Tras intentar sin éxito paralizar la aplicación de la eutanasia al exvigilante de seguridad Eugen Sabau, conocido como el Pistolero de Tarragona, porque no había podido ser juzgado, a las víctimas solo les queda la vía administrativa o civil para conseguir una compensación económica por los daños ocasionados.
La legislación española establece que la muerte del acusado o condenado supone la extinción de la acción o la responsabilidad penal, es decir, se da carpetazo al procedimiento penal. El abogado de los Mossos intentó a última hora, sin éxito, paralizar la eutanasia mediante una demanda con medidas cautelares ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), una vez la Audiencia de Tarragona y el Tribunal Constitucional rechazaron su pretensión de que quedase sin efecto el aval a la muerte asistida. El martes se le aplicó la muerte asistida en el Consorcio Sanitario de Terrassa (Barcelona), donde permanecía en el módulo penitenciario, debido a la lesión medular irreversible que sufrió al ser neutralizado tras atrincherarse después de su ataque.
