Donostia - El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha hecho un llamamiento al ahorro para complementar las pensiones del futuro. Una especie de muerte anunciada de la pensión pública, tal y como se entiende en la actualidad. Entre tanto, el Gobierno Vasco mantiene su aspiración “irrenunciable”, en palabras del lehendakari, de solicitar la Seguridad Social para, a medio plazo, asumir esta competencia. Lakua admite que el sistema en la actualidad es deficitario y que el gasto en pensiones se ha disparado desde 2007 y supera a los ingresos por cotizaciones, lo que ha dilapidado los 66.000 millones de euros que se llegaron a acumular en la hucha de las pensiones. El Ejecutivo del PNV asegura que es necesario tomar decisiones ya, pero acepta el reto. ¿Es posible mantener unas pensiones dignas? ¿Eran necesarios los recortes iniciados en 2011?
La ley de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social fue acordada en febrero de 2011, primer año en la historia en el que las pensiones se congelaban. Adiós al IPC como referencia. Daba igual cuánto subiesen los precios. Era hora de inventarse otro índice para calcular cuánto subía la pensión y, además, establecer nuevos mecanismos para reducirla en el futuro. El acuerdo lo sellaron el Gobierno de Zapatero con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT. La ley fue aprobada en agosto de 2011, pero el grueso de la reforma no entró en vigor hasta el 1 de enero de 2013, ya con el PP en el poder. El comité de expertos para la reforma de las pensiones cree que la consecuencia directa será una “rebaja sustancial” de las pensiones.
En definitiva, se eleva de forma progresiva la edad de jubilación de 65 a 67 años. Hay que tener en cuenta que las pensiones de jubilación suponen el 61,4% del total en el Estado español: 5,88 millones de un total de 9,57 millones. Este 2018, quienes hayan cotizado más de 36 años y seis meses se podrán seguir jubilando a los 65, como regla general, pero quienes lleven menos, tendrán que esperar seis meses más. El año próximo, la meta quedará un poquito más lejos y solo quienes hayan cotizado más de 36 años y nueve meses podrán retirarse a los 65. El resto, a los 65 y 8 meses.
En 2027, la transición se habrá completado y los 67 serán la referencia para todos aquellos que no hayan cotizado más de 38 años y medio, lo que significa haber trabajado ininterrumpidamente desde los 26 años hasta los 65. Quienes no cumplan eso, tendrán que aguantar hasta los 67 años.
Pero en 2013 también se endurecieron las condiciones para el cálculo de la pensión. La ley estableció una escala que empieza con una reducción del 50% por 15 años cotizados y va subiendo de forma progresiva. Así, con 25 años cotizados, en lugar de cobrar el 80% de la base, el trabajador acaba percibiendo cerca del 70%: 700 euros en vez de 800, para un mileurista con 25 años cotizados.
En la actualidad, el cálculo de la pensión se hace con los últimos 21 años. Es decir, los sueldos de 1997 también cuentan para quienes se jubilen este año. Hay que tener en cuenta que el sueldo medio era entonces de 1.292 euros en el Estado y 1.550 en Euskadi, mientras que en la actualidad están en 1.636 y 1.941, respectivamente. Y la ministra Báñez ya ha abierto la puerta, de momento para los que lo quieran, a que el cálculo se haga sobre toda la vida laboral. Habría que remontarse a los sueldos de los años 70 y 80.
Las bases para que las pensiones dejen de ser lo que son están sentadas. Y no hay que olvidar que a partir de 2019 se considerará también el polémico factor de sostenibilidad, que consiste en ajustar la pensión inicial a la esperanza de vida. Es decir, a mayor aumento de la esperanza de vida, menor pensión. Cuenta con el aval del Banco de España, que en 2014 consideró lógico bajar las pensiones si la gente vive más y las va a cobrar más años. ¿Es posible cambiar esta dinámica? - M. Mujika
