Iraitz Astarloa

donostia - Los trabajadores del Registro Civil de Gipuzkoa no descartan acudir a la huelga para mostrar su rechazo al proceso de privatización que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha puesto en marcha y que se materializará el próximo 15 de julio. Además, celebrarán concentraciones ante los juzgados cada quince días para denunciar lo que consideran “la muerte” del servicio tal y como se viene prestando hasta hoy.

La primera de estas concentraciones se celebró ayer en la plaza Teresa de Calcuta de Donostia, frente a los juzgados de Atotxa, y no dejó indiferente a nadie. Los trabajadores utilizaron símbolos impactantes como coches fúnebres e incluso un féretro para escenificar su protesta.

En su primera cita, lograron convocar a cerca de un centenar de personas. “Es la primera vez que conseguimos movilizar a funerarios, a colegios de procuradores, colegios de abogados, diferentes asociaciones? Queremos que esto siga adelante e invitamos a todo el mundo a que se sume a nuestras protestas porque, por una cosa o por otra, todos somos afectados”, señaló Bixen Fernández, portavoz de los trabajadores del Registro Civil del Juzgado de Donostia.

Sin embargo, no descartan recurrir a medidas más drásticas para frenar las pretensiones del ministro Catalá. “Nos estamos planteando paros. Veremos cómo hacerlo, pero claro que no descartamos la huelga. Va a tener que ser así para que nos oigan, para que este señor se dé por aludido de una vez y para que deje de reírse de nosotros y de la ciudadanía”, manifestó el representante de los trabajadores.

“Esto no es solo por nosotros y nuestros puestos de trabajo, que también. Es por el ciudadano. Porque no podemos olvidar que esta situación la va a acabar pagando todo el mundo. Esto es el inicio de una privatización con todas las de la ley. Va a empezar por el Registro Civil, pero acabará con otros servicios de Justicia”, recordó.

Además de la posible pérdida de sus puestos de trabajo, los registradores civiles recuerdan que los trámites que hasta ahora son gratuitos pasarán a costar entre 20 y 300 euros a partir de la privatización. Asimismo, el traspaso del servicio supondrá que para realizar algunos trámites haya que desplazarse a otros pueblos o ciudades, especialmente en los municipios pequeños.

Por ello, esperan que el espíritu de la marea amarilla que hace dos semanas inundó Madrid, donde se concentraron trabajadores del Registro Civil de todo el Estado, se traslade a cada uno de los palacios de justicia del País Vasco.

“Consideramos que la movilización de Madrid fue todo un éxito. Igual no conseguimos llevar a 12.000 personas, pero se ha conseguido la unión de los trabajadores de todo el Estado, desde Sevilla hasta Mataró. Hubo gente en Canarias que se pagó el vuelo para hacer el esfuerzo de estar en la manifestación. Para nosotros eso es un éxito”, expuso, al tiempo que añadió: “Si algo ha conseguido este ministro es que nos unamos todos”.

300

La privatización del Registro Civil entrará en vigor el próximo 15 de julio cuando el servicio pase a estar en manos de los registradores mercantiles y de la propiedad. A partir de esa fecha, y según denuncian los trabajadores del Registro Civil, trámites hasta ahora gratuitos, como actas de matrimonio, de defunción o fe de vida, entre otros, pasarán a costar entre 20 y 300 euros..