Fin al desperdicio alimenticio

- El Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de ley contra el desperdicio alimentario con el objetivo de reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el hogar, y que contempla multas de hasta 500.000 euros si no se cumple.

La iniciativa, que comenzará ahora su trámite parlamentario y el ministro espera que entre en vigor el 1 de enero de 2023, estipula que las empresas de hostelería tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional, los alimentos que no haya consumido -salvo en los establecimientos tipo bufé libre o similares-, y deberán disponer de envases aptos para el uso alimentario y reutilizables o reciclables.

Además, las empresas deberán contar con un plan de prevención para minimizar las pérdidas y destinar los alimentos a otros usos, con prioridad para el consumo humano. Solo los comercios con menos de 1.300 metros cuadrados estarán excluidos de la necesidad de disponer de ese plan.

En el año 2020 los hogares tiraron a la basura 1.364 millones de kilos de alimentos, una media de 31 kilos por persona y este plan prevé reducir el desperdicio y aumentar la donación a bancos de alimentos.