2.700 vascos serán elegidos la semana próxima candidatos a jurado popular

donostia - Cualquier día le puede llegar al buzón una citación para formar parte de un jurado popular. El juez será el que redacte la sentencia e imponga la pena. Pero lo hará en base al veredicto que emitan los nueve miembros del jurado popular, gente anónima sin conocimientos sobre los vericuetos legales. Ciudadanos como usted tienen la responsabilidad de determinar la inocencia o culpabilidad de la persona que se sienta en el banquillo de los acusados en base a las pruebas. Y sobre todo en conciencia. Entre las causas que deben someter a juicio hay delitos de sangre, los casos del falsoShaolín, de Marta del Castillo, Bretón o Asunta Basterra.

En la lista también hay incendios, amenazas, fraude, violencia de género... Pero la gente de la calle también inclina la balanza de la Justicia en casos de las múltiples formas que adopta la corrupción, como el cohecho, fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, malversación de fondos públicos. El expresidente de Baleares, Jaume Matas, o el expresidente valenciano, Francisco Camps, ya han comprobado en primera persona la acción del jurado popular.

Ser o no ser jurado depende de la suerte. Es como la lotería, pero con más probabilidades de que le toque.

La semana que viene 2.700 vascos serán designados mediante sorteo como candidatos a jurado popular: 1.600 en Bizkaia, 850 en Gipuzkoa y 250 en Araba. La normativa establece que este tipo de sorteos se lleven a cabo en la segunda quincena de septiembre de los años pares, con el fin de establecer la lista de candidatos para los dos años siguientes. Éste es el duodécimo sorteo de candidatos a jurados desde que la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado reinstaurara en 1995 esta institución.

El procedimiento consiste en la extracción de un número aleatorio que identifica al primer elector en las listas del censo. A partir del primer designado, se va sumando otro número sucesivamente hasta obtener la cantidad de 2.700 candidatos. Una vez efectuado el sorteo, que será público y tendrá lugar el 26 y 27 de setiembre, cada delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral enviará la lista de los candidatos a la Audiencia Provincial, que la remitirá al Boletín Oficial de cada territorio, así como a los Ayuntamientos para su exposición durante los quince últimos días del mes de octubre. En ese plazo, el secretario de la Audiencia Provincial notificará por correo a cada candidato su inclusión en la lista y le entregará la información correspondiente sobre las causas de incapacidad incompatibilidad y excusa, así como el procedimiento para su alegación. Una vez incorporadas las rectificaciones o exclusiones pertinentes, se obtendrá la lista definitiva.

¿Quién puede ser jurado? Básicamente puede serlo cualquier persona mayor de edad que no se encuentre incapacitada o inhabilitada para el sufragio activo, excepto abogados, jueces, altas personalidades del Estado y miembros de las Fuerzas de Seguridad. Si es llamado a juicio, el miembro del jurado cobra 70 euros al día por dietas. No presentarse lleva aparejada una sanción. La Ley del Tribunal del Jurado prevé multas de entre 150 y 1.506 euros para los ciudadanos que no cumplan con su deber de ser jurado popular, quienes tienen la oportunidad de alegar que no pueden serlo, en varias ocasiones. Las estadísticas dicen que el 15% de las personas se excusa.

En estos 20 años se han abierto unos 10.000 procedimientos con jurado popular, de los que más de la mitad han acabado en juicio. Una media superior al 89% de las vistas con jurado popular acaba en condena, un porcentaje superior al de los jueces en procedimientos sumarios (85%) o abreviados (79%).

El tribunal del jurado fue creado para acercar la administración de justicia a la ciudadanía. Errores judiciales, como el cometido en 2001 contra Dolores Vázquez al ser condenada por el crimen de Rocío Wanninkhof que cometió Tony Alexander King, reabren el dilema entre jurado popular y el tribunal profesional. Una de cada cinco sentencias de jurado popular son revocadas por Tribunal Supremo. Por motivos muy diferentes a los que provocaron la absolución de Vázquez, como es la deslegitimación de la clase política, el Gobierno de Mariano Rajoy barajó en 2013 la posibilidad de eliminar del Código Procesal Penal la lista de delitos que juzga un jurado relacionados con casos de corrupción.