- “Estamos en una situación muy complicada para el futuro del barco y de todo”. El proyecto humanitario iniciado en la isla griega de Quíos hace casi cinco años por la ONG Salvamento Marítimo (SMH), y su barco de rescate, el Aita Mari, se encuentran en una encrucijada, tras recibir un “golpe letal”, un “castigo” de 55.000 euros, que son los que les ha costado el bloqueo de 49 días al que le ha forzado el Gobierno italiano en el puerto siciliano de Palermo. “Es solo un aviso”, lamenta Iñigo Gutiérrez, el vicepresidente de la organización.

El barco de rescate Aita Mari partió el viernes desde Palermo, donde permaneció retenido mes y medio, y regresa ya al puerto de Pasaia, a donde tiene prevista su llegada alrededor del 10 de julio. Son momentos duros. “Volver a salir a rescatar gente de nuevo en septiembre sería una misión kamikaze, ya que podrían incautarnos el barco”, asegura Gutiérrez.

“Nos han dado donde más duele. Saben cuál es nuestro punto débil, la financiación. Nuestros fondos están medidos al céntimo y estos 55.000 euros”, asegura, los que les han costado las tasas del puerto durante 49 días, la inspección a las que les sometió el propio Gobierno italiano y el suministro, son un agujero difícilmente subsanable y dejan al barco “fuera de juego”. Regresar a la actividad y volver a sufrir otro golpe semejante, supondría poner en jaque la organización en sí.

Dolido, desmoralizado, tocado... Gutiérrez admite que “este Gobierno italiano de izquierdas”, surgido en septiembre de 2019 y que desbancó al ultraderechista Matteo Salvini, ha “actuado de forma sibilina” y ha puesto contra la espada y la pared al Aita Mari, el barco de rescate que ha salvado a más de 250 personas de morir ahogadas en el Mediterráneo en el último año. Las últimas 44 las rescataron el 13 de abril y las desembarcaron en Italia, donde el buque fue retenido y sometido a una rigurosa inspección que pone contra las cuerdas a la propia ONG. El comienzo del fin.

“Nos han aplicado las exigencias para barcos de más de 500 GT, que es una medida de carga, y el nuestro solo tiene 180. Son unas exigencias que no nos corresponden bajo ningún concepto”, lamenta, y que difícilmente podrán cumplir. Tampoco se han sentido apoyados por España, que “no ha realizado una protesta formal”. Antes, explica Gutiérrez, les atacaban por la vía Penal y los “jueces nos habían dado la razón”. Ahora, por vía administrativa, el daño infligido es mayor, y el recurso judicial puede prolongarse “más de cinco años”, explica. “Aunque nos den la razón, no podemos perder el tiempo, lo que queremos es salvar vidas”, afirma.

“Lo que sentimos es una impotencia absoluta, porque el barco puede trabajar y salvar gente. Lo que nos preocupa es que hay gente en peligro. Gente que se está ahogando. En la última semana unas 100 personas han perdido la vida. “Es como David y Goliat y este nos ha pegado un sopapo que nos ha dejado tiesos”, explica.

“Lo único que podría salvar todo esto es que se generase un movimiento europeo que salve todo esto”, pero “la opinión pública está más preocupada de lo que pasa aquí, con el COVID-19”, lamenta.

“Tenemos la moral por los suelos; estamos en la situación más complicada de la ONG en cinco años”

Vicepresidente de la ONG SMH

“Regresar allí a rescatar gente sería una misión kamikaze, ya que podrían incautarnos el barco”