El infractor acaba de entrar con su madre en la sala. “Tienes derecho a no declarar. Al finalizar el interrogatorio, un equipo técnico de psicólogos evaluará tu situación familiar”. La escena tiene lugar en la segunda planta de los juzgados de Donostia. Entre víctimas e infractores, por esta sala de la Fiscalía de menores de Gipuzkoa pasaron el año pasado 2.117 personas.
Aquí se despachan las actuaciones que abarcan todo el abanico delictivo, desde un robo en una tienda de ropa, a un delito por violación como el cometido el 17 de septiembre en Riberas de Loiola, con una víctima menor de catorce años, y un adolescente de quince internado por estos hechos en el Centro de Menores Ibaiondo de Zumarraga.
Una funcionaria enciende el ordenador. Sobre su cabeza, una pantalla devuelve la imagen de las personas que comparecen en sala, en una audiencia que es grabada, con la intervención del menor, su madre, el abogado y la fiscal. Es el escenario habitual en esta segunda planta de los juzgados, donde casi todos los casos responden a un perfil de población autóctona: 1736 menores, a gran distancia del colectivo magrebí, con 195 expedientes.
En la sala nunca coinciden infractores y perjudicadas. “En los delitos contra la libertad sexual solemos escuchar primero a la víctima. Que nos cuente detalladamente qué ha sucedido. A partir de ahí, se interroga al infractor”, explica Mercedes Bautista. La titular de la Fiscalía de menores de Gipuzkoa se maneja en un ámbito que nunca es fácil.
La teniente fiscal aprovecha la visita de este periódico para hacer una encendida defensa de su equipo. “Siete personas que hacen posible que todo esto funcione, con guardias que están penosamente pagadas”, subraya esta mujer, especializada en materia de protección y reforma del menor desde hace dos décadas. Sonia, la funcionaria encargada de todos los expedientes por delitos contra la libertad sexual de menores en Gipuzkoa, le mira expresando cierta gratitud.
Educar para evitar "situaciones de riesgo"
Este equipo trabaja frente a una sala de espera en la que los padres y madres, en ocasiones, se muestran más nerviosos que sus propios hijos. Hay quien llega a justificar su comportamiento delictivo. “Ese tipo de padres son los peores”, opina Bautista, que aboga por “educar para que los menores no se coloquen en una situación de riesgo”. La ingesta abusiva de alcohol, la mezcla con otras sustancias estupefacientes, o relacionarse con personas desconocidas para irse a lugares aislados. Son hechos narrados frecuentemente en esta misma sala.
“Aquellas normas básicas que nos daban nuestras madres y nuestras abuelas, se incumplen, y siguen teniendo plena vigencia, por mucho que estemos en el siglo XXI de las nuevas tecnologías”, reflexiona. Así se lo indica el estudio de los diferentes casos que se han ido sucediendo a lo largo de una trayectoria de 22 años en la Fiscalía de Menores.
Por descontado, matiza, ninguna de estas chicas es culpable de lo que le ha sucedido, pero insiste en la necesidad de reforzar las campañas educativas en centros escolares y a través de las redes sociales para evitar que siga creciendo el número de agresiones sexuales a menores.
En los juzgados se observa "como algo positivo" que las víctimas denuncien cada vez más, algo que viene ocurriendo desde hace seis años, a raíz del caso de la Manada, la violación grupal a una joven en Iruñea durante las fiestas de San Fermín, el 7 de julio de 2016. Aquellos hechos tan graves como impactantes provocaron en las jóvenes una rebelión interior que se tradujo en un aumento de las denuncias, con un sentimiento de identidad de género que parece arraigado. “El efecto negativo es que no tienen claro qué es un delito de violación, y vienen aquí sin tener claro qué están denunciando”, asegura la funcionaria judicial.
Esa "zona difusa" en la que no hay violencia ni intimidación
Afortunadamente, los casos de violación en Gipuzkoa son la excepción. La mayor parte de denuncias se corresponde “con esa zona difusa”, en la que no ha habido violencia o intimidación y, ante la cual, es complejo apreciar delito.
-¿Tú le dijiste que no?
-No, pero yo no quería.
Bautista se hace eco de una de tantas declaraciones que vienen a demostrar la necesidad de esas campañas educativas que tan fervientemente defiende. “Si ella no quería, eso es violación, pero no se puede presuponer el no, ni existe ciencia infusa. Luego le interrogas a él y dice que fue una relación consentida, que ella en ningún momento le dijo que no quería”, matiza.
“No querer mantener una relación sexual no basta. Es necesario que el no querer se transforme en no consentir, algo que se tiene que explicar claramente a las niñas y a las jóvenes en el colegio. Puede ser que yo no quiera esa relación con un chico, pese a lo cual me voy con él de la mano a una zona oscura, me quito la ropa, no digo nada, para ir luego a casa diciendo que me han violado, sin haber exteriorizado en ningún momento el no: bien empujándole, diciéndole no quiero, no me apetece, no me gustas”, ilustra la fiscal.
"Es necesario que el no querer se transforme en no consentir, algo que se tiene que explicar claramente a las niñas y a las jóvenes en el colegio
La ley del solo si es sí ,que entra en vigor el viernes que viene, 7 de octubre, considera que todo acto sexual donde no hay consentimiento es una agresión sexual. Bautista se muestra convencida de que, pese a la nueva normativa, si no se despliegan esas campañas “explicándoles claramente qué es el sí y, sobre todo, cómo se tiene que exteriorizar el no, seguirán llegando casos a Fiscalía”.
Señala otra cuestión importante. El bloqueo que puede sentir una menor en una situación de estas características “solo va a ser valorado” cuando hay violencia o intimidación. Que la joven no sea capaz de exteriorizar nada solo tiene trascendencia judicial -recalca- en esos supuestos. “En el resto de los casos, hay que exteriorizar”, insiste.
