La Diputación de Gipuzkoa retirará los nombramientos y títulos otorgados en favor del régimen dictatorial del general Franco entre los años 1937 y 1975. Se trata de una decisión sobre la que trabajan técnicos de la Diputación y que será trasladada en las próximas semanas al Consejo de Gobierno, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática que, entre otras cuestiones, declara ilegal el régimen franquista y reconoce como víctima al euskera.
La nueva norma que condena por primera vez el golpe militar de julio de 1936 entró en vigor el 21 de octubre del año pasado, aunque la Diputación ya venía trabajando con carácter previo para dejar sin efecto nombramientos y decisiones adoptadas durante cuatro décadas negras que estuvieron repletas de vicisitudes para la institución foral, como se desprende del análisis de las actas de la época.
Un periodo que muestra “el perfil violento e intolerable” de una dictadura que condicionó el devenir de la sociedad guipuzcoana. De hecho, se reprimió a centenares de empleados de la Diputación, depurando la administración a través de expedientes de despido, siempre con el requisito de que los nuevos funcionarios fueran nombrados entre los militantes del Movimiento nacional.
Así lo recoge un trabajo de investigación encargado al historiador Iñigo Imaz por la Dirección de Derechos Humanos y Cultura Democrática de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El informe, sobre el que se sustenta la decisión adoptada por el Ejecutivo foral, analiza las sesiones celebradas por la Diputación entre 1936 y 1975.
El documento permite aproximarse a una época de ausencia de libertades, también en el seno de la instituciones. “Se nombra al Generalísimo Francisco Franco Bahamonde Presidente de Honor de la Diputación”, puede leerse en un acta del 23 de julio de 1945. Al dictador ya se le habían nombrado “Hijo Adoptivo de la Provincia”, según figura en otro de los documentos, fechado a 1 de julio de 1939.
Una época de "silencios" y "ausencias"
Es preciso viajar a ese contexto histórico para “explicar y clarificar” el contenido de esas actas que dejan constancia por escrito de la exaltación del Régimen. Una revisión del pasado para entender “silencios y ausencias” -como dice el autor de la investigación- de una realidad socio-política gestada durante cuatro décadas, a la postre “fundamentales” para entender el territorio histórico que es hoy Gipuzkoa.
La Diputación se ha propuesto dejar sin efecto aquellos nombramientos y decisiones que se adoptaron entre los años 1937 y 1975, lo que supone un punto y seguido del compromiso humanitario del ente foral con la reparación de las víctimas del franquismo y la retirada de los vestigios franquistas de las calles, como se ha podido visualizar en los últimos años con la eliminación de distintas placas y recordatorios.
Se han consultado para ello 42 libros de actas correspondientes a las sesiones celebradas por la Diputación de Gipuzkoa durante el período estudiado, catalogadas y custodiadas en el Archivo General de Gipuzkoa, ubicado en Tolosa. El resultado es el informe titulado Nombramientos honoríficos y acuerdos relacionados con la exaltación de la dictadura de Francisco Franco Bahamonde (1937-1975). La investigación concluyó en septiembre, antes de la entrada en vigor de la nueva ley, reflejo de la apuesta de la institución por la defensa de los valores democráticos, según recalcan fuentes forales.
A lo largo de este trabajo de campos son muchas más las referencias a expedientes de depuración del personal y otras cuestiones administrativas. Posteriormente, con el progresivo reconocimiento internacional del Régimen y el desarrollismo impulsado por el Gobierno central, el perfil político de los diputados, “ya bajo de por sí”, va dejando paso a cuestiones urbanísticas o de infraestructuras, según detalla el autor.
La investigación pone de manifiesto que el control del régimen también se extendía al ámbito cultural, en favor de aspectos de la historia del territorio en detrimento de otros. “Impulsando concursos literarios para realzar al Cura Santa Cruz, o promoviendo un museo en la casa natal de Zumalakarregi”, expone el historiador a modo de ejemplo.
Directrices que reflejan claramente que los regidores de la institución “no eran neutrales ni apolíticos”, pero la propia naturaleza del régimen impedía el debate político e imponía una obediencia total a las consignas del Gobierno central, como se refleja en el sumiso acatamiento del decreto de abolición del Concierto Económico.
Día del Imperio español
Aunque sea de un modo simbólico, puesto que a día de hoy muchas de aquellas decisiones han quedado sin efecto, hay reconocimientos de esa época tan oscura que la Diputación quiere borrar de un plumazo. Por ejemplo, la declaración en Gipuzkoa del 3 de agosto como Día del Imperio español, como recogió el acta del 2 de agosto de 1939. La exaltación franquista fue constante durante cuatro décadas.
Se aprobó, como recoge otro de los documentos, la concesión de un bastón de mando de general a José Solchaga, general jefe del Cuerpo del Ejército de Navarra. Un reconocimiento en “agradecimiento de la provincia por las brillantísimas acciones llevadas a cabo durante la campaña contra el marxismo”, puede leerse.
El Régimen ensalzó las “heroicas brigadas de Navarra, que han sido el orgullo de España ante el mundo, formadas en su origen y en gran parte por voluntarios dispuestos a perder la vida en la defensa del honor nacional, siempre leales a los principios salvadores que inspiran ideológicamente el Movimiento”. Y premia por todo ello al general en una ceremonia solemne que tuvo lugar el día 22 de julio en una ceremonia solemne en el Palacio de la Diputación, según figura en el acta del 20 de julio de 1939.
El trabajo de investigación menciona también aquellas medallas con las que se premió a los guipuzcoanos que se incorporaron al Ejército Nacional en calidad de voluntarios antes del 1 de noviembre de 1936, y también a los presos que se incorporaron después de ser liberados. “Se aprueba el modelo de medalla a entregar a los veteranos voluntarios de Gipuzkoa y la entrega de la primera medalla al Caudillo de España, Francisco Franco Bahamonde”, según recoge el acta del 2 de enero de 1940.
Por aquel entonces se aprobó incluso un crédito de 30.000 pesetas para los gastos que pudiera conllevar la distribución de la medalla para “los voluntarios guipuzcoanos que intervinieron con las armas en la última Cruzada”.
A pesar de todas estas referencias, dice Imaz, y en contra de lo que se pudiera pensar, durante los 40 años de franquismo, Gipuzkoa no hizo nombramientos honoríficos dedicados a generales o personalidades del régimen, más allá de los hechos a favor del mismo dictador. Esa situación, tal vez, “debe achacarse al discreto papel que tuvieron los guipuzcoanos en el golpe militar contra la II República”, reflexiona el historiador, que advierte que en este trabajo no se han recogido todas las felicitaciones remitidas a autoridades civiles y militares, aunque sí las más destacadas.
