hemos dado diferentes pasos. Tras advertirles de que no responder es un delito, hemos trasladado esta cuestión al Parlamento y, en ese sentido, sabemos que está habiendo intervenciones de diversos grupos para determinar por qué no se responde. Es algo que está surtiendo efecto. También hemos establecido contactos con alcaldes y con diferentes departamentos para lamentar esta situación. En última instancia, nos queda la vía de la Fiscalía para que considere si debe proceder penalmente contra los ayuntamientos que no responden. 

De modo que no descartan ir a los tribunales. 

No. De hecho, tenemos prevista próximamente una reunión con la Fiscalía Superior del País Vasco, y este será uno de los temas que tratemos. Esperemos que para entonces no quede ningún ayuntamiento que no haya respondido y siga sin colaborar. 

¿Hay municipios guipuzcoanos que persistan en ese silencio administrativo?

Los ha habido, pero todos han respondido antes de finales de marzo. 

¿Y qué tipo de quejas ciudadanas afectan a esos ayuntamientos más díscolos?

La casuística es variada. En ocasiones, se trata de vecinos que acuden al ayuntamiento tras quejarse por una operación urbanística. Es preciso en esos supuestos determinar si hay que corregir desmanes o incumplimientos de la legislación urbanística. En otros casos, han solicitado una licencia para hacer una obra en casa o, simplemente, recurren ante una multa. Son situaciones que inevitablemente acaban en el Ararteko, y los ayuntamientos tienen la obligación de responder. No tienen por qué dar la razón a la ciudadanía, pero sí tienen que dar una respuesta motivada. Podemos entender que para algunos ayuntamientos sea más difícil responder en plazo, pero no nos enfadamos inmediatamente. El problema surge cuando pasa el tiempo y persiste ese silencio. 

Reflexión en torno a un cambio legal

¿Aboga por un cambio legal que permita imponer multas a esas administraciones menos receptivas?

He pedido que se reflexione sobre la posibilidad de reforzar el mecanismo del Ararteko en algunos ámbitos, entre ellos, el que permita imponer sanciones. Hay ejemplos, como en Navarra, que nos indican que puede ser efectivo disponer de un mecanismo que sea coercitivo para que las cosas se agilicen. Al final y al cabo lo que está en juego es la protección de los derechos de la ciudadanía. La ley del Ararteko tiene casi cuarenta años y, quizá, es el momento de pensar cómo se puede reforzar la institución. Euskadi fue pionera en su momento, con una ley muy avanzada, pero vemos ejemplos en otras muchas defensorías del mundo que nos indican que puede ser positivo dar más facultades de actuación. Hemos lanzado esa reflexión. Será el Parlamento el que decida si tiene que haber reforma o no. 

¿La ciudadanía cuando se queja, por lo general, tiene razón?

Para ser precisos, en casi el 90% de los casos tramitamos la queja y el asunto se resuelve sin necesidad de llegar a una reclamación formal, bien porque nos damos cuenta de que no tiene base, o bien porque la administración nos da la razón y corrige aquello que ha suscitado la queja. Ocurre muy a menudo. La actuación informal del Ararteko es muy importante. En los casos en los que tenemos que llegar a una resolución formal, la ciudadanía tiene la razón en un 50% de los casos. 

El alza de los precios, especialmente los relacionados con la energía, ha motivado muchas quejas ciudadanas. ¿El Ararteko tiene margen de maniobra para examinar servicios públicos gestionados por empresas privadas?

No, es una de las consecuencias derivadas de la antigüedad de la ley. Solo podemos actuar cuando hay una intervención administrativa, y en la fijación de los precios no tenemos ámbito de competencia. Estamos en una economía de mercado, algo que no depende de la administración. No podemos intervenir pero sí hemos solicitado una reflexión en torno al papel que puede tener el Ararteko al analizar los servicios públicos esenciales en manos privadas. Hay muchos ámbitos que se gestionan mediante concesiones: Telefonía, seguros, entidades financieras, cuya actividad tiene una incidencia muy alta en la vida de las personas. En algunos casos, se ha reconocido que el Ararteko puede intervenir y queremos que se estudie, para que el Parlamento determine si es posible o no. 

Quejas en Osakidetza

Las quejas relacionadas con Osakidetza se han disparado un 220%. ¿Tan mal está funcionando el Servicio Vasco de Salud?

La pandemia ha tensionado todo el sistema, y ha evidenciado algunos problemas que estaban subyacentes. Los ciudadanos vascos son muy conscientes de los problemas de salud. Todo el mundo tiene en su entorno a alguien que ha sufrido algún retraso en alguna prueba médica, lo que acaba afectando mucho a la vida social. Las personas acuden más al Ararteko porque estamos viviendo una época de postpandemia en la que se está intentando reabsorber las consecuencias de la crisis sanitaria. El problema es que las medidas que se han adoptado no han producido su efecto en todos los casos y algunas cuestiones todavía costará mucho resolver. 

¿Qué respuesta perciben de la consejería de Salud cuando les trasladan las quejas y recomendaciones de la ciudadanía?

Excelente. Hemos planteado quejas individuales, y nos responden siempre en plazo y con una actitud colaboradora. Como había tantas quejas, también hemos tenido que agruparlas por bloques, y hemos mantenido encuentros con el equipo de Salud para buscar respuestas colectivas a problemas que se estaban planteando. 

¿La gestión de las ayudas de inserción social es mejorable?

–Ha mejorado bastante. El Ararteko ha pasado periodos en los que estaba absolutamente inundado de expedientes relacionados con las ayudas sociales, como la Renta de Garantía de Ingresos, la Prestación Complementaria de Vivienda y las Ayudas de Emergencia Social. Más del 30% de las quejas que recibíamos estaban relacionadas con ellas. Ahora vivimos una época un poco mejor. En parte, porque han sido aceptadas muchas de las recomendaciones que hemos ido lanzando. La situación del empleo también ha mejorado, por lo que se reduce el número de beneficiarios de esas ayudas sociales, y también el número de quejas.