El Ministerio de Igualdad actualizó ayer los datos de feminicidios cometidos en 2022, que recogen aquellos asesinatos de mujeres fuera del ámbito de la pareja y expareja (violencia de género) en los que se han contabilizado hasta 34 asesinadas, de las que 13 (un 38,2%) lo fueron a manos de sus hijos.

Según explicó la delegada del Gobierno español contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en una rueda de prensa, el año pasado fueron asesinadas un total de 34 mujeres fuera de la violencia de género, todas ellas por personas que conocían o de su entorno. En concreto, destacó que 21 de ellos (61,8%) de los presuntos agresores fueron familiares y, de ellos, en 13 de los casos fueron los hijos de las víctimas.

“Esto nos hablan de una violencia continuada en la vida de las mujeres que nos afecta por ser hijas, pareja, madres y abuelas”, declaró Rosell.

En cuanto al resto de crímenes registrados, Rosell señaló que nueve fueron feminicidios sociales (cinco presuntamente cometidos por un vecino de la mujer, dos por compañeros de piso y dos por otros conocidos) y los cuatro restantes fueron crímenes sexuales.

Entre los datos que facilitó el Ministerio, también destaca que son las mayores de 84 años las que presentan un mayor número de crímenes en cuanto a tasa por millón de habitantes, seguidas de las víctimas de entre 18 y 20 años; que las 34 víctimas mortales de estos feminicidios han dejado tres huérfanos menores de edad; que en el 42,9% de los casos de agresores familiares había convivencia con la víctima; y que un 17,6% de estos 34 presuntos agresores intentó suicidarse tras los hechos.

Sin embargó, según explicó Rosell, para Igualdad el dato más preocupante obtenido, junto a que el 100% de los presuntos agresores son conocidos de la mujer, es que en un 91,1% de estos 34 crímenes no había denuncia previa. “En 31 de estos casos nadie había alertado de una situación previa de violencia”, según explicó la delegada del Gobierno, antes de precisar que los tres casos restantes en los que sí había denuncia se trataban de casos de violencia familiar.

Rosell señala como causa de esta situación a la ausencia de políticas específicas de prevención y atención a estas violencias. A su juicio, “siempre que se hacen más leyes o políticas públicas con recursos va saliendo a flote la cifra negra de la violencia” y, en este sentido, puso como ejemplo la evolución de la violencia de género a lo largo de los años en los que lleva en vigor la ley. Esta ausencia de medidas también implica, según señaló, “un mayor nivel de tolerancia en la sociedad” a este tipo de violencia.